Desde que el oficialismo declaró su famosa consigna “no volverán”, toda la clase política opositora fue advertida de que quienes gobernaban cometerían toda clase de injusticias para cumplir esa promesa. Por lo tanto, hoy no debería sorprender que Nicolás Maduro y compañía intenten ejecutar cualquier abuso para dinamitar todas las opciones opositoras que lo desplacen del poder. Esto es una perogrullada.
Considerando lo anterior, lo único que podría revertir –o medianamente pausar– la ola de atropellos sistemáticos en contra de los movimientos/dirigencia opositora (que finalmente derive en un cambio político) es una negociación política anticipada, donde los perdedores tengan garantías de que no sufrirán citas directas y automáticas con la persecución judicial, ni lo ganadores tendrán vía libre para desconocer a un sector de la población que no les apoyó en su eventual victoria.
En pocas palabras, el país necesita un acuerdo nacional donde se firme un compromiso inalterable en el cual se explicite que las mayorías circunstanciales no tienen el derecho de refundar la nación, excluir a las minorías ni aniquilar al adversario. Sobre esas bases comunes podríamos ser optimistas acerca de la posibilidad de éxito de una transición a la democracia.
Dado que, es sabido que el mayor desafío de las democracias es el traspaso del poder de manera pacífica y regulada; es decir, la alternancia del poder sin la aplicación de la violencia, revoluciones o golpes de Estado. En consecuencia, Venezuela requiere de la generosidad de todos los actores –y de los buenos oficios de la política– para comprender que si queremos recuperar la gobernabilidad y caminar hacia la redemocratización, ciertamente todo pasa por descartar propuestas radicales y abrazar arreglos moderados.
En caso contrario, seguiremos enterrados en el desierto de la mediocridad, y quién sabe cuándo podrá abrirse un espacio para transitar hacia esos consensos básicos propios de las democracias plenas (¿2030, 2036, 2042…2060?).
Todos los que intentan analizar los comportamientos políticos de la sociedad, no deberíamos cansarnos de repetir en todos los tonos que: ningún sector por sí solo –por la vía pacífica– tiene músculo suficiente para llevar a cabo las grandes reformas (políticas, económicas, sociales, etc.); por tanto, necesitamos un pacto institucional (sí, un pacto de esos que caracteriza a las sociedades políticas modernas) para que se les asegure a los derrotados que su existencia en el juego democrático no está en duda y, en paralelo, los ganadores tenga barreras que contengan sus impulsos de revanchismo y desquite.
En fin, después de varios años analizando el devenir nacional, parece que hoy más que nunca la suerte del país está amarrada a un compromiso legal-constitucional que proteja a todos los actores políticos de la sociedad. De lo contrario, ni unos van a detener sus llamados a la insurrección (sin armas, tanques, ni aviones, pero da igual, pues lo importante es mantener a la barra brava activa) ni los otros evitarán aplicar los peores métodos de exterminio en contra de la disidencia (aunque los sancionen por todos lados, los aíslen y sigan arruinando al país, pues lo importante es sobrevivir en el poder y no sufrir el frío penoso de una celda solitaria).
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