La Ruta Verde no es una iniciativa de ecologistas en países ricos tan preocupados en estos tiempos por la crisis ambiental que atraviesa el mundo, no. La Ruta Verde, así con ese nombre tan ecológico, es un conjunto de acciones de mujeres en Venezuela para exigir la despenalización del aborto y la aprobación de una ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo de una manera segura e incluya la educación sexual integral y el acceso a los anticonceptivos como derechos de toda la población.

El tránsito previo a la Ruta Verde

En Venezuela, como en la mayoría de países pobres y atrasados, la interrupción voluntaria del embarazo es un delito, con unas pocas excepciones legales. Pero que el aborto sea prohibido no impide que se realice. Como consecuencia de la ley que lo criminaliza los abortos se realizan clandestinamente y con prácticas que aumentan los riesgos para la embarazada.

Cuando la interrupción del embarazo se hace con prácticas empíricas y sin supervisión médica ni sanitaria, como ocurre en los países donde el aborto es ilegal, puede ocasionar que la mujer quede “malograda” o muera. La muerte de una madre en edad reproductiva duele por ella pero también por los hijos e hijas, muy probablemente aún menores, que podrían quedar en orfandad.

En Venezuela los abortos han sido un problema de salud pública en toda la historia del país pero la sociedad lo ha preferido ignorar -de lo que tiene que ver con el sexo que no se habla- y, por tanto, no lo atiende provocando muertes que pudieran evitarse.

El aborto clandestino afecta, fundamentalmente, a las mujeres pobres. Las que consiguen o tienen dinero acuden a clínicas privadas que valiéndose del ocultamiento, especulan los precios y evaden impuestos, haciendo del aborto un negocio redondo. Inclusive, las mujeres que disponen de más dinero pueden viajar a países donde el aborto es legal y sus riesgos son mucho menores que para las mujeres pobres. No legalizar el aborto es un acto de discriminación social.

Por las graves consecuencias que los abortos clandestinos traen para las mujeres, sus familias y la sociedad, en Venezuela, desde hace cerca de 50 años, un grupo de mujeres -entre las que cabe mencionar a Argelia Laya y a Elisa Jiménez, entre otras muchas- han demandado leyes que protejan la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

La larga lucha de organizaciones femeninas por la legalización del aborto en Venezuela aunque no haya logrado sus objetivos no ha sido en vano. Hoy, nuevas generaciones de mujeres continúan la lucha de sus predecesoras. Ha sido una lucha histórica.

La iniciativa

La iniciativa de la Ruta Verde reactiva la lucha social por mejores condiciones de vida de las mujeres en Venezuela a través de la despenalización del aborto.

La Ruta Verde ha sido organizada por más de 20 organizaciones femeninas de varias partes del país. Mujeres con diferentes ideologías -en un país polarizado políticamente- pero unidas ante el drama que viven las mujeres y sus familias en Venezuela por carecer del derecho a interrumpir el embarazo de una manera segura.

Este año la Ruta Verde ha realizado una marcha en Caracas pero se espera que el clamor por el Aborto Legal y Seguro se extienda por toda Venezuela y que sea escuchado por la Asamblea Legislativa, una Asamblea que en manos de las fuerzas del gobierno o de la oposición, ha sido sorda e insensible ante este grave problema, así como ante cualquier clamor al que tenga ver con la sexualidad de la población venezolana.

La Ruta Verde se propone recoger más de 21 mil firmas reconocidas por el padrón electoral nacional, un requisito que las autoridades legislativas exigen cuando se trata de una iniciativa de la sociedad civil, como es el Proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

El retraso de Venezuela en materia de derechos sexuales de su población se atribuye al poder de las iglesias católica y evangélica sobre los órganos del Estado. Esto a pesar de que la Constitución lo define como un Estado laico.

En defensa de la vida

La interrupción voluntaria del embarazo es uno de los temas que generan más controversia en la sociedad debido a su carga moral. Las legislaciones de la mayoría de los países han sido redactadas por órganos legislativo de mayoría masculina o de mentalidad retrógrada, preñada de pensamientos religiosos, cualquiera que estos sean. Las mujeres poco han participado en esas redacciones.

El gran argumento de los grupos contra el aborto es el derecho a la vida pesando en el embrión y obviando los derechos de la madre como decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, no solo desde el punto de vista físico sino también en su proyecto y condiciones de vida.

Cuando una mujer decide abortar es porque no desea al hijo o hija que lleva en el vientre. No le desea porque constituye un serio problema que le afecta, le lesiona su vida, toda su vida. La necesidad de abortar suele estar asociada con la crítica condición económica de la mujer. Pero también pueden pesar en esa decisión la edad, el estado de salud o que el embarazo sea producto de un accidente -como cuando los anticonceptivos fallan-, la falta de compromiso por parte del padre de la criatura o, lo que es peor, sea producto de una violación.

En Venezuela, como en otros muchos países, se pide la derogación de los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto junto a educación sexual integral y acceso a anticonceptivos de calidad. La ley no puede negar a la madre el derecho a su salud física y mental, ni puede sancionar a las mujeres por defender su cuerpo. Eso es machismo.

La protección de las mujeres que no desean culminar un embarazo indeseado es un derecho humano.

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