En los meses de abril y junio del presente año se produjeron dos hechos de gran significación en la lucha por la verdad, memoria y justicia en nuestro país.

El 21 y 22 de abril, la Alianza de Familiares Víctimas de la Represión –Alfavic Venezuela– realizó su primer encuentro nacional. Un esfuerzo para fortalecerse como organización de familiares que luchan contra la impunidad.

Alfavic está integrada principalmente por familiares de quienes fueron asesinados en el contexto de la represión a la Rebelión Popular de 2017. De acuerdo con cifras de Provea, 143 manifestantes murieron en los cinco meses de protesta. Algunos familiares con el dolor a cuestas y la adversidad de un sistema de justicia -que inclina la balanza hacia la impunidad- decidieron desde hace varios años organizarse para elevar su voz como un colectivo y fortalecer la exigencia de investigación y sanción a los responsables.

En 2021 se sumó a Alfavic el colectivo de “Madres Poderosas” conformado en su mayoría por mujeres, cuyos familiares fueron asesinados por funcionarios en los llamados operativos de seguridad. En otro  evento, 27 y 28 de junio, los familiares de las víctimas de razias represivas en su lucha contra el delito, agrupados bajo la Asociación Civil Orfavideh, realizaron igualmente su primer encuentro nacional. La mayoría de quienes integran esta Asociación sufrieron la muerte de algún familiar principalmente por la acción abusiva de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Estos dos eventos tienen gran significado en la lucha por la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de justicia.

Venezuela tiene una enorme deuda de justicia ante las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado. Avanzar hacia el establecimiento de la verdad, la determinación de responsabilidades y la sanción a los responsables, exige escuchar la voz y exigencia de los familiares de las víctimas e incorporarlas en los procesos para que la justicia no sea un anhelo sino una realidad.

La experiencia en nuestro Continente ha demostrado que las organizaciones de víctimas son fundamentales para construir la verdad de los hechos y para realzar la memoria de quienes perdieron la vida a causa de graves violaciones a los derechos humanos. Son parte de un engranaje social que exige respuestas al Estado y le reclama acciones concretas e igualmente desarrolla iniciativas autónomas. Una agenda por la verdad, la memoria y la justicia incorpora, entre otros aspectos, la exigencia de que se hagan públicos los archivos de la represión. Los órganos del Estado responsables de la represión con frecuencia realizan informes, archivan fotografías, videos y audios, realizan perfiles de civiles y organizaciones a quienes consideran peligrosos para los intereses de quienes detentan el poder. Un paso hacia la verdad implica permitir que toda persona interesada pueda consultar, analizar y divulgar dichas informaciones.

La construcción de espacios de memoria es otra exigencia. Lugares donde se pueda comprender lo que pasó, conocer las historias de algunas de las víctimas y presentar los procesos que culminaron en las graves violaciones y los crímenes. Si bien los Estados como parte de la reparación a las víctimas deben desarrollar políticas públicas en ese sentido, también la sociedad organizada puede desarrollar múltiples iniciativas.

La justicia implica identificar organismos responsables, tanto policías o militares, que ejecutaron las órdenes y quienes las impartieron, identificar los cómplices que por acción u omisión consciente ayudaron o facilitaron las graves violaciones y los crímenes de lesa humanidad.

Alfavic y Orfavideh como organizaciones de familiares de víctimas constituyen un ejemplo de transformación del dolor en acción para impedir el olvido de lo pasado y para exigir que los hechos represivos no se vuelvan a repetir. Requieren del máximo apoyo y reconocimiento.

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