La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) negó la petición del gobierno de Nicolás Maduro de responder los testimonios de más de 8.000 víctimas que presentaron sus denuncias y apoyaron que se continúe la investigación contra Miraflores.
Los jueces de la Sala consideraron que «los alegatos del Estado venezolano no son lo suficientemente precisos como para permitir a los Jueces determinar la procedencia de conceder una autorización para responder», explicó la ONG Provea este lunes 8 de mayo.
También manifestaron que las peticiones hechas «son de naturaleza amplia y no identifican de manera persuasiva cualquier aspecto específico del Informe VPRS que requiera una respuesta de Venezuela. Además, el Informe VPRS transmite las opiniones y preocupaciones de las posibles víctimas».
Y aclaran en sus argumentos que «en esta etapa, ninguna víctima ha sido admitida a participar en el proceso, por lo que el nivel de respuesta previsto por Venezuela no es garantizado en la etapa actual».
Provea explicó que «las normas de la Corte Penal Internacional no prevén que el Estado pueda hacer alegaciones exhaustivas, como pedía el Gobierno ‘responder en detalle a cada una de estas alegaciones’ de las víctimas», lo que definió como un intento por parte del gobierno de dilatar el proceso, algo que no permitió la Sala de Cuestiones Preliminares.
Los magistrados al responder a esta solicitud continuarán la evaluación para decidir si la Fiscalía de la CPI, que dirige el británico Karim Khan, prosigue o no la investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
«En estas circunstancias, la Sala no considera necesario recibir ninguna información adicional de Venezuela ni de ningún otro participante en este procedimiento. Habiendo recibido todos los escritos pertinentes, la Sala procederá a analizar la solicitud de reanudación de la investigación y a tomar una decisión al respecto”, dicen al final del documento en respuesta a Miraflores.
Te contamos: 7 testimonios de torturas que cita el informe de las víctimas venezolanas ante la CPI
El pasado 20 de abril, la CPI publicó la versión del informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (Vprs). En ese momento se detalló que recibieron 1.875 solicitudes con las opiniones e inquietudes de las víctimas (1.746 formularios, 5 videos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos), y más de 25 videos en apoyo a las observaciones ya expresadas en el formato escrito.
En el informe se citan 7 testimonios de casos de violencia sexual, torturas y otros tratos crueles o degradantes.
«El uso de un nivel extremo de violencia física y psicológica por parte de los autoridades venezolanas en contexto de manifestaciones al interior de centros de detención y en allanamientos ilegales fue denunciado en un gran número de formas», recuerda la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones.
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La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) negó la petición del gobierno de Nicolás Maduro de responder los testimonios de más de 8.000 víctimas que presentaron sus denuncias y apoyaron que se continúe la investigación contra Miraflores.
Los jueces de la Sala consideraron que «los alegatos del Estado venezolano no son lo suficientemente precisos como para permitir a los Jueces determinar la procedencia de conceder una autorización para responder», explicó la ONG Provea este lunes 8 de mayo.
También manifestaron que las peticiones hechas «son de naturaleza amplia y no identifican de manera persuasiva cualquier aspecto específico del Informe VPRS que requiera una respuesta de Venezuela. Además, el Informe VPRS transmite las opiniones y preocupaciones de las posibles víctimas».
Y aclaran en sus argumentos que «en esta etapa, ninguna víctima ha sido admitida a participar en el proceso, por lo que el nivel de respuesta previsto por Venezuela no es garantizado en la etapa actual».
Provea explicó que «las normas de la Corte Penal Internacional no prevén que el Estado pueda hacer alegaciones exhaustivas, como pedía el Gobierno ‘responder en detalle a cada una de estas alegaciones’ de las víctimas», lo que definió como un intento por parte del gobierno de dilatar el proceso, algo que no permitió la Sala de Cuestiones Preliminares.
Los magistrados al responder a esta solicitud continuarán la evaluación para decidir si la Fiscalía de la CPI, que dirige el británico Karim Khan, prosigue o no la investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
«En estas circunstancias, la Sala no considera necesario recibir ninguna información adicional de Venezuela ni de ningún otro participante en este procedimiento. Habiendo recibido todos los escritos pertinentes, la Sala procederá a analizar la solicitud de reanudación de la investigación y a tomar una decisión al respecto”, dicen al final del documento en respuesta a Miraflores.
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El pasado 20 de abril, la CPI publicó la versión del informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (Vprs). En ese momento se detalló que recibieron 1.875 solicitudes con las opiniones e inquietudes de las víctimas (1.746 formularios, 5 videos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos), y más de 25 videos en apoyo a las observaciones ya expresadas en el formato escrito.
En el informe se citan 7 testimonios de casos de violencia sexual, torturas y otros tratos crueles o degradantes.
«El uso de un nivel extremo de violencia física y psicológica por parte de los autoridades venezolanas en contexto de manifestaciones al interior de centros de detención y en allanamientos ilegales fue denunciado en un gran número de formas», recuerda la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones.