La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) recibió 1.827 formularios correspondientes a 8.900 personas, 630 familias y dos organizaciones que denuncian la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La asociación civil Acceso a la Justicia afirma que el número de víctimas venezolanas que enviaron sus testimonios a la CPI solo es superado por el caso de Afganistán que lleva el tribunal internacional.
De las 1.824 formas transmitidas, 507 fueron evaluadas como individuales y 1.317 como colectivo.
“Las víctimas apoyan abrumadoramente la reanudación de la investigación por parte del Fiscal de la CPI, Karim Khan, incluso más allá del actual alcance previsto, a todos los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el contexto y alcance temporal completo de la Situación Venezuela I”, dice el informe de la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones.
Los crímenes que denuncian son el asesinato, el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, desaparición forzada, tortura, violación u otra forma de violencia sexual, desplazamiento forzado y persecución”, dice el informe de la sección de víctimas.
Entre las víctimas se incluyen defensores de derechos humanos, activistas sociales y ambientales, trabajadores humanitarios y voluntarios, profesionales de la salud, jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios públicos de la judicatura.
También trabajadores del sector público y privado; estudiantes universitarios, profesores y personal de apoyo; ex policías y militares; figuras políticas, parlamentarios, diplomáticos, pensionados y pensionadas, periodistas, blogueros y usuarios de redes sociales, Propietarios y propietarias de tierras, granjas y negocios y artistas.
El Estado venezolano presentó su réplica ante la CPI para lo cual tuvo hasta este jueves 20 de abril. Las autoridades señalan al fiscal Khan de «violar del debido proceso» y tener vínculos con organizaciones no gubernamentales «que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto, lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha corte”.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI deberá evaluar los testimonios de las víctimas, los argumentos del fiscal y de las autoridades venezolanas para decidir si autoriza o no la continuación de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
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La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) recibió 1.827 formularios correspondientes a 8.900 personas, 630 familias y dos organizaciones que denuncian la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La asociación civil Acceso a la Justicia afirma que el número de víctimas venezolanas que enviaron sus testimonios a la CPI solo es superado por el caso de Afganistán que lleva el tribunal internacional.
De las 1.824 formas transmitidas, 507 fueron evaluadas como individuales y 1.317 como colectivo.
“Las víctimas apoyan abrumadoramente la reanudación de la investigación por parte del Fiscal de la CPI, Karim Khan, incluso más allá del actual alcance previsto, a todos los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el contexto y alcance temporal completo de la Situación Venezuela I”, dice el informe de la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones.
Los crímenes que denuncian son el asesinato, el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, desaparición forzada, tortura, violación u otra forma de violencia sexual, desplazamiento forzado y persecución”, dice el informe de la sección de víctimas.
Entre las víctimas se incluyen defensores de derechos humanos, activistas sociales y ambientales, trabajadores humanitarios y voluntarios, profesionales de la salud, jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios públicos de la judicatura.
También trabajadores del sector público y privado; estudiantes universitarios, profesores y personal de apoyo; ex policías y militares; figuras políticas, parlamentarios, diplomáticos, pensionados y pensionadas, periodistas, blogueros y usuarios de redes sociales, Propietarios y propietarias de tierras, granjas y negocios y artistas.
El Estado venezolano presentó su réplica ante la CPI para lo cual tuvo hasta este jueves 20 de abril. Las autoridades señalan al fiscal Khan de «violar del debido proceso» y tener vínculos con organizaciones no gubernamentales «que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto, lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha corte”.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI deberá evaluar los testimonios de las víctimas, los argumentos del fiscal y de las autoridades venezolanas para decidir si autoriza o no la continuación de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.