Amnistía internacional (AI) exigió durante la última semana de agosto de 2023 que el gobierno de Nicolás Maduro libere a nueve personas detenidas de forma arbitraria entre 2018 y 2022.
Se trata de dos mujeres y siete hombres a los que no se les garantizó el debido proceso en Venezuela.
Las razones por las que fueron encarcelados son diferentes. Sin embargo, todos los casos reflejan el patrón de represión estatal, denunciado desde hace una década por decenas de organizaciones no gubernamentales en el país.
“La diversidad de estas motivaciones políticas demuestra la alta vulnerabilidad que enfrenta la población en general a ser víctima de una detención arbitraria y otras graves violaciones de derechos humanos, afectando desde a opositores declarados del gobierno, hasta a personas sin militancia política de ningún tipo”, expresó AI en una nota de prensa.
Recientemente, la ONG publicó un nuevo informe en el que detalla las distintas violaciones a la libertad e integridad que sufrieron estos venezolanos arrestados.
En Vidas detenidas: continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, denuncia los malos tratos a los que fueron sometidos por varios cuerpos de seguridad del país.
A continuación, Efecto Cocuyo recuerda los casos de los nueve venezolanos que permanecen en prisión, algunos con sentencias de hasta treinta años y otros aún en la espera de un juicio.
1. Emirlendris Benítez
📍 Detenida en agosto de 2018 en Acarigua, estado Portuguesa.
La venezolana fue detenida mientras acompañaba a su pareja, quien prestaba un servicio de traslado desde Lara hasta Barinas. Al llegar a un punto de control de la Policía Nacional Bolívariana (PNB) en Acarigua, Portuguesa, los funcionarios determinaron que ambos estaban supuestamente involucrados en el ataque con drones en contra del Ejecutivo, Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018.
Fueron trasladados a Caracas, donde Benítez estuvo presa por un año en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta, en el estado Miranda, hasta que la enviaron a la cárcel de mujeres.
El Estado la sentenció a 30 años de prisión por los delitos de homicidio calificado frustrado, terrorismo y traición a la patria.
Su defensa ha denunciado en múltiples oportunidades que Emirlendris fue víctima de torturas, tratos crueles y degradantes. Además, AI señala que hay elementos que apuntan a que sufrió un aborto forzado.
“A causa de la tortura a la que fue sometida, necesita el uso a largo plazo de una silla de ruedas para poder moverse. Actualmente posee una severa inflamación en la columna, las prótesis de glúteos que tiene se han desplazado hasta las piernas y no puede caminar, además de experimentar severos dolores y no contar con tratamiento adecuado”, denunció Amnistía Internacional en su informe.
La organización aseguró que Benítez está privada de libertad por razones de género y “por estar asociada con otras personas también procesadas por el Juzgado Cuarto en funciones de Control con Competencia Especial en Terrorismo cuyo involucramiento en el supuesto plan tampoco ha sido esclarecido”.
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2. María Delgado y Juan Carlos Marrufo
📍 Detenidos el 19 de marzo de 2019 en Valencia, estado Carabobo.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) irrumpió en la vivienda de la pareja y detuvieron a ambos en 2019, bajo el argumento de que les harían un interrogatorio.
Tras el arresto, María Auxiliadora Delgado, de nacionalidad española y venezolana, y Juan Carlos Marrufo, de nacionalidad italiana y venezolana, fueron trasladados a Caracas.
Familiares contaron que la detención se debió a que uno de los hermanos de Delgado, militar en el exilio, está señalado como supuesto financista del asalto a un cuartel y del atentado fallido contra Maduro en 2018.
El 9 de diciembre de 2022, Delgado y Marrufo fueron sentenciados a 30 años de cárcel, la pena máxima en la ley venezolana, por los delitos de traición a la patria, homicidio calificado en grado de tentativa, asociación para delinquir y conspiración.
Durante su estancia en prisión, el matrimonio ha sufrido múltiples complicaciones de salud que no fueron atendidas de forma adecuada. Además, presentan graves secuelas psicológicas e, incluso, ideas suicidas.
“Amnistía Internacional considera evidente que la detención de María Auxiliadora Delgado y de Juan Carlos Marrufo está esencialmente relacionada al vínculo familiar entre María y su hermano Osmán, pero no está sustentada en una conducta penal que les pueda ser atribuible”, indicó AI en su reporte.
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3. Roland Carreño
📍 Detenido el 26 de octubre de 2020 en Caracas, Distrito Capital.
Periodista y miembro del partido Voluntad Popular, fue detenido por presuntos delitos de “conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.
El proceso penal de Carreño ha registrado varias irregularidades. AI recuerda la postergación injustificada de las audiencias, el desconocimiento deliberado de solicitudes realizadas por la defensa, incluso solicitudes sobre medios de prueba a su favor que han sido desoídos por la fiscalía, entre otras.
Actualmente el periodista sufre de hipertensión e hipoglicemia. Su defensa ha denunciado las precarias condiciones en las que se encuentra encerrado, que agravan su cuadro de salud.
“La detención arbitraria en contra de Roland Carreño está estrechamente relacionada a su rol como coordinador nacional de Voluntad Popular”, reportó AI.
De hecho, Carreño fue arrestado dos días después de la fuga del líder opositor venezolano Leopoldo López, fundador del partido que el activista coordinaba.
4. Guillermo Zárraga
📍 Detenido el 14 de noviembre de 2020 en Falcón.
Zárraga trabajó como operador de planta en la industria petrolera de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) durante más de 18 años y fue sindicalista activo.
