Por: 
Stefania Vitale – Investigadora en ciencias políticas(*).

En la ola de autocratizaciones (V-dem 2021 y 2022), el caso de Venezuela se destaca no sólo por su autocratización sino también por la durabilidad autoritaria, debido a la supervivencia de la coalición de gobierno hoy liderada por Nicolás Maduro, tras sortear diversas amenazas: impopularidad, crisis económica, altos niveles de pobreza y desigualdad, que combinados con la ausencia de Estado de Derecho y violación sistemática de los derechos humanos han devenido en una crisis humanitaria. Otras amenazas han estado asociadas a las acciones de las oposiciones y aliados internacionales para restringirle y/o arrebatarle el poder mediante diferentes estrategias.

La naturaleza e intensidad del conflicto ameritan un abordaje político que resulta impostergable. En el marco de una negociación como la de México, es necesario plantear una ruta de democratización. Para abrir espacio a ese propósito, la voluntad de la coalición de gobierno y de los diferentes grupos de oposición es una condición necesaria, puesto que ellos son quienes tienen acceso a recursos y poder de decisión, aunque en diferentes grados.

La pregunta principal subyace en ¿cómo generar incentivos a cada grupo para convidarles trabajar hacia una democratización? Esta interrogante abre la compuerta a otra: ¿los diferentes grupos políticos están realmente pensando en el largo plazo, más allá de 2024? Lo que nos lleva a interpelarlos: (i) ¿quiere el chavismo que gobierna sobrevivir a menores costos políticos para preservarse en el tiempo?; (ii) ¿quieren las oposiciones no sólo llegar al poder eventualmente sino bajo un entorno de gobernabilidad?

La coalición autoritaria

Quedó en evidencia con la nueva composición del TSJ que la correlación de fuerzas dentro de la coalición gubernamental suele ser dinámica, que existe tensión interna. Esta tensión encarna la incertidumbre y, por lo tanto, diferentes preferencias en torno al tipo de régimen y sistema político al que apuestan los actores del chavismo, toda vez que de eso dependen sus respectivas supervivencias. Hay grupos a favor de abrir el sistema, mientras que otros prefieren dejarlo así o cerrarlo aún más. Aunque es Maduro quien sigue siendo el actor con mayor poder de veto.

Maduro está apuntando a la mejora de la gestión pública, pues quiere repetir en las presidenciales de 2024 o que al menos gane un candidato del PSUV afín a él, pero esta vez de forma legítima. Él ha apelado a abrir parcialmente el sistema, cediendo algunas condiciones electorales y políticas, en particular, a los gobiernos subnacionales, a cambio de la liberalización de las sanciones y apertura del sector petrolero. Aunque el cumplimiento de esta promesa ha sido volátil, de acuerdo con un artículo académico que hice junto con Rosa Amelia González, próximo a publicarse en Public Organization Review.

Lo cierto es que la coalición gubernamental siempre ha terminado resolviendo sus conflictos de poder y se ha mantenido cohesionada.

Las oposiciones

Si bien no hay dudas de que una coordinación estratégica opositora, con reglas y estructura de toma de decisión y financiamiento claras para los próximos dos años es fundamental, veo necesario que las oposiciones alineen sus incentivos y creen una instancia de coordinación más allá de 2024. Barinas constituye un caso exitoso reciente de coordinación (informal); hay que ir por más.

Ahora, la coordinación no será sostenible si no se produce una reestructuración institucional y democrática de los partidos: revisión ideológica, reorganización de cuadros y adopción de prácticas políticas y financieras transparentes. Hay partidos pensando en ello, pero urge que las promesas de cambio se ejecuten. No en vano ningún partido goza de una popularidad sustantiva y no tiene autonomía en la toma de decisiones del proceso de México; es Estados Unidos quien controla ese lado de la cancha.

