El gobernante Nicolás Maduro, pese a proclamarse ganador de las elecciones presidenciales, puso el balón en la cancha del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que la Sala Electoral alto tribunal decida qué paso con los resultados de los comicios celebrados este 28 de julio.
Abogados constitucionalistas consultados por Efecto Cocuyo advirtieron que es competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) aclarar el tema, publicando antes la totalidad de las actas de votación, mesa por mesa, sustentar el boletín definitivo con los resultados electorales y permitir la impugnación de los resultados por parte de lo actores que se sientan afectados.
Señalaron que pretender que el TSJ se pronuncie ahora es violar la autonomía de otro poder público y que la intención del gobierno pudiera ir en una de tres direcciones: que se anulen y repitan elecciones, que el tema electoral entre en un letargo para enfriar denuncia de fraude o enviar un mensaje de legalidad a la comunidad internacional.
Se destacó que la única decisión que debería tomar el máximo juzgado es declarar inadmisible el recurso del gobernante y ordenar al Poder Electoral completar los pasos que faltan para dar por cerrada la vía administrativa.
CNE no ha cerrado proceso administrativo
“El proceso administrativo electoral que comenzó con la postulación de candidatos presidenciales y pasó ya por la votación no se ha cerrado. ¿Qué falta para que termine? La totalización, publicación de de las actas de escrutinio mesa por mesa y si alguien no está de acuerdo con los resultados hay un lapso establecido para la impugnación, luego de lo cual el CNE toma una decisión final, basado en pruebas y auditorías.
Pues el CNE se comió esos pasos e hizo la proclamación sin hacer la totalización, al TSJ se acude luego de que culmina el proceso administrativo en el CNE”, recalcó el abogado constitucionalista Gustavo Manzo.
Manzo recordó que el recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del TSJ (artículo 213 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) se ejerce contra los actos, omisiones o actuaciones del CNE, por lo que cabría preguntarse si Maduro desea que el máximo juzgado del país anule las elecciones presidenciales, porque el recurso indicaría que no está de acuerdo con el Poder Electoral.
En rueda de prensa con medios internacionales la tarde de este 31 de julio, Maduro dejó claro que no quiere repetición de elecciones “porque él ganó”.
Manzo alertó que abrir un proceso en el TSJ sólo arroja más dudas sobre los resultados electorales anunciados por el CNE porque se desconoce el texto del escrito presentado por Maduro y el procedimiento que seguirá el alto tribunal, señalado de parcializado a favor del gobierno, para verificar actas de escrutinio.
“El TSJ no tiene nivel técnico para revisar esas actas, eso corresponde a la sala técnica del CNE, si este no ha finalizado ese procedimiento, la Sala Electoral no puede hacer nada porque su competencia es revisar lo que hizo el CNE cuando haya completado los procedimientos”, sostuvo el abogado.
Justamente Maduro pidió a los magistrados del TSJ un “peritaje con alto nivel técnico” para revisar los resultados electorales, citar a todos los actores involucrados: CNE, Fiscalía, los candidatos presidenciales y 38 partidos políticos participantes para que den su versión de los hechos y presenten sus pruebas.También aseguró que tanto el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y sus aliados del Gran Polo Patriótico están “listos” para consignar 100% de las actas con resultados electorales que avalarían su triunfo en los comicios.
“Avalar la ilegalidad”
Para el también abogado constitucionalista, Oscar Arnal y un tercer jurista que prefirió omitir su nombre, el gobierno busca que el TSJ avale resultados electorales “dudosos” anunciados por el CNE y ratifique la proclamación de Maduro, que “apuró el CNE” el 29 de julio y enviar un mensaje de “cosa juzgada” a la comunidad internacional para que acceda a reconocer al gobernante como presidente para el período 2025-2031.
“Maduro va al TSJ para hacer legal lo ilegal, legal lo inconstitucional y legal lo ilegítimo porque no ha demostrado que ganó las elecciones y la oposición tiene en su poder las actas que dan como ganador a otro candidato (Edmundo González). Busca darle un mensaje a la comunidad internacional para acepte los resultados, a quienes dentro del país tienen dudas y a sus propios partidarios, para amalgamarlos, ratificando un supuesto triunfo”, expresó Arnal.
