El enfrentamiento entre militares y presuntos mineros ocurrido recientemente en Yapacana, Amazonas, ha encendido las alarmas de la comunidad internacional, que pide respuestas a Venezuela. En realidad, los hechos violentos son las consecuencias de un problema que ha venido agravándose desde hace dos décadas en el sur del país.
Bram Ebus, consultor de la ONG International Crisis Group y coordinador de investigación de la alianza Amazon Underworld, recordó que la minería ilegal en el lugar involucra a guerrilleros que se expandieron entre Colombia y Venezuela, especialmente desde que se disolvieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
“Hay una anarquía en la cual grupos guerrilleros, fuerzas estatales, corruptos, están participando en la bonanza minera en el estado Amazonas”, indicó Ebus a Efecto Cocuyo. La entidad es la segunda más extensa del territorio venezolano (177.617 km) y está llena de recursos naturales valiosos en el mercado, como el oro, la plata o el cobre.
La explotación ilícita de estos minerales ha prosperado los últimos años bajo la mirada del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, desde 2022 el Ejecutivo se ha propuesto “acabar” con ese tipo de actividad en Amazonas, específicamente en Yapacana, parque nacional de 320.000 hectáreas ubicado en el municipio Atabapo.
Militares responsables cuerpos de seguridad estatales han ingresado en el territorio con la excusa de erradicar grupos delictivos y desmantelar las minas. Sobre ello, organizaciones no gubernamentales denuncian detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos, cuyas principales víctimas son los indígenas.
Qué pasa en Yapacana
Este jueves 14 de septiembre Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) de Venezuela informó que dos personas murieron y otras seis resultaron heridas, tres militares entre ellos, durante un enfrentamiento entre funcionarios y mineros ilegales en el cerro Yapacana.
Las Fanb indicaron, a través de un comunicado oficial, que “400 efectivos procedieron al desalojo, desmantelamiento y destrucción de más de 500 estructuras clandestinas utilizadas para la minería ilegal” y alegaron que fueron atacados con armas durante el operativo.
Para los defensores de DDHH y derechos ambientales, lo ocurrido es evidencia de que las minas en Yapacana crecieron tanto que ahora es complejo para las autoridades controlarlas.
SOS Orinoco indicó el 15 de septiembre en su cuenta en X que lo mismo ocurre en otros lugares como Alto Orinoco, PN Canaima, La Paragua, Caura, Imataca e Icabarú.
El expresidente Carlos Andrés Pérez declaró a Yapacana como parque nacional en diciembre de 1978, por lo que es un territorio protegido por el Estado. A pesar de ello, grupos irregulares intensificaron actividades ilícitas en el sitio desde principios de siglo XXI sin que los efectivos policiales o militares intervinieran a gran escala. En 2007, la Asociación Civil Bioparques denunció que la minería ilegal de oro había causado un “impacto considerable” en el ecosistema del lugar.
Incendios, cacería excesiva y contaminación del agua son solo algunos de los problemas reportados por las organizaciones no gubernamentales. En 2019, SOS Orinoco advirtió que “el Parque Nacional Yapacana tiene 2.000 hectáreas de su superficie bajo una minería aurífera absolutamente ecocida“.
El Proyecto MAAP (Monitoring of the Andean Amazon Project) de Amazon Conservation Association (ACA) registró la deforestación de más de 750 hectáreas entre 2021 y 2022.
El 6 de diciembre del año pasado, tres periodistas publicaron un artículo sobre la deforestación en Yapacana en el Washington Post con las imágenes satelitales de ACA y SOS Orinoco. Once días más tarde, cuerpos de seguridad venezolanos llevaron a cabo un operativo en el cerro.
Sin embargo, ACA aseguró el 16 de enero de 2023 que, luego de obtener imágenes vía satélite, no había señales de que la represión hubiese derribado los campamentos mineros en la cima del tepuy ni en las zonas adyacentes.
“En conclusión, dada la escala masiva de la actividad minera ilegal en el Parque Nacional Yapacana está claro que una sola operación no es suficiente para desmantelar miles de campamentos mineros y expulsar a miles de mineros ilegales. Se necesita un esfuerzo a gran escala y a largo plazo”, publicó la ONG en su página web.
Por qué hay operativos
Desde el año pasado el gobierno nacional mostró un aparente interés por Yapacana, que forma parte del territorio amazónico protegido por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en la que participan ocho países suramericanos, incluyendo a Venezuela.
En febrero de este año InSight Crime publicó que las acciones militares contra la minería ilegal en Amazonas parecen tener dos objetivos: “…reposicionar a Maduro o, por otro lado, perjudicar la fuente de financiamiento de sus aliados, entre ellos, los grupos guerrilleros”.
Solo a inicios de 2023 se habían llevado a cabo seis operaciones para destruir equipos e infraestructura, dos de ellas con éxito.