¿Hacia dónde apuntar, qué es lo mejor para la población? Los partidos de oposición -y las élites del país- deberían abrazar la democracia y crear su necesidad y preferencia en la población. Hay dilemas latentes de si es posible tener democracia y desarrollo simultáneamente. La democracia puede conllevar desarrollo; esto es una posibilidad real y existe evidencia representativa, aunque no es una máxima que se cumple en todos (por ejemplo, Singapur, China). En el caso venezolano pueden compaginarse ambos, no sólo por los beneficios que ese dueto acarrea, sino también debido al desinterés por la democracia del chavismo que gobierna y a sus incapacidades técnicas y financieras para fortalecer al Estado.

La sociedad venezolana

La población desea estar mejor, desea votar y “hacerlo por algo distinto que le genere confianza”. Ahora ¿cómo quiere ese cambio, bajo una democracia o les basta experimentar bienestar económico? La encuesta Juventud UCAB nos demanda reflexionar si los venezolanos prefieren o no una democracia. Como uno no conlleva el otro necesariamente, pero su combinación es la mejor posible en términos del bienestar general y duradero -volver a un Estado de derecho y generar progreso económico- le toca también a la sociedad organizada coadyuvar en las preferencias por ambas. Para esto, la acción colectiva debe ser masiva. Un país de oportunidades acarrea también responsabilidades y tareas ciudadanas, en medio de desafíos organizativos complejos.

Democratización ¿por dónde comenzar?

La democratización debe incorporar el cumplimiento de condiciones ya contempladas en la Constitución: respeto por todo el espectro de derechos, habilitación de líderes de oposición y otras condiciones electorales, sistema electoral proporcional, composición equilibrada del TSJ, cumplimiento de la descentralización, capacidad estatal, regreso de militares a cuarteles, tomando en cuenta sus incentivos. Asimismo, esta requerirá otros cambios a largo plazo: redimensionamiento de los poderes presidenciales, eliminación de al menos la reelección indefinida, autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales, entre otros.

 Macro incentivos

Para pensar estratégicamente en la democratización, en sus incentivos, debemos tener presente los horizontes temporales. El corto plazo constituye el preámbulo de las elecciones presidenciales de 2024, al representar una oportunidad de cambio en la distribución del poder político, aun cuando gane un candidato del PSUV, hoy el evento más probable. El mediano y largo plazo constituyen un marco temporal desafiante, toda vez que, si bien los beneficios de ostentar el poder son muy altos, una solución al conflicto pasa por entender que el grupo ganador de la contienda presidencial no debe seguir intentando aniquilar a su adversario.

Para lograr una apertura política que constituya una ruta de democratización, todos los actores -gobierno, oposición y población- tienen que trabajar para ello sobre la base de estas condiciones generales:

• Los grupos dominantes de la coalición gubernamental que apuestan por una apertura del sistema político deben procurar tener el mayor peso relativo en términos de fuerza dentro de la coalición.
• Estos mismos grupos de la coalición de gobierno que apuestan por una apertura del sistema tendrían que generar incentivos al resto de sus aliados y garantizarles que no quedarán excluidos en negociaciones con grupos opositores y Estados Unidos.
• Las oposiciones necesitan resolver sus problemas partidistas para luego coordinarse estratégicamente en aras de aumentar su peso relativo en una solución negociada y de cara a 2024. Deben trabajar sus capacidades para poder liderar la construcción de un piso democrático, bajo una visión de largo plazo que explique hacia dónde vamos y que rija un programa de políticas públicas coherente y realmente inclusivo.
• La sociedad organizada tiene que seguir presionando al sector político, al tiempo que puede impulsar cambios democráticos en espacios de su potencial influencia a lo largo del territorio, más allá de Caracas.
• Una solución creíble contempla todo lo anterior, y tiene como denominador común el cumplimiento de garantías de los acuerdos de manera intertemporal, lo que implica que ningún actor perciba que quedará en perjuicio y/o excluido a futuro.

Trabajar sobre estos incentivos para lograr una solución al conflicto político y múltiples crisis es muy deseable, aunque resulte complejo. Esta tarea de envergadura exige un compromiso inamovible por parte de todos aquellos que apuestan por un cambio, teniendo presente los beneficios sustantivos de establecer un mismo engranaje institucional para la democracia y progreso económico.

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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

(*) Economista (UCAB), Magíster en Gerencia Pública (IESA), candidata a Doctora en Estudios del Desarrollo (Cendes, UCV)