El jurista que prefirió el anonimato aclaró que Maduro no interpuso un recurso de amparo como se dijo inicialmente porque habría acudido a la Sala Constitucional, por lo que se ubica en la jurisdicción de lo contencioso electoral a la que de todas maneras se acude luego de que se impugnan los resultados ante el CNE.
“Quien ganó no debe estar pensando en interponer recursos, no tiene sentido, es como si un jugador de fútbol al que le declararon un penalti a favor, pida revisar el VAR a ver si de verdad fue penalti. Lo que busca es validar las actas que supuestamente tiene el Psuv y decirle a la comunidad internacional que el gobierno tiene razón porque ya el TSJ decidió. Estamos de nuevo ante la usurpación de funciones porque lo que se pretende decida el TSJ es competencia exclusiva del CNE que es un poder”, dijo.
Los abogados constitucionalistas coincidieron en señalar que ante la ausencia del estado de derecho en Venezuela y lo que consideran es una evidente subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, no se trata de una solución jurídica a la situación presentada con las elecciones sino política, por lo que advierten, una decisión contra los intereses de Maduro, está descartada y es lo que debe comprender el mundo democrático.
No es la primera vez que el TSJ interviene en competencias del CNE, un caso reciente fue la anulación de las elecciones de la Gobernación de Barinas, tras la jornada de noviembre de 2021, alegando una supuesta inhabilitación del ganador (Freddy Superlano) y la orden al ente comicial para repetir la votación en enero de 2022. En su informe sobre las elecciones regionales de 2021, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea plasmó la injerencia del alto tribunal en las funciones del CNE como uno de los elementos que atentaron contra la transparencia de dicha elección.
¿Oposición debe ir al TSJ?
La medianoche del 29 de julio, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció el primer boletín de las elecciones presidenciales, basado en 80%, según dijo, de la transmisión de actas escrutadas y que daban una supuesta ventaja de Maduro sobre González Urrutia de 51,20% de la votación sobre 44,2%
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, puntal de la campaña por la candidatura de Edmundo González, ha asegurado que tienen en su poder 80% de las actas de escrutinio obtenidas por los testigos electorales de los partidos políticos de la oposición que prueban que el diplomático derrotó al abanderado del Psuv por un holgado margen. Cifras extraoficiales apuntan 67% (7.119.768 votos) de la votación a favor del embajador de carrera y 30% (3.225.819) para Maduro.
Sobre si la oposición debería acudir o no al TSJ en caso de ser citada, los juristas volvieron a señalar que no es un tema jurídico sino político, por lo que acudir al máximo juzgado implicaría avalar un proceso, que insistieron, no es legal.
Manzo reiteró que lo que procede es que la oposición debería poder ir primero al CNE a impugnar los resultados una vez que el órgano rector publique las actas mesa por mesa y si el Poder Electoral se sigue negando, el TSJ debería declarar inadmisible el recurso de Maduro y ordenar al ente comicial que complete los pasos que le faltan.
Arnal advirtió además que con o sin la oposición, el TSJ decidirá “más tarde o más temprano” según los intereses del Ejecutivo. Opina que, si el antichavismo decide ir a mostrar sus actas, lo que podría más bien es salir incriminada en un proceso injusto. Sostuvo que a la par de otras acciones, el antichavismo puede hacer la denuncia sobre lo ocurrido con las elecciones ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin agotar la vía interna, alegando motivos como vidas en peligro por la situación del país.
“De producirse una decisión del TSJ a favor de Maduro como es lo esperado, son actos jurídicos sin efecto político a lo interno porque no será reconocida ni por la oposición ni por los electores que exigen se respete la voluntad popular. Ante un fraude electoral masivo y sin poderes independientes, la oposición se ve forzada a recurrir a las calles, mientras el gobierno apuesta a mantenerse en el poder con represión”, apuntó la fuente anónima.