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La asociación civil Súmate alerta que 10 millones de venezolanos no podrán votar en las presidenciales de 2024 si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no actualiza el Registro Electoral (RE).

El RE “es la base de datos que contendrá la inscripción de todos los ciudadanos y ciudadanas que conforme a la Constitución y a las leyes pueden ejercer el derecho al sufragio”, establece el artículo 27 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).

De los 10 millones que calcula Súmate, 6 millones están en el país y son venezolanos que no están inscritos en el RE o que deben actualizar sus datos (como cambio de domicilio) y 4 millones en el exterior.

Tal aseveración se sustenta en datos del CNE, del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), apunta la coordinadora nacional de Contraloría Electoral de Súmate, Nélida Sánchez.

A simple vista, la cifra resulta impactante considerando que representa el 50 % del padrón electoral utilizado para las pasadas elecciones regionales y municipales de 21.159.846 electores y electoras.

Sin embargo, el INE estima que para diciembre de 2024 la población será de 34.268.343 y es a partir de esta proyección que Súmate construye sus conclusiones, explica Sánchez.

Entre las variables que se consideran está el número de venezolanos, dentro y fuera del país, que cumplirán la mayoría de edad requerida de 18 años para 2024, y las reubicaciones inconsultas de electores que se hicieron dentro de Venezuela.

Datos “consistentes”

Efecto Cocuyo consultó a especialistas del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) y de la Red Electoral de la Asamblea de Educación para escudriñar los hallazgos de Súmate.

El director del OEV, Carlos Medina, considera que los datos “parecen consistentes y razonables” e implican un reto importante para el Poder Electoral en cuanto a cerrar la brecha de venezolanos que están excluidos del RE actualmente.

Medina destaca un estudio estadístico de muestreo que hicieron en el OEV, en octubre de 2020, para determinar cuántas migraciones inconsultas se habían realizado en el país.

La muestra se hizo con base en 2.932 entrevistas realizadas en los 23 estados del país y el Distrito Capital.

Esta investigación arrojó que el 6,07 % de los electores fue cambiado de centro de votación sin que lo hubiera solicitado. “Este porcentaje representa cerca de un millón 300 mil ciudadanos de un padrón electoral de 21 millones”, explica.

Súmate señala que se realizaron 1.574.831 reubicaciones inconsultas entre agosto de 2019 y marzo de 2020.

“Haciendo esa investigación por base de datos, Súmate presenta un dato similar al que nosotros obtuvimos en un estudio que hicimos con una metodología distinta”, señala.

No obstante, el coordinador técnico de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, Humberto Rojas, tiene algunas observaciones.

“Decir que el millón 500 mil electores que fueron reubicados automáticamente implica que esas personas están en sitios donde no desean votar o que esas reubicaciones implican un detrimento de su derecho al voto me parece un poco exagerado por cuanto muchos de estos traslados, en esta ocasión en particular, correspondieron a la incorporación de nuevos centros en el catastro”, argumenta.

Rojas se refiere al Plan de Catastro que llevó adelante el rector Roberto Picón para habilitar centros de votación que habían sido desincorporados en 2017 por motivos de seguridad, según alegó el CNE en ese momento, en medio de las protestas antigubernamentales que se desarrollaron en todo el país.

“En otros casos se reubicaron porque algunos centros estaban en malas condiciones producto del abandono durante la pandemia”, señala el observador electoral.

Otro aspecto que merece su atención es la data sobre la migración interna. De acuerdo con Súmate, hay al menos un millón de venezolanos que ha migrado a las principales ciudades como consecuencia de la crisis económica, la crisis por servicios públicos, la búsqueda de mejores condiciones de vida y los conflictos armados en estados fronterizos, entre otros factores.

Estas personas no han podido actualizar sus datos de nueva residencia “por las deficiencias en los operativos de inscripción y actualización entre 2015 y 2022”, según señalan.

Sobre esto, Rojas opina: “Hay una deficiencia por parte del CNE no solamente desde el punto de vista comunicacional en cuanto a promover el voto, también hay deficiencias operativas, todo eso es cierto. Sin embargo, hay un factor que es motivacional: mucha gente no actualizó sus datos porque no se siente llamada a participar en el proceso porque está desencantado con la política”.

Voto en el exterior

El mayor reto que tiene el Poder Electoral es garantizar el voto de los venezolanos que están en el exterior. De acuerdo con la Organización Internacional de Migraciones, la diáspora suma 6.113.035 de personas.

De los 6 millones, más de 4 millones están en edad para votar, pero no pueden hacerlo porque requieren actualizar sus datos de residencia (3.299.663) o inscribirse en el RE (un millón), según Súmate.

Esta cifra puede cambiar la tendencia en unas elecciones presidenciales a favor o en contra de cualquiera de los candidatos en disputa.

¿Por qué estos ciudadanos no están en el RE?

Hay varias razones que obstaculizan la inscripción y actualización de los datos en el RE dentro de Venezuela y fuera de ella.

