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Este lunes 18 de julio culminó un juicio de cuatro días en el Tribunal Superior de Londres sobre el manejo del oro venezolano retenido en Inglaterra desde 2019, fuera del alcance del gobierno de Nicolás Maduro al que Reino Unido no reconoce.

Pero, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, será en octubre cuando la jueza Sara Cockerill decidirá si es la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Nicolás Maduro o la junta ad hoc, nombrada por Juan Guaidó, la que tiene autoridad sobre 31 toneladas de lingotes de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra.

A continuación algunas claves sobre la batalla judicial y política por el activo venezolano en el exterior:

• Tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, el 23 de enero de 2019, más de 50 países, entre ellos el Reino Unido, lo reconocieron como tal.
• En junio de 2020, el Tribunal Comercial de la Alta Corte ratificó el reconocimiento al responder de forma negativa al equipo legal del BCV nombrado por Maduro que buscaba movilizar mediante una solicitud de repatriación, una porción de 31 toneladas de oro venezolano depositados en las bóvedas del Banco de Inglaterra.
• La junta del BCV controlada por Maduro anunció apelación. El presidente de la junta, Calixto ortega declaró que se quería acceder a los activos para financiar la lucha contra el COVID-19, con apoyo de Naciones Unidas.
• Cuatro meses después, el Tribunal de Apelaciones de Londres anuló la decisión y ordenó que el caso regresara a la Corte Suprema.
• En julio de 2021, el asesor jurídico del ministerio de Exteriores de Londres, James Eadie, ratificó ante el Supremo británico que el único presidente de Venezuela reconocido por el Reino Unido es Guaidó.

¿Fase decisiva?

• El pasado 12 de julio, comenzó una nueva fase considerada «decisiva», en la batalla judicial por las reservas de oro almacenadas en Inglaterra. Inició un juicio de cuatro días, tras los cuales la División Comercial del Tribunal Supremo del Reino Unido, en cuyas manos quedó el caso a finales de 2021, debe decidir quién controla las 31 toneladas del metal precioso.

Esto, a partir del reconocimiento o no de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que en 2019, declararon nulas las designaciones de la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) y del procurador especial, para entonces José Ignacio Hernández. Es el BCV el organismo del Estado venezolano con competencia para el manejo de las reservas internacionales, de acuerdo con la Constitución.

• La jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres escucharía los alegatos de las partes para determinar cuál de las dos juntas del BCV es la legal ante el Reino Unido y por ende la autorizada para movilizar el oro venezolano, valorado en 1.600 millones de dólares.

Testigos

• El segundo día del juicio de cuatro días, testificó por videoconferencia el exmagistrado de la Sala Constitucional del TSJ entre 2005 y 2015, Francisco Carrasquero, quien negó que la cabeza del Poder Judicial esté a las órdenes del gobierno de Maduro.

Durante el interrogatorio al exmagistrado, también expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el equipo legal en representación de Guaidó intentó demostrar que el TSJ venezolano no es independiente.

• El 15 de julio testificó a petición del equipo legal del BCV controlado por Maduro, el abogado Julio César Arias Rodríguez, quien defendió las sentencias anulatorias del TSJ venezolano.
• El equipo legal de la junta ad hoc sostuvo que la representación de Guaidó no fue llamada por el TSJ para defenderse antes de emitir las sentencia, a lo que el jurista replicó que no fue considerado tras la juramentación irregular de Guaidó como presidente encargado y el desconocimiento a Maduro.
• El presidente de la junta del BCV designada por el gobierno de Maduro, Calixto Ortega también testificó pero por escrito. Defendió la «indepedencia» del TSJ venezolano y del BCV. Fue llamado asimismo, el actual secretario de la Sala Plena del TSJ, Enrique Parody Gallardo.

Fallo en octubre

• Por la junta ad hoc también fue testigo, el actual procurador especial Enrique Sánchez Falcón. El abogado constitucionalista defendió los nombramientos autorizados por la Asamblea Nacional de 2015. Justificó que la junta ad hoc del BCV y su propia persona actuaran fuera del territorio venezolano ante la persecución y represión del gobierno de Maduro contra la disidencia política.

También declararon el presidente de la junta «ad hoc» del BCV, Manuel Rodríguez, y su antecesor Ricardo Villasmil. Ambos destacaron la defensa de los activos de la República en el exterior frente al manejo «irregular» de los recursos públicos por parte de la gestión de Maduro.

• Este 18 de julio, los abogados de ambas partes presentaron sus argumentos finales ante el Tribunal Superior de Londres. El fallo de la jueza Cockerill no se conocerá antes de octubre.
• El Gobierno interino emitió un comunicado en el que agradece a la justicia británica la oportunidad de presentar sus argumentos en el juicio, en clara demostración de «respeto» a la democracia y al estado de derecho, algo que denunció, «no existe» en Venezuela. Apuesta que las sentencias del «ilegal TSJ de Maduro» no sean reconocidas por el Tribunal Superior.

Otros recursos

• Además de 31 toneladas de oro, el Deutsche Bank también quiere que un juez en el Reino Unido decida quién es el legítimo administrador de 100 millones de libras (123 millones de dólares) que pertenecen al BCV. Los recursos son producto del monto adeudado después de que en 2020 finalizara un acuerdo de swaps de oro entre el BCV y el banco alemán.

En el acuerdo firmado en 2016 hasta 2021, Venezuela recibió un préstamo por 750 millones del Deutsche Bank y a cambio puso 20 toneladas de oro como garantía. Pero Venezuela no pagó los intereses y el contrato financiero finalizó antes de lo previsto, dejando una diferencia de 123 millones de dólares ( precio al que estaba el oro cuando se firmó el contrato y cuando se finalizó).

Se considera que la sentencia de la jueza Cockerill puede ser un importante precedente para resolver también este litigio que data de mayo de 2020.