Por:
Luisa Kislinger, feminista, activista e internacionalista.

Desde 2017, tengo fijado en mi cuenta de Twitter un tuit que escribí en ocasión de la “Marcha de Mujeres” que llenó las calles de Washington DC y de muchas otras ciudades de los Estados Unidos y del mundo en enero de ese año. Mi tuit rezaba: “No demos por sentados derechos de mujeres y niñas. Hay que protegerlos y defenderlos. Todos los días. En todo el mundo. #WomensMarch”

Cuando escribí esa frase, lo hice movida por la amenaza que se cernía sobre los derechos de mujeres, niñas y personas género-diversas con la llegada de Donald J. Trump a la Casa Blanca, que fue en definitiva lo que motivó la gran movilización de calle de la que fuimos testigos ese día. Cinco años después, esa amenaza está más cerca que nunca de convertirse en realidad.

A principios de esta semana, el portal digital Politico filtró un primer borrador de lo que sería la opinión mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en la cual quedaría derogada Roe v. Wade, sentencia de 1973 que reconoció al aborto como un derecho protegido por la Constitución de ese país. Aunque no se trate de la opinión definitiva, todo parece indicar que la posición expresada en este primer borrador será la que prevalezca. De ser ello así, estaríamos ante uno de los retrocesos más atroces en materia de derechos humanos y de derechos de las mujeres de la historia contemporánea: la negación de un derecho reconocido y ejercido por casi 50 años en un país donde el 70% de la población rechaza que Roe v Wade sea revocada.

Dicha revocatoria daría libertad a los estados de imponer restricciones o prohibiciones a la interrupción voluntaria del embarazo. Según el Instituto Guttmacher, 26 estados estarían listos para prohibir de manera total o casi total el aborto, de los cuales al menos 9 cuentan con las llamadas “trigger ban” o prohibiciones automáticas que entrarían en vigor inmediatamente si Roe v. Wade es revertida.

Los movimientos en la Corte Suprema

Lo que está a punto de ocurrir en Estados Unidos no es un hecho azaroso y es importante que desde otras latitudes pongamos atención al camino recorrido antes de llegar hasta aquí. Y es que se trata, más bien, del punto culminante, la coronación digamos, de una estrategia cuidadosamente articulada a lo largo de varios años, en distintos niveles y con diferentes actores. Si bien es cierto que desde el mismo momento en el que Roe fue aprobada en 1973 comenzaron los intentos por revertirla, el esfuerzo más serio y exitoso ha venido ocurriendo en los últimos 5 o 6 años.

La apuesta del movimiento antiaborto -a través del partido republicano hoy fuertemente influenciado por sectores fundamentalistas religiosos- fue promover gobernadores, legisladores y jueces contrarios al aborto, tanto a nivel estatal como federal, para asegurar la aprobación de leyes restrictivas que han ido colocando progresivamente, cada vez más, obstáculos al ejercicio de este derecho, incluyendo la imposición de períodos de espera antes del procedimiento, criminalización de proveedores, obligatoriedad de autorización parental en el caso de menores de edad, obligatoriedad de recibir asesoría previa y provisión de información inexacta, entre otros.

Esta estrategia ha servido con un doble propósito: impide el acceso a servicios de interrupción voluntaria y abre la posibilidad de que, al desafiar estas leyes restrictivas en las cortes, algunas lleguen hasta la Corte Suprema, con lo que se podría aprovechar el litigio para plantear la revisión de Roe v. Wade. Tal es el caso sobre el cual trata el documento filtrado, Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, donde la Corte deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas.

Esta estrategia fue complementada por otra que implicó asegurar los 5 votos necesarios en la Corte Suprema, nombrando magistrados conservadores, con presumibles credenciales provida, algo que fue una promesa electoral cumplida de Donald Trump pero no sin ayuda de su partido. Durante su mandato, Trump nombró a 3 magistrados: Neil Gorsuch, Bret Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Gorsuch llenó una vacante que le correspondía llenar a Barack Obama en 2016 tras la muerte del magistrado Antonin Scalia, pero que el Senado, entonces dominado por los republicanos, simplemente le negó a pesar de haber nominado a Merrick Garland. El argumento para tal negativa por parte del líder del Senado, Mitch McConnell, fue que, por ser año electoral, el nombramiento debía ser hecho por el presidente entrante. Pero tras la muerte de la magistrada Ruth Bader Ginsburg en septiembre de 2020, dos meses antes de las elecciones presidenciales, los mismos republicanos, liderados por el mismo senador McConnell, desestimaron el argumento usado en 2016 contra el nombramiento hecho por Obama, permitiendo y confirmando la nominación de Amy Coney Barret como nueva magistrada de la Corte Suprema.

Si bien el sistema político y las instituciones estadounidenses tienen sus particularidades, no podemos perder de vista que los grupos antiderechos y antigénero, imbuidos en grupos conservadores y fundamentalistas religiosos con gran influencia y dominio del partido republicano, se caracterizan por ser transnacionales, compartiendo información y tácticas con grupos similares en distintos lugares del planeta. Así, los vaivenes de la política se han convertido en una rendija por donde estos grupos se han colado para adelantar sus objetivos de control y restricción de los derechos y libertades de mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes.

El mensaje es claro: usarán cualquier estrategia a su alcance para restringir nuestros derechos y, como en este caso, conseguirán políticos dispuestos a sacrificar la agenda de igualdad y derechos de las mujeres a cambio de votos y poder. Contando, desde luego, con algunos que lo harán por convicción y genuina misoginia. Y esto puede pasar en Estados Unidos, en Polonia, en Honduras, o en Venezuela. Lo cual nos impone la necesidad de plantearnos nuevas líneas de trabajo donde no sólo empujemos por el reconocimiento de derechos, sino que actuemos vigilantes, protegiéndolos activamente para que no sean debilitados o anulados.

Las implicaciones de esto son muchas, y afectará de manera particular a grupos de mujeres, niñas, adolescentes y otras personas gestantes de bajos ingresos e históricamente marginadas en el acceso a anticonceptivos y servicios de salud en general, incluyendo afroamericanas, latinas, indígenas e inmigrantes residentes en estados que restrinjan o prohíban el acceso al aborto.

Que un asalto a los derechos humanos de las mujeres ocurra en la que ha sido considerada la democracia moderna más sólida y antigua del planeta, además de grave, nos recuerda que no es suficiente con lograr el reconocimiento de nuestros derechos, sino que también hay que protegerlos “todos los días en todo el mundo». Y mientras hoy se trata del derecho al aborto, nada impide que ello aliente la imposición de obstáculos y retrocesos a otros derechos arduamente conquistados: el derecho a votar, estudiar, trabajar, a no ser acosadas ni violentadas sexual o físicamente, el derecho a contraer matrimonio, por nombrar sólo algunos.

Nunca antes fue esto tan importante como ahora, donde vemos avances importantísimos en nuestro continente en materia de aborto. Y aunque en Venezuela estemos todavía muy lejos de ver materializado el ideal de contar con un marco que legalice la interrupción voluntaria del embarazo, lo ocurrido nos da la oportunidad de entender y prepararnos para el reto que tenemos por delante a medida que trabajemos por avanzar, pero también la necesidad de proteger las ganancias que se vayan logrando.

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