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En su más reciente actualización del informe sobre la situación de Venezuela en materia de derechos humanos presentado ante el Consejo de DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, denunció 12 casos de criminalización de dirigentes sindicales y laborales en el país.

Entre los casos presentados por Türk, se señala el de una mujer. Además, se informa que nueve trabajadores fueron detenidos, mientras que siete dirigentes sindicales han sido sometidos a hostigamientos, se ha secuestrado a un familiar y se han hecho amenazas contra cuatro trabajadores.

El informe presentado por el Alto Comisionado, que recoge información desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 30 de abril de este año, señala que persiste la preocupación por las violaciones denunciadas de los derechos de reunión pacífica, libertad de asociación, incluida la libertad sindical, y protección de los derechos de dirigentes sindicales y laborales, de los que también ha tomado nota la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

En el país, la persecución y el hostigamiento contra los trabajadores que protestan por reivindicaciones y salarios dignos han sido objeto de amenazas e incluso de encarcelamiento por parte de las autoridades del Gobierno chavista.

Delitos por los que comúnmente se les imputa 

La mayoría de los trabajadores y sindicalistas detenidos por las autoridades están acusados de los delitos de asociación para delinquir, conspiración y terrorismo, además de ser sometidos a retardo procesal.

En algunos casos, el Ministerio Público imputó a los trabajadores por los delitos de instigación al odio, divulgación de información confidencial, boicot y delitos tipificados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Algunos de estos detenidos se encuentran recluidos en centros de detención preventiva o en cárceles comunes en condiciones precarias, según han denunciado en distintas oportunidades las defensas. Otros han sido puestos bajo libertad condicional con regímenes de presentación en tribunales.

Lo que han dicho las organizaciones

Desde el año 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha pedido la liberación de los trabajadores detenidos en Venezuela por participar en protestas a favor de mejoras salariales.

Ese mismo año, la Comisión de Encuesta de la OIT emitió un informe en el que denunció que en Venezuela no se estaban respetando los derechos de los trabajadores a asociarse en sindicatos.

En enero de este año, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) denunció en un comunicado que el Estado venezolano no ha cumplido ni el 10% de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.

“En ninguno de los temas ha habido real voluntad del gobierno venezolano de avanzar en una agenda consensuada para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, derogar toda la legislación que criminaliza la actividad sindical y obstaculiza la realización de elecciones sindicales de manera autónoma”, se lee en el comunicado. 

Los recientes detenidos

A pesar de las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado, la persecución contra los trabajadores y sindicalistas es una constante en el país. Las últimas víctimas de detención arbitraria fueron los sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) Leonardo Azócar y Daniel Romero.

Ambos fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 11 de junio por su participación en una huelga laboral en la Planta de Pellas de la acería estatal.

Además de la deteniciónn, los dos sindicalistas han sido incomunicados, esta es una práctica común que ejecutan los funcionarios de seguridad contra presos políticos y otras personas incomodas al gobierno. 

Casos emblemáticos

Uno de los casos emblemáticos sobre encarcelamientos a trabajadores y sindicalistas fue el de Rodney Álvarez, dirigente gremial y extrabajador de Ferrominera, que estuvo detenido por casi 11 años, acusado de un delito que no cometió. 

A Álvarez lo detuvieron el 17 de junio de 2011, en Ciudad Piar, estado Bolívar. Lo acusaron del homicidio del obrero Renny Rojas (28 años). La víctima recibió un disparo mortal en el cuello, durante una asamblea para elegir a representantes de una comisión electoral que llevaría adelante las elecciones del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera).

“Estuve privado de libertad durante 11 años injustamente por un delito que yo no había cometido, fui tomado como chivo expiatorio sin ningún tipos de pruebas, fui encarcelado”, dijo el sindicalista en una rueda de prensa. 

Este 7 de julio, se cumple un año de la detención contra los seis luchadores sindicales Emilio Negrín, Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Alcides Bracho.

Los seis fueron detenidos en distintos procedimientos a principios del mes de julio de 2022. Estuvieron en desaparición forzada y desde que los imputaron los mantienen presos en Caracas, en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara.

Otro de los casos por los cuales organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido liberación inmediata es el de Johana González, una mpleada de Pdvsa Etanol. 

González tiene boleta de excarcelación desde el 29 de abril de 2022 sin que a la fecha haya sido cumplida. Está recluida desde 2020 en la cárcel del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), Los Teques, estado Miranda, y fue señalada del desvío de una turbina.

Un artículo publicado en el portal Aporrea, señala que González fue “usada como chivo expiatorio para encubrir a mafias de la chatarra de Pdvsa”.