La situación de la educación en Venezuela alcanzó niveles dramáticos. Los problemas se agudizan ante la omisión de un gobierno, que en lugar de asumir la realidad, prefiere maquillar las cifras y divulgar mentiras.
En marzo de 2024 se cumplirán 10 años de la llamada Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Con ese proceso se prometió producir cambios para superar deficiencias diagnosticadas.
El ministro de Educación, para ese momento Héctor Rodríguez, al presentar las conclusiones y recomendaciones afirmó: “Recibimos la educación en el suelo, toda la Patria estaba en el suelo, pero desde hace quince años los problemas del pueblo son la prioridad, son lo más importantes, y de allí el inmenso esfuerzo que se ha hecho para rescatar la educación”. Sin embargo, 10 años después la situación es aún peor.
La deserción escolar es un fenómeno que trunca el futuro de los jóvenes desde la primaria hasta la universidad, a esto se suma la escasez de educadores (los que persisten realizan sus labores con bajos salarios y en condiciones inadecuadas de trabajo); una estructura física en creciente deterioro; la pulverización de servicios como comedores y, en el caso universitario, también de transporte. La crisis de servicios públicos, principalmente de agua, obliga a la suspensión frecuente de clases.
Si la cantidad de estudiantes que asisten es bien dudosa, por la ausencia de cifras oficiales desagregadas por periodos escolares y grado educativo, más aún lo es la calidad educativa. La denominada consulta nunca evaluó lo referente a la calidad. No se ha implementado una metodología que permita aproximarse al conocimiento adquirido por los estudiantes, según los periodos académicos cursados. Tampoco hay una política pública que permita que los educadores actualicen conocimientos para ser compartidos en las aulas.
En algunos centros educativos estudiantes pasan de un grado a otro sin que se les haya garantizado educadores en todas las materias. Padres y representantes voluntariamente se ofrecen para cubrir esas vacantes, con frecuencia sin mayor conocimiento pedagógico, y en otras instituciones son los directores, realizando malabarismos, quienes incorporan a estudiantes universitarios o profesionales a que impartan clases, lo cual no garantiza ni calidad ni regularidad.
El nuevo año escolar posiblemente inicie sin mayores cambios. Desde las organizaciones sociales, padres y representantes debemos apoyar los reclamos que vienen realizando los gremios para que se adopten medidas urgentes con el propósito de empezar a revertir la crisis en el sector educativo.
Es necesaria una alianza de sectores e instituciones que ejerzan la suficiente presión ante las autoridades para que, además de asignar presupuestos suficientes, adopten y ejecuten medidas urgentes.
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