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El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Cedeño, propuso un salario mínimo de 300 dólares para los empleados y obreros de este organismo, petición que elevarán al presidente de la institución, Pedro Calzadilla.

Cedeño aseguró que según los cálculos del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), una familia de cinco personas necesita un ingreso mínimo de 1.010 dólares para cubrir sus gastos de alimentación, higiene y pago de servicios.

Sin embargo, los trabajadores del CNE cobran apenas 8,5 dólares, poco más que los 5,25 dólares que representan actualmente los 130 bolívares del ingreso mínimo mensual que paga el gobierno de Nicolás Maduro a los empleados de la administración pública.

«Estamos exigiendo a los rectores del Poder Electoral, a quienes le enviamos dos comunicaciones, 20 de enero y el 14 de marzo, una respuesta al aumento salarial. Pero no dan respuesta», lamentó este jueves 27 de abril desde las afueras de la sede del ente comicial.

Cedeño invitó a los trabajadores del CNE a participar de la movilización y protesta del 1 de mayo. Llamó a la concentración en la puerta Tamanaco de la Universidad Central de Venezuela (UCV), desde donde saldrán a manifestar contra los bajos salarios y la falta de un ajuste que corresponda con el artículo 91 de la Constitución Nacional.

Piden a contralor pronunciarse por corrupción

En otra jornada, la corriente sindical Secura acudió a la sede de la Contraloría General de la República, en la avenida Andrés Bello de Caracas, donde entregaron comunicaciones al titular de esta instancia, Elvis Amoroso, para que se pronuncie sobre los recientes casos de corrupción en Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

«Que haga el trabajo que le corresponde de fiscalización y control de los bienes y recursos de los organismos públicos. Esta es una situación que afecta fundamentalmente al pueblo venezolano, a los trabajadores y trabajadoras que son los que pagan los platos rotos de la corrupción, por los negocios turbios del gobierno en alianza con sectores empresariales», dijo Miguel Ángel Hernández.

El dirigente dijo que por la corrupción se ha destruido el parque industrial de Pdvsa, la CVG, decayó la educación y se privatizó de facto la salud en Venezuela.

«Es el pueblo trabajador el que paga las consecuencias de la corrupción», reclamó el vocero de Secura.

Otro representante sindical denunció que la trabajadora Yoana González sigue detenida en el Inof, la única cárcel de mujeres en Venezuela, pese a una boleta de excarcelación firmada por un juez.

«Los altos jerarcas del gobierno no se ven ninguno condenado cuando las y los trabajadores que denunciaron hechos de corrupción en las empresas básicas del Estado están presos. Como es el caso de un juez de la República que dio una boleta de excarcelación hacia la compañera Yoana González, que permanece detenida y secuestrada por el mismo estado burgués», expresó.

Con información de Mairet Chourio