El abogado Joel García denunció que el estatus jurídico de la activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, es de «indefensión».
Han pasado 20 días desde su detención y desde entonces su hija Miranda Díaz San Miguel solo pudo reunirse con ella el domingo 18 de febrero, tras la mediación del gobierno español.
Sin embargo, hasta la fecha su equipo privado de defensa no ha podido juramentarse para asumir el caso. Sólo cuenta con un defensor público que le impusieron para presentarla en tribunales el 12 de febrero.
«Indefensión e incomunicación, es el estatus ‘jurídico‘ de Rocío San Miguel y Alejandro González. Si bien es cierto que su hija la pudo ver el 18/2, desde esa fecha y hasta hoy 27/2, nada se sabe de ella», posteó la noche del martes García en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Familia de González Canales no ha podido verlo
El jurista añadió que la expareja de San Miguel, Alejandro González Canales, «sus familiares no han tenido noticia alguna».
Al diario El Nacional los allegados de González Canales declararon durante el fin de semana. Dijeron que pese a que el cónsul general de España en Anzoátegui ha intentado en varias oportunidades acceder al hombre, a quien recluyeron en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta, en Caracas, no le han permitido acceder a él.
Su hija Alexandra González posteó en Instagram un mensaje en el que exigía saber del estado de salud del preso político.
«Solo queremos saber cómo está. Mi papá no tiene nada que ver en esto, no puedo evitar pronunciarme y alzar mi voz para que él no quede en el olvido, no puede ser un nombre mas en la inmensa lista», expresó en un post de esta red social.
A San Miguel la apresaron el 9 de febrero cuando iba a un viaje fuera del país junto con su hija Miranda.
Después de estar más de 100 horas en desaparición forzada, el Ministerio Público la presentó -junto a González Canales- en el tribunal segundo de terrorismo de Caracas, donde los acusaron de estar supuestamente implicados en una operación que el gobierno y la Fiscalía denominan «brazalete blanco», que buscaba, siempre según la versión oficial, atentar contra el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, y el mandatario Nicolás Maduro.
Pese a los llamados de ONG de DDHH, tanto nacionales como internacionales, el pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, el gobierno insiste en responsabilizar a San Miguel de estar incursa en ese plan.