Superadas las tensas etapas de la postulación y sustitución de candidaturas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se concentra, de acuerdo con el cronograma, en la etapa de sucesivas auditorías al sistema electoral. El pasado 25 de abril, el vicepresidente del ente comicial Carlos Quintero, presentó un plan de 16 auditorías para las elecciones presidenciales del 28 de julio, a las organizaciones con fines políticos que participan y a organismos internacionales que acompañan la votación, invitados por el gobierno nacional.
“Las auditoría son un paso fundamental en el proceso electoral, es asegurarse desde el punto de vista tecnológico de que la estructura para el desarrollo de la votación, lo cual incluye el conteo de votos, sea transparente y confiable, veraz. Si se hacen adecuadamente, se tiene la convicción de que el voto depositado por elector será registrado y contado correctamente”, señaló el directivo del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Ignacio Avalos.
De acuerdo con la exposición de Quintero, son 12 auditorías previas al día de la votación, una durante la jornada y tres posteriores a la elección presidencial. La primera de las mencionadas fue la auditoría del software de las máquinas de votación (29 de abril al 3 de mayo); auditoría del Registro Electoral (6 al 8 de mayo); del archivo de configuración de la máquina de votación (21 de junio) y de datos electorales ADES Fase I (25 al 27 de junio).
Asimismo, corresponden la auditoría de los cuadernos de votación (30 de junio al 2 de julio); producción de máquinas de votación (5 al 18 de julio); software de totalización (9 al 12 de julio), infraestructura tecnológica electoral (15 al 17 de julio) y predespacho (21 de julio).
Auditoría integral corta
“Las auditorías constituyen una de las garantías fundamentales de toda elección y en Venezuela se convierten en un factor fundamental para conocer, investigar, hacer observaciones e inclusive corregir elementos asociados al proceso electoral, especialmente, lo relacionado con los componentes del sistema automatizado de votación. Unos de los primeros esfuerzos de la oposición democrática en Venezuela que participa en una elección, en consecuencia, es nombrar a sus testigos, expertos, en todas las auditorías electorales”, señaló el politólogo y experto electoral, Jesús Castellanos Vásquez.
En declaraciones a Efecto Cocuyo, Castellanos Vásquez destacó que el CNE desde 2021, ha implementado una auditoría adicional y distinta al sistema automatizado de votación, denominada Auditoría Integral, en la que se convocan a expertos de universidades, no nombrados por partidos políticos.
Para las elecciones regionales esta auditoría en la que se revisa cada uno de los componentes que integran el sistema de votación, con el fin de comprobar su correcto funcionamiento, duró seis semanas con expertos de universidades como la UCV y la Universidad Simón Bolívar.
Para las elecciones del 28 de julio sólo se contemplaron dos días y se está a la espera del informe de los expertos.
Posteriormente continúan las auditorías con la puesta cero de los centros nacionales de totalización (26 de julio) y telecomunicaciones fase I (27 de julio). Los técnicos electorales de los acompañantes internacionales participan igualmente en las auditorías, algunos por videoconferencia y otros de manera presencias, así como los técnicos de los partidos políticos. Por la observación nacional, han participado hasta los momentos la Red de Observación Asamblea de Educación.
¿Basta con las auditorías?
El directorio del CNE, encabezado por el excontralor general, Elvis Amoroso, se refiere en cada alocución al “mejor sistema electoral del mundo”. Durante la presentación del plan, Quintero instó a los partidos políticos a enviar técnicos expertos a las auditorías con el objetivo de que verifiquen la transparencia del sistema y transmitan confianza a las organizaciones y al electorado.
Pero los expertos consultados señalan que los elementos que generan desconfianza en el sistema electoral venezolano no están en las máquinas de votación, sino en lo que ocurre antes y durante el acto del sufragio y que orbita alrededor del sistema automatizado.
“El problema no está en la máquina de votación y esa certeza la tenemos por las auditorías y por las vías que el actual régimen ha utilizado para manipular resultados electorales, entre otros, como los reportes falsos no provenientes del sistema como el de la ANC de 2017, lo ocurrido en Barinas 2021 (elecciones de gobernador) y más recientemente, la no publicación de resultados disgregados en la consulta ciudadana sobre el Esequibo de 2023”, advirtió Castellanos Vásquez.
Para el politólogo, el propio día de la votación atentan contra un proceso electoral transparente y democrático el uso ya continuado de mecanismos de control social como el Carnet de la Patria, el cual le es escaneado a los electores al salir de los centros de votación en puntos rojos cercanos, en los que además se incurre en campaña electoral, el mal empleo del voto asistido, traslado de electores al centro de votación después de concluido el horario, falta de testigos electorales y el “comportamiento parcial de miembros de mesa, coordinador de centro de votación y de efectivos militares”.
De allí que uno de los principales retos de la oposición para el 28 de julio es la conformación de una red de testigos que cubra cada una de las mesas de votación, a fin de defender la voluntad popular.
El politólogo subraya igualmente que es fundamental la presencia de la observación electoral nacional e internacional calificada para registrar incidencias y vigilar el cumplimiento de la normativa electoral. Hasta ahora, la observación de organismos como la Unión Europea, Naciones Unidas y Centro Carter para las presidenciales de 2024, sigue en suspenso.
“Las condiciones ajenas a las máquinas tienen mucho que ver con la libertad de expresión del voto por parte del ciudadano. Hemos tenido formas de intimidación, control de grupos electorales para que voten por determinada opción electoral a través de los beneficios que otorga el gobierno, porque hay sectores susceptibles de ser influidos a favor de una opción política: si no votas te quito el beneficio o privilegios, con lo cual se viola su derecho a ejercer el voto libremente”, agregó Avalos.
El sociólogo advirtió igualmente que se supone que el sorteo de miembros de mesa es aleatorio, pero en un contexto arbitrario en el que se desarrolla la elección no es descabellado tener dudas sobre la aleatoriedad de esta selección que ya hizo el CNE (20 de marzo) para las presidenciales.
De allí que es importante que las personas escogidas (845.340 electores en total) y que no obedecen a parcialidades políticas se presenten, salvo razones de fuerza mayor que deben ser notificadas y que la red de testigos electorales sea robusta.
“Si faltan algunos miembros de mesa, los que están presentes están autorizados para escoger de la cola de electores que estén a esa hora para cubrir las faltas; pero si estos obedecen a una parcialidad política, podríamos estar ante una elección tendenciosa, no justa y desequilibrada”, alertó.
La ONG Súmate recuerda que el CNE debe convocar a los integrantes de las Juntas Regionales, Municipales y Parroquiales, que según el Art. 70 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) tienen entre sus funciones colaborar en localización de los miembros de las mesas y entregar las credenciales a los testigos.
De acuerdo con el cronograma electoral la capacitación de los miembros de mesa ocurrirá entre el 28 de junio y el 27 de julio. El rector Quintero ha destacado que dicha capacitación será vía internet.
Más allá del acto de votación
Las auditorías posteriores a la elección del 28 de julio son: telecomunicaciones fase II (29 de julio); verificación ciudadana fase II (2 de agosto); datos electorales ADES Fase II (5 al 8 de agosto).
En la ruta electoral se han inhabilitado dirigentes políticos con aspiraciones a Miraflores como María Corina Machado y Henrique Capriles, entre otros, medidas denunciadas como inconstitucionales por no responder al debido proceso, intervención de partidos políticos y confiscación de tarjetas electorales (la última fue la del Partido Comunista de Venezuela), a partir de las elecciones parlamentarias de 2020, además de los obstáculos para una adecuada actualización del Registro Electoral dentro y fuera del país, lo que excluye a millones de personas en edad de votar para el 28 de julio.
“En términos más generales las limitaciones al sufragio activo, por ejemplo, en la inscripción y actualización en el registro electoral, y; en cuanto al sufragio pasivo, por ejemplo, inhabilitaciones de ciudadanos para ser candidatos, y de partidos, judicialización de directivas de partidos políticos, imposibilidad de conformar grupos de electores e iniciativas propias, afectan la condición íntegra, auténtica de una elección. Y además, la opacidad informativa del CNE, las violaciones a la libertad de expresión, información y comunicación y la violencia electoral, la persecución, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas (de la disidencia política)”, agregó el politólogo.