El periodista Bram Ebus explicó vía telefónica que el esfuerzo de Nicolás Maduro por desmantelar las minas de Amazonas no tiene una verdadera intención ambientalista, sino que podría constituir un intento por reconfigurar las relaciones de poder en Amazonas y controlar los flujos de oro.
Defensores sostienen la tesis de que Maduro intenta acceder a recursos o financiamiento internacional bajo el argumento de proteger la zona, debido a las intervenciones realizadas en en la IV Cumbre de la Amazonía de la OTCA y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27) durante 2022.
“Por un lado, quiere controlar un poco más la minería ilegal porque se estaba saliendo de control la gobernanza criminal en las minas. Pero al mismo tiempo el último año Maduro fue al COP27 en Egipto y se dio cuenta que al hablar de asuntos ambientales le va muy bien en un nivel internacional, porque hay mucho interés en conservar la Amazonía”, explicó Ebus.
Indicó que las operaciones de los cuerpos estatales es un “blanqueo de la militarización y las minas”. Desde su opinión, los militares están protegiendo sus propios intereses durante los “desmantelamientos”.
“Mientras hacen operativos y sacan mineros, meten su propia maquinaria minera en la zona. Porque ellos quieren controlar las minas, no quieren deshacer la minería”, puntualizó.
Militares deben enfrentar guerrilleros
La guerrilla es uno de los mayores problemas a combatir en Amazonas: habitualmente la mayoría de las minas están bajo su control y arrastran a sus actividades a los adultos y niños de las comunidades locales. No se han publicado cifras oficiales de cuántos guerrilleros se encuentran actualmente en la entidad.
“Sabemos que cuando se desmovilizó las Farc en 2016 quedaron grupos disidentes, que nunca entregaron las armas o que se re armaron después. Hubo un frente, que ahora se llama Acacio Medina, que nunca se desarmó y ellos profundizaron su presencia en Amazonas”, dijo Ebus.
Afirmó que en Amazonas existe, desde hace varios años, un status quo en el que la disidencia de las Farc y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) se repartieron territorios y minas a la vez que mantienen un pacto de no agresión.
“Mientras tanto hay alta complicidad estatal, sobre todo de la guardia nacional, que cobran cuotas en oros de los mineros, pero también tienen su propia maquinaria minera, que pertenece a altos funcionarios del Estado”, señaló el periodista.
En Yapacana no hay pequeños grupos irregulares, sino violencia organizada, hombres armados que llevan años controlando la extracción ilegal y el flujo de minerales. SOS Orinoco apuntó que los militares no están preparados para hacerles frente.
“La guerrilla se entremezcla con los mineros y con la población asociada a la minería, y muchas veces es imposible separarlos o distinguirlos. La guerrilla no siempre anda armada y con uniforme”, advirtió la ONG.
Dónde están los indígenas
En medio de los enfrentamientos entre militares y mineros, los indígenas se ven cada vez más afectados. Se trata de las víctimas principales del conflicto en el sur del país. La minería ilegal ha devastado sus pueblos y cercenado sus derechos.
“La crisis humanitaria, sobre todo en las zonas periféricas del Amazonas, causa que las comunidades locales tengan muchos problemas para mantenerse, pero además hay una inflación de precios porque ya se rota tanto oro en el mercado que a veces se paga con él. Y si tú no participas en la economía minera es muy difícil poder pagar la canasta básica”, dijo Ebus.
Hasta el año pasado había entre 15 mil y 20 mil mineros, muchos de ellos pertenecientes a etnias indígenas, quienes usualmente son instrumentalizados como mano de obra barata. Ahora, con los operativos, los locales se vuelven cada vez más vulnerable a las agresiones de los funcionarios.
“Afecta directamente a las comunidades. Esta semana quedó claro que están dispuestos a utilizar fuerza letal, porque hubo fallecidos. Pero también no hay parámetros humanitarios que interpreten la participación de los locales no como una ambición para enriquecerse a través de recursos naturales”, expresó.
Señaló que, debido a la expansión de la minería ilegal, no hay casi economías formales en Amazonas, por lo que los indígenas intentan obtener ingresos para poder subsistir. No lo hacen por el deseo de enriquecerse, sino para mantener a sus familias.
“Tienen que participar en esas economías tan agresivas para vivir. Entonces vemos que hay cero empatía o conocimiento de parte del Estado de la situación tan delicada en la que se encuentran. A ninguna comunidad que vive en Amazonas le gusta destruir su entorno natural, pero son estrategias de supervivencia”, asegura Ebus.
Los indígenas y sus hogares son perjudicados no solo por la actividad minera, sino por el silencio del Estado, que voltea la mirada ante los atropellos que sufren desde hace un par de décadas. De esta forma, Yapacana y gran parte del territorio amazónico venezolano se enfrentan a un futuro incierto, sin garantías de mejoras a corto plazo.