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El diputado de 2020 en el exilio, Jorge Alejandro Rodríguez, solicitó acciones contra Siemens Energy y otras empresas ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) que buscan, según aseguró, proteger los activos de Venezuela en el extranjero, entre ellos la filial de Petróleos de Venezuela, Citgo.

Concretamente, el ingeniero experto en Finanzas solicitó al Departamento de Justicia estadounidense y la SEC el inicio de una investigación por la presunta relación entre el exprocurador especial designado por el gobierno interino en 2019, José Ignacio Hernández, y la empresa canadiense Crystallex, que emprendió una batalla judicial para que se ejecuten acciones de Citgo para cobrar deuda con el Estado venezolano.

El diputado suplente del Parlamento de 2020, por Avanzada Progresista, señaló que Hernández incurrió en prevaricación al ocultar a la Asamblea Nacional (AN) de 2015 que autorizó su nombramiento, no solo la relación como abogado con Crystallex sino al emitir conceptos en juicios contra la República que fueron usados contra los intereses del país por la representación de los acreedores.

Rodríguez viene haciendo esta denuncia desde 2020 y también ha señalado al partido Voluntad Popular (VP) de ocultar esta situación.

Pide investigación contra exprocurador y «protectores»

«Los daños de la estrategia de Hernández son incuantificables, facilita que todos los acreedores puedan obtener los bienes que están demandando. Incurrió en fraude contra la República y contra la AN de 2015, por ocultar cedenciales a los diputados venezolanos, agravado por su mal obrar», aseguró en rueda de prensa vía Internet, este martes 23 de mayo.

En este sentido, Rodríguez plantea al Departamento de Justicia de los EE. UU. no solo una investigación sino la adopción de medidas para proteger los activos extranjeros de Venezuela contra acciones «fraudulentas» entre exfuncionarios venezolanos y acreedores que los han puesto en peligro.

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«Quienes se prestaron a mantener esa protección sobre Hernández deben responder porque duró mucho tiempo. Hay que plantear las cosas de manera institucional para proteger un saqueo que comenzó en el gobierno de Hugo Chávez y que (Nicolás) Maduro profundizó, pero que el gobierno interino tomó medidas que empeoraron la situación de Venezuela en estos procesos, lo que salvó a Venbezuela de haber perdido ya a Citgo fue la pandemia, esto alargó este proceso y nos puso donde estamos hoy día», advirtió.

Aclaró que la designación de Hernández por parte de la AN de 2015 no constituyó delito, pero luego derivó en un conflicto de intereses porque no se tomaron las medidas para determinar en cuáles juicios podía actuar Hernández y en cuáles no, por lo que hubo «fraude continuado».

Caso Siemens Energy

Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que no tomaría «medidas coercitivas» para bloquear la subasta o un acuerdo negociado sobre las acciones de Citgo, ante lo que el gobierno de Maduro denunció «remate ilegal de acciones» de la filia de Pdvsa.  También se autorizó a la AN de 2015 a negociar la deuda de Pdvsa que contrajo el gobierno de Maduro con los acreedores.

En respuesta, la AN de 2020 sancionó este 16 de mayo la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero que establece responsabilidad penal (hasta 20 años de cárcel) para quienes, entre ellos los procuradores especiales nombrados por el interinato, se considere «usurpen» la representación del Estado venezolano en el manejo y defensa de los activos en el exterior. Aunque abogados alertaron que el gobierno de Maduro pretende usar tema de los activos para desatar una nueva ola represiva contra la oposición.

Otro caso descrito por Rodríguez es el de la empresa Siemens Energy, la cual, destacó, pretende hacer un cobro por 140 millones de dólares de deuda proveniente de Pdvsa. Explicó que no se discute sobre validez de la deuda, pero lo que sí se objeta es que la empresa fue sancionada por la SEC en 2008, por 2.000 millones de dólares al demostrarse que incurrió en prácticas corruptas en Venezuela.

«La Siemens de Venezuela reconoció el haber pagado sobornos a funcionarios venezolanos para la ejecución de contratos por 650 millones de dólares y que se cobraron 20 millones de dólares en comisiones en ese momento. En Venezuela no hubo sanciones al respecto y 15 años más tarde, la empresa quiere cobrar una acreencia por vía judicial, sin haber compensado al pueblo por prácticas corruptas, eso va contra cualquier consideración lógica o legal», argumentó,

En este sentido, Rodríguez solicitó por escrito a la SEC y al Departamento de Justicia un examen completo del asunto para evitar cualquier carga indebida sobre los recursos financieros de Venezuela.

¿Qué respuesta espera?

Sobre la respuesta de las autoridades norteamericanas, Rodríguez se manifestó optimista y recordó que la SEC ya había iniciado una investigación en 2019 que no prosperó, aseguró, por «presiones políticas».

«Pero la actitud de EEUU con respecto a Venezuela ha cambiado. Es una acción (protección de activos) que requiere la actuación de todos los venezolanos involucrados en esta defensa, he visto las respuestas de diputados de 2015, la administración actual que tiene relación con EEUU y hay disposición para cumplir con las cosas que no hicieron quienes tenían el deber. Hay personas que le dieron la confianza a VP y a Guaidó que se han dado cuenta de lo que vino ocurriendo, más allá de cualquier diferencia política, la estrategia era equivocada y ruinosa», sostuvo.

Acotó que ha intentado comunicación con la junta de Pdvsa ad hoc designada por la AN de 2015 para tratar el tema sin que hasta ahora haya obtenido respuesta satisfactoria.

Rodríguez recalcó que los procesos judiciales contra el Estado venezolano y que involucra a activos no están perdidos, aunque admitió que hay «intereses» que están a favor de que por ejemplo Citgo resulte perjudