Indiscutiblemente, Venezuela, al igual que los países subordinados por la izquierda demagógica, padece gradualmente de inminentes riesgos políticos. El acecho de tales peligros intimida todo esfuerzo realizado, o en curso, en aras de recuperar la institucionalidad democrática.
La proximidad del proceso electoral convocado por la Comisión Nacional de Primarias (CNP) y de los comicios presidenciales previstos para 2024, según lo pauta la Constitución de 1999 en su artículo 230, supone el incremento de los riesgos políticos propios de los sistemas autoritarios. En este contexto, surge la incertidumbre como recurso del cual se vale la política para manipular y afianzar cuanto infundio sea posible.
Podría decirse que el debilitamiento de la democracia obedece -entre otras razones- a una acentuada indiferencia de las sociedades respecto del sistema político, es lo que se conoce como “la antipolítica”, impulsada por la desconfianza de la sociedad hacia los partidos y las instituciones fundamentales.
Problemas de esta naturaleza incidieron en la irrupción de gobiernos autoritarios. Después de Cuba, surgieron casos como Venezuela, Nicaragua, México, Bolivia, Perú y Argentina, caracterizados por las violaciones de libertades básicas y los derechos fundamentales.
Los riesgos que asolan la democracia se hacen cada vez más evidentes e innegables. Estos son riesgos engendrados por el autoritarismo hegemónico, la opresión y la represión de los regímenes políticos movilizados por tendencias de una izquierda política disfrazada de democrática.
El riesgo político-electoral
La lista de riesgos políticos que acosan a buena parte de Latinoamérica es precedida por conflictos inducidos por precariedades que tocan los ámbitos de la salud, la educación, el empleo, la economía, la inseguridad y, por supuesto, eventos relacionados con procesos electorales asediados por decisiones equivocadas intencionales.
Avistar en el horizonte político algún proceso electoral lleva a los gobernantes y a sus acólitos a inventar argumentos, mecanismos y artimañas de cualquier dimensión mediática, fáctica o digital con la finalidad de evitar su defenestración.
El desmantelamiento, la distorsión o el desajuste en la estructura del Poder Electoral en Venezuela revuelve feamente el ambiente político y ello es una señal de los riesgos en ciernes que, si no se combaten, pueden derruir cualquier intento por recuperar la democracia.
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