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Tras un nuevo encuentro con el gobernante Nicolás Maduro en Miraflores, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció el 31 de marzo de este año la instalación de una oficina del organismo en Caracas.

 En su momento, Khan aseguró que el acuerdo con el Miraflores permitiría darle visados especiales a sus funcionarios para que tengan acceso a Venezuela sin mayores obstáculos.

También informó que era parte de la «ampliación» del memorando de entendimiento que suscribió con Maduro en noviembre de 2021, cuando informó que existen fundamentos razonables para creer que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad, por lo que el caso contra el Estado venezolano pasaba de la fase de examen preliminar a la de investigación formal.

Dos meses después del anuncio sobre la instalación de la oficina es poco lo que se sabe sobre cuándo y cómo operará dicha dependencia en el país. ONG y activistas de derechos humanos lo consideraron un «espacio apropiado» para recoger evidencias en el terreno en el marco de la investigación por crímenes de lesa humanidad.

Fiscales de la CPI en el terreno

El pasado 7 de abril la Coalición por los Derechos Humanos aseguró que la oficina de la Fiscalía de la CPI se abrió en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, al final de la avenida Baralt, en el centro de Caracas. Pero otra ONG, el Foro Penal Venezolano, que al igual que la Coalición lleva casos de presos políticos, advirtió que la información no era cierta y que el espacio físico aún no estaba constituido.

«Ciertamente oficina física aún no hay porque eso pasa por un proceso en el que se necesitan permisos y eso tarda un tiempo, pero ya hay fiscales de la CPI que están yendo a tribunales a revisar casos. No es una oficina operativa, pero están revisando expedientes y eso deben hacerlo en los tribunales porque no se los pueden llevar a un lugar específico», señaló la abogada y miembro de la Coalición, Ana Leonor Acosta.

En declaraciones a Efecto Cocuyo la activista de DDHH también mencionó que los fiscales de la CPI, con los que asegura ha hablado, no tienen por ahora contacto con las víctimas para no afectar su seguridad, comprometer el proceso y evitar una eventual expulsión del país, pero recalca que sí están trabajando en el terreno.

Precisó que se han identificado 90 investigaciones abiertas por tales fiscales sobre más de 100 casos de presos políticos entre 2014 y 2017, años de masivas manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y durante los que se presume se cometieron los crímenes de lesa humanidad.

Indicó que se debe esperar «el anuncio en firme» del fiscal de la CPI sobre la instalación como tal de la oficina en Caracas y su entrada en funcionamiento.

A la expectativa

Otras ONG venezolanas consultadas como Acceso a la Justicia, Control Ciudadano y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) desconocen cuándo la oficina de la Fiscalía de la CPI estará operativa, pero siguen a la expectativa.

«Tener una oficina del fiscal de la CPI en Venezuela es una excelente noticia que esperamos se concrete con efectividad, pues permitirá vigilar que los graves crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela no queden impunes», expresó la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel a Efecto Cocuyo.

La activista destacó que dicha dependencia también permitirá a la Fiscalía de la CPI un seguimiento más estrecho para verificar si en Venezuela se están realizando investigaciones y juicios «contra los mismos hechos y personas que investiga la CPI y contra superiores en la cadena de mando, civiles y militares por la comisión de crímenes previstos en el Estatuto de Roma».

«Sin embargo, la oficina del Fiscal de la CPI tiene por delante el enorme desafío de garantizar la seguridad de víctimas, familiares, y defensores que establezcan contacto con dicha oficina, evitando presiones y represalias del Estado venezolano, que podrían generarse», advirtió.