La Dgcim lo detuvo en su hogar en Falcón y posteriormente se le imputaron delitos por traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir y revelación de información confidencial.
“Su familia argumenta que fue arrestado después de que se publicara en las redes sociales una foto suya con Juan Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional de la oposición, y en el expediente penal en su contra hay un acta de la DGCIM en la que se señala como hechos de interés criminalístico: que llevara a cabo reuniones sindicales sin ser parte de la empresa”, reseñó AI.
Además, lo señalaron como presunto colaborador de un ciudadano estadounidense, llamado Matthew Heath, que el Ministerio Público acusó de ser un “espía de la CIA” que buscaba “sabotear la industria petrolera y el Sistema Eléctrico Nacional”.
Amnistía Internacional advirtió que Zárraga sufrió un síncope cardíaco en marzo de 2023 que ha puesto su vida en grave riesgo y que su familia tiene dificultades para suministrarle alimentos o productos de higiene.
5. Darío Estrada
📍 Detenido el 23 de diciembre de 2020 en Barquisimeto, estado Lara
El venezolano es una persona neurodivergente, que se encuentra dentro del espectro autista. Fue detenido por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la PNB mientras estaba en su casa diagnosticado con COVID-19.
Su defensa indicó que fue golpeado y atado al asta de la bandera de la comandancia policial. Sus familiares aseguran que los funcionarios se lo llevaron por participar en las protestas registradas en el país durante 2017.
Los efectivos le informaron, en 2020, que se le acusaba de pertenecer a un grupo de WhatsApp en el que se estarían haciendo planes contra del gobierno de Maduro.
“Además, Estrada había salido de Venezuela vía terrestre hacia Perú, por lo que tenía un tránsito migratorio a Colombia del año 2018, elemento que luego serviría de vínculo con un supuesto plan de ataque que se habría producido en este país”, reseñó AI.
Agregó que Estrada no ha podido ver a su hijo de 21 años y que actualmente depende de organizaciones de la sociedad civil para recibir alimentos.
6. Robert Franco
📍 Detenido el domingo 26 de diciembre de 2020 en el estado Sucre.
Se desempeñaba como secretario general del Colegio de Profesores de Carúpano, cuando fue detenido de forma violenta por las Faes en la vivienda de un amigo.
Franco se había quejado en público del Ministerio de Educación y protestado por el incumplimiento de la convención colectiva de trabajadores para los docentes.
“El profesor Franco fue trasladado a la sede de las FAES de la “Quebradita” en San Martín, y el 30 de diciembre de 2020 fue presentado ante un tribunal con competencia especial en terrorismo”, narra AI.
Lo acusaron de participar en un presunto “boicot” contra la instalación de la Asamblea Nacional (AN) electa el 6 de diciembre.
El Ministerio Público les imputó los supuestos delitos de traición a la patria y homicidio intencional agravado en grado de tentativa contra el fiscal general, Tarek William Saab.
La ONG agregó en su informe que un familiar se encarga de llevarle alimentos, agua y productos de higiene que no son suministrados por el Estado venezolano.
7. Javier Tarazona
📍 Detenido el 2 de julio de 2021 en Coro, estado Falcón.
La organización FundaRedes ha denunciado desde 2021 que Javier Tarazona, su fundador, fue encarcelado de manera injusta y arbitraria por su labor como defensor de derechos humanos en Venezuela.
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo detuvieron en 2021 a las afueras de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón, tras denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios policiales.
FundaRedes informó en distintas oportunidades que Javier Tarazona fue sometido a tortura y que sufre de hipertensión y diabetes, por lo que su vida se ha puesto en riesgo durante su encierro, especialmente por las condiciones de reclusión.
“Cabe señalar que el proceso penal al que están sometidos Javier Tarazona y los otros defensores ha estado plagado de irregularidades, tales como dilación indebida de la investigación, obstaculización de acceso al expediente penal, obstaculización en el ejercicio del derecho a la defensa de los defensores, entre otros”, apuntó AI.
El 15 de julio de 2023, abogados informaron que los juicios de presos políticos como Tarazona, que esperaban sentencia condenatoria, comenzarán de cero después de la decisión de revocarle la competencia contra el terrorismo al tribunal octavo de juicio que llevaba estas causas en Caracas.
8. Gabriel Blanco
📍 Detenido el 6 de julio de 2022 en Caracas, Distrito Capital.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo en 2022 a Gabriel Blanco en su vivienda, ubicada en Coche, al oeste de la capital de Venezuela, tras una serie de cinco arrestos a líderes sindicales que defendían los derechos de los trabajadores en el país.
Se le atribuyeron delitos de terrorismo y asociación para delinquir. Antes de su aprehensión, Blanco era parte de una agencia humanitaria en Venezuela, defensor de derechos humanos y miembro de la Alianza Sindical Independiente (ASI).
Amnistía Internacional insiste en que no hay evidencias o pruebas consistentes que justifiquen la detención de Blanco, entre ellas la denuncia de un falso testigo que no se presentó al juicio. No obstante, el sindicalista fue condenado a 16 años de prisión el 1 de agosto de 2023.
La esposa de Blanco, Diannet Blanco, ha reportado en decenas de ocasiones que la salud del detenido se ha deteriorado durante su encierro.
“Amnistía Internacional considera que la detención de Blanco es arbitraria y se deriva de sus labores como activista social, por lo que debe revocarse su condena y ser puesto en libertad de manera inmediata e incondicional”, apuntó AI en su informe.