Tras unos meses de relativa estabilidad, la semana pasada vivimos un episodio de locura cambiaria luego que se disparara el precio del dólar.

El dólar paralelo, que se situó casi en los 10 bolívares en tan sólo unos días, nos trajo malos recuerdos e incluso dolorosos flashbacks sobre la historia reciente de irrefrenable inflación y devaluación.

La respuesta del BCV a tal fenómeno fue la inyección de 253 millones de dólares, lo que ha logrado contener el precio de la divisa en 8,5 bolívares. Por ahora.

Para muchos expertos, las causas de la súbita devaluación son claras: la expansión fiscal para hacer frente al pago de bonos a empleados públicos y la escasez en la oferta de divisas en el sistema financiero, fueron el combustible para encender la mecha que condujo a la divisa a un valor más cercano a la tasa de cambio implícita.

Somos presa de una gran fragilidad económica, en virtud de la cual pueden rápidamente alterarse variables macro, ya que Venezuela es un país donde el bolívar no cuenta con anclaje en reservas internacionales, ni en la confianza de la gente, por lo que el financiamiento para sustentar la actividad económica está prácticamente extinto, el sector productivo muy comprometido a todos los niveles, y el capital extranjero se encuentra a la espera del levantamiento de las sanciones. Lo mencionado, no puede derivar en un modelo de crecimiento y estabilidad económica sustentable.

Sería ingenuo pensar que la inyección continua de divisas al mercado por parte del BCV, hoy estimada en más de 3 mil millones de dólares durante lo que va de año, podrían mantener a raya el precio del dólar paralelo por siempre.

Hace falta más

Nuestra línea editorial se ha caracterizado por mantener neutralidad política respecto a la comprensión de la economía, felicitando o cuestionando las decisiones del gobierno que afectan este menester. Sin negar el profundo daño que han hecho y hacen las sanciones financieras a nuestro país, consideramos que llegó el momento de pedir al gobierno mayor agilidad y compromiso en la toma de decisiones en materia económica y financiera.

Entendemos la voluntad de la administración pública de dar un viraje hacia una economía de mercado y activar el aparato productivo nacional. Pero resultan insuficientes los buenos deseos, el cese de controles de precios, la dolarización informal, los acercamientos con el sector privado y la oposición, las conversaciones con EE. UU, así como la aprobación de la ley de Zonas Económicas Especiales.

El proceso de recuperación económica de Venezuela requiere una importante inversión extranjera, para reactivar la industria petrolera y la elemental provisión de servicios básicos.

El Observatorio Venezolano de Finanzas y especialistas en la materia estiman que necesitamos, al menos, 20 mil millones de dólares para duplicar la producción petrolera, mejorar el sistema eléctrico y la provisión de agua. La cifra, que, en el pasado de abundancia económica, podría ser irrisoria, frente a un PIB de casi 400 mil millones de dólares hace escasos 10 años, hoy no existe en las arcas del Estado.

Un par de fondos petroleros internacionales, así como la gigante Siemens, con la venia de la OFAC, a través de inversionistas privados, ofrecen en su conjunto, inversiones en torno a los 3 mil millones de dólares entre 2022 y 2023, para recuperar una pequeña parte de la producción de petróleo, gas y electricidad. Todavía falta mucha plata.

La mayoría de los inversionistas internacionales que desean poner sus recursos en Venezuela, y hablamos de números de fondos de inversión de todas partes del mundo, piden lo mismo por parte del gobierno venezolano: seguridad jurídica, alternativas para la repatriación de dividendos, consideraciones fiscales y facilidades burocráticas y operativas. Ya no se fijan tanto en las sanciones y en los gringos, sino en nosotros mismos.

Como banqueros de inversión, semana a semana, de potenciales inversionistas extranjeros, recibimos emails, llamadas, hacemos conferences y enviamos material sobre la comprensión multisectorial de Venezuela como inigualable destino de inversión. La piedra de tranca siempre es la misma: ¿Y las garantías para nuestra inversión? ¿Cómo y dónde cobramos las utilidades?

Si bien, la Ley de Inversiones vigente y la ley Antibloqueo, puede dar algunas respuestas a lo preguntado, así como existen escasos –pero existen- recursos y soluciones lícitas y transparentes para realizar pagos internacionales, parece no ser alternativas que complacen del todo a nuestros interlocutores foráneos.

¿Qué piden?

Se requiere con premura, la revisión de la ley de inversiones, una actualización de esta, sin zonas grises y con claras garantías sobre propiedad y capital, donde se promuevan beneficios fiscales y operacionales, además de políticas sobre repatriación de dividendos.

Además de lo señalado, acuerdos con la oposición política y el resto del mundo occidental con el objetivo de aligerar las sanciones financieras, además de una clara voluntad de hacer frente a la deuda externa, serian la guinda que adornaría el helado de una posibilidad cierta de enormes ingresos al país por concepto de inversión.

¿Qué esperamos?

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