Entre los motivos destacan la deficiente política comunicacional del CNE para informar sobre las jornadas especiales del RE; la ausencia de jornadas continuas o permanentes que deberían llevarse a cabo en las oficinas regionales electorales; la ausencia de puntos del RE en zonas remotas del país; y el desinterés del ciudadano por los procesos políticos, entre otras.

Organizaciones de la sociedad civil proponen la municipalización de las jornadas del RE como parte de las soluciones.

Organizaciones de la sociedad civil preparan propuesta de reforma electoral

En el caso de los venezolanos en el exterior hay aspectos legales y logísticos que complican aún más el ejercicio de su derecho al voto.

“El proceso masivo de inscripción y actualización del RE de venezolanos en el exterior implicaría posteriormente garantizarles una estructura para el ejercicio del derecho al voto que consistiría en habilitar miles de mesas de votación en cientos de ciudades donde se procesarían millones de votos”, subraya Súmate.

Para actualizar el Registro Electoral en el exterior, se requiere entender que es imposible acometer esta tarea con la infraestructura actual de 127 consulados en 88 países. Por esta razón, la organización ciudadana plantea las siguientes propuestas:

1️⃣ Construir acuerdos con los países receptores de la diáspora venezolana que permita aumentar la cantidad de puntos para la inscripción y actualización en sus principales ciudades.

2️⃣ Estudiar e implementar mecanismos a distancia con el uso de medios tecnológicos o por correspondencia para la inscripción y actualización en el RE.

3️⃣ Establecer mecanismos para que el día de la elección se cuente oportunamente el voto de los venezolanos en exterior (Totalización en tiempo real).

Reformas

Adicionalmente, Nélida Sánchez considera que es necesaria una reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electoral (Lopre) para flexibilizar aspectos relativos a la «residencia legal» que se exige a los migrantes (artículo 124 de la Lopre y 26 del Reglamento de la Lopre).

“Solo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que poseen residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela», establece el artículo 124 de la ley, lo que supedita el derecho al voto al estatus migratorio.

Otro aspecto que considera debe revisarse es el requisito de la cédula de identidad: “Se debe considerar el pasaporte en el exterior como documento de identificación válido porque la cédula no se puede sacar afuera y muchos salieron sin este documento o lo perdieron”.

Y agrega: “En la exposición de motivos de la reforma de la Ley de Identificación, que aprobó (Nicolás) Maduro, se establece que el pasaporte debe ser reconocido también como documento de identidad, entonces, ¿por qué no reconocerlo a los efectos de trámites administrativos y para el registro o actualización del RE?”.

Es importante destacar que para modificar la Lopre se requeriría la intervención de la Asamblea Nacional que actualmente está dominada por la mayoría chavista. Sin considerar el tiempo que esto restaría a las otras tareas complejas que debe ejecutar el CNE.

Rojas considera que con la actual legislación se puede promover la actualización del registro electoral, pero se requiere voluntad política.

“La residencia legal la determina el país de acogida, este refinamiento de exigencias no está en la ley. Lo que se puede hacer es evaluar mecanismos alternativos que permitan ejercer el derecho al voto si no es posible la emisión de cédulas en el exterior, como la aceptación del pasaporte vigente”, afirma.

Esta discrecionalidad a la que alude el profesor tiene que ver con los requisitos que imponen algunos países que exigen, además de la cédula de identidad, el pasaporte vigente, la partida de nacimiento original, una carta de residencia y otros que no están contemplados en la ley venezolana.

Auditorías

Sánchez recuerda que es crucial que el CNE haga una auditoría profunda del Registro Electoral, con presencia de académicos, que cumpla con los estándares internacionales.

Esto implicaría seleccionar una muestra representativa que se usaría para ubicar a los electores y verificar si efectivamente residen donde se supone y si sus datos corresponden con los registrados.

“Otro tema importante es la depuración, si tenemos que el registro civil lo lleva el CNE, entonces ¿por qué tienen que pasar tantos años para que se desincorpore del sistema a una persona que falleció?”, se pregunta la abogada.

Acuerdos políticos

El director del OEV Carlos Medina destaca la necesidad de que los actores políticos lleguen a acuerdos, pues el no reconocimiento a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela también afecta los operativos de actualización y registro del RE en el exterior.

“Hay que empezar por el derecho a la identidad de los venezolanos, los venezolanos que están en el exterior deben tener derecho a un documento de identidad, este es el primer paso, lograr que tenga cédula o pasaportes que les permitan votar”, expone.

En su opinión, hay tiempo para acometer todas estas tareas siempre y cuando se empiece desde ya.

“Todas estas actividades son complejas y requieren un análisis técnico de parte del CNE para que, de una forma realista, pueda planificar las actividades, pero lo primero que tenemos que lograr es una estimación buena y razonable de cuantos venezolanos están afuera y donde están para poder ubicar los puntos para la inscripción y actualización del RE, añade.