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Un total de 13 leyes sancionadas, 11 aprobadas en primera discusión, 56 acuerdos sobre diversas materias y la conformación de 47 grupos de amistad parlamentaria con igual número de países fue el balance presentado por la Asamblea Nacional (AN) de 2020, al culminar el primer período legislativo de 2022, este 15 de agosto.

A juicio del presidente del Parlamento con mayoría del chavismo, Jorge Rodríguez, además de elaborar leyes para «la revolución judicial» y contribuir con la «recuperación económica del país», el Poder Legislativo de 277 diputados logró reconocimiento nacional e internacional.

Analistas consultados por Efecto Cocuyo admiten que el poder político en Miraflores ha hecho esfuerzos por restablecer relaciones parlamentarias con países —reconozcan o no al gobierno de Nicolás Maduro— a través de la AN de 2020, además de la representación ante organismos internacionales como la Unión Europea, a través de la designación de nuevos embajadores, lo que le ha valido reconocimiento externo.

En cuanto a la «legitimidad» de origen, advierten, se mantiene cuestionada por haber sido elegida en comicios no competitivos, pero se impone una realidad y el hecho de que el chavismo dispone de los medios para hacer cumplir las leyes que la Asamblea Nacional de 2020 sanciona, entre ellas la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) y del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

«No es representativa»

«La AN de 2020 es ilegítima porque la elección por la que llegó no fue auténtica, es decir tiene ilegitimidad de origen y de título, caso contrario de la AN de 2015 a la que sí se le expiró el título de acuerdo con la Constitución, en 2021. La Asamblea Nacional de 2020 tampoco es representativa del país porque allí no están reflejadas las minorías, solo una oposición en apariencia que vota alineada con las políticas del Ejecutivo», señaló el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli.

De allí que también destaca que, al ser mayoritariamente chavista y sin oposición en la práctica, no hay un debate sobre el contenido de las leyes que el Ejecutivo propone y se sancionan sin modificaciones de fondo.

El pasado 16 de agosto, Rodríguez resaltó igualmente que los instrumentos legales aprobados en segunda discusión representan 54 % del plan legislativo trazado para 2022 (23 leyes) y aseguró que será superado con creces entre el 15 de septiembre y el 15 diciembre, que comprende el segundo período ordinario de sesiones. La AN de 2020 convocará además sesiones extraordinarias en este receso legislativo que va desde el 15 de agosto hasta el 15 del mes que viene.

«El chavismo no necesita demasiado esfuerzo para coordinar su agenda legislativa porque no tiene ningún límite, cualquier cosa que desee el chavismo que tenga en sus dinámicas lo puede hacer, así que hay una productividad basada en la agenda aprobada a comienzos de año», expresó el politólogo Guillermo Tell Aveledo.

Reconocimiento externo de la Asamblea Nacional 2020

Aveledo apuntó que Rodríguez se ha dedicado a atender los «canales traseros» de la negociación con la oposición que se paralizó en México en octubre de 2021, pero que se mantiene «activa» en ese nivel. Esto, le ha procurado cierto reconocimiento interno como representante del Poder Legislativo y del gobierno de Maduro.

«El chavismo se ha movido entre el reconocimiento internacional y el reconocimiento del hecho de su estabilidad, lo que implica también con el cambio político en la región, un mayor acercamiento. Los efectos concretos de su existencia están siendo reconocidos interna y externamente con excepción de aquellos actores que solo reconocen a la Asamblea Nacional de 2015. Se consolida más como la realidad, lo de la legitimidad es politológicamente indiferente», sostuvo.

En este primer período de sesiones, el Parlamento de 277 diputados aprobó grupos de amistad parlamentaria con países como Colombia y Brasil, Noruega, Italia, además de los aliados como Cuba, Rusia y Nicaragua.

El 28 de julio, autorizó el nombramiento del exembajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jorge Hidalgo Valero Briceño, como nuevo representante del gobierno de Maduro ante la Unión Europea (UE), instancia que todavía mantiene sanciones internacionales.

Diputados del chavismo destacaron que las designaciones procuran la «normalidad internacional» para Venezuela y resaltaron que tanto los países que no reconocían a Maduro como los organismos multilaterales están aceptando a los representantes diplomáticos.

«Era una reacción natural de la comunidad internacional en beneficio propio, tenían que reconocer a una AN y eligieron el camino menos costoso que es reconocer a una AN ilegítima pero que ejerce, en lugar de una que ya cesó en 2021. Eso también está insuflado por la presión de países aliados de la revolución», acotó Raffalli.

Normativas de mayor impacto

Los instrumentos legales sancionados hasta el 15 de agosto fueron la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE), la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), Registro de Antecedentes Penales, reforma de la Ley contra la Corrupción, Reforma Parcial de la Ley para la Protección de las Familias, La Maternidad y la Paternidad y la Ley de Sellos.

Asimismo, la Derogatoria de la Ley sobre la Condecoración de la Orden Francisco Fajardo, Intérpretes Públicos, Reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, Reforma Parcial del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ley de Publicaciones Oficiales y la Ley de Archivos Nacionales.

«Hay leyes como la del IGTF con consecuencias terribles para el país y que son parte de una política fiscal, hubo leyes inocuas y otras incluso con buena intención como la de ZEE, pero sin debate ni consulta. El nombramiento del TSJ se hizo al margen de la Constitución con magistrados ratificados que no cumplen los requisitos. Llevar de paracaidista del CNE al TSJ a Tania D´Amelio evidencia la ausencia de independencia y separación de Poderes Públicos», rechazó el abogado.

Para Aveledo, una ley significativa porque afecta la realidad concreta de los venezolanos es la que pecha el consumo en dólares, sin importar el valor del bien adquirido por el ciudadano (IGTF). A su juicio ha servido para ralentizar algunos aspectos de la dinámica de dolarización en el país al encarecer el uso de la divisa estadounidense. Otro instrumento legal que resaltó fue el de las ZEE.

«Hay una expectativa en el gobierno de reactivar ese viejo proyecto de corte entre neoliberal y vietnamita para crear enclaves económicos, donde inversionistas extranjeros puedan tener aceso a mano de obra económica para potenciar polos industriales que discutiblemente serían de desarrollo o de simple propagación de enclaves para la expansión del consumo. Si eso desarrollará la economía es difícil afirmarlo en este momento», dijo.

Votos en contra

El Partido Comunista de Venezuela (PCV), antiguo aliado del chavismo, tachó dicha ley de «neoliberal» por considerar que entregará los recursos y riquezas del país a trasnacionales para su explotación. Mientras que la Alianza Democrática dijo no avalar la ley del IGTF porque perjudica el bolsillo de los venezolanos.

La oposición moderada también solicita que para el segundo período de sesiones se aborde en la cámara la aprobación de leyes que contribuyan con la mejora de los servicios públicos como el agua y las reivindicaciones salariales de todos los trabajadores de la administración pública.

Rafalli agregó que independientemente de la legitimidad y el reconocimiento, el poder político y las instituciones que controla como la AN, tienen el poder de hacer cumplir «por coacción» las leyes que se aprueban a través de multas, sanciones administrativas y penales.

Lo que quedó pendiente y en suspenso en la Asamblea Nacional

Las once leyes aprobadas en primera discusión a la fecha, son la Reforma Parcial de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, la Reforma del Decreto Ley de la Actividad Aseguradora, Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, Ley Especial del Régimen de Tutela, Reforma de la Ley del Sistema de Justicia y la reforma de la Ley de Fiestas Nacionales.

Asimismo, la Ley de Convivencia Pacífica Escolar (para prevenir el acoso), Protección y Promoción de la Producción del Agave Cocuy, Ley Especial del Trabajo de Personas con Discapacidad, Ley que Regula el Uso del Nombre, Títulos y Efigies del Libertador Simón Bolívar y Ley Especial de Trabajadores y Trabajadoras en el Domicilio.

Dos instrumentos legales polémicos de los cuales se advirtió se aprobarían pero quedaron en suspenso o su discusión en el seno de la Asamblea Nacional es muy hermética, son la ley de Cooperación Internacional y la reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo.

La Comisión de Política Exterior tiene un borrador de la Ley de Cooperación Internacional de 26 artículos pero se desconoce su avance real. Fue denunciada por las ONG al considerar que amenaza con cierres a las organizaciones que sean señaladas de avalar sanciones internacionales, lo que pondría en riesgo la ayuda humanitaria que muchas prestan en el país.

Sobre el instrumento legal del Ejercicio del Periodismo se advirtió que podría atentar contra la profesionalización, luego desde el seno de la AN se aseguró que su aprobación no estaba planteada.

La comentada Ley de Ciudades Comunales, aprobada en primera discusión hace más de un año, tampoco vio luz en el primer período legislativo 2022, así como la Ley del Parlamento Comunal. Ambas figuran en la agenda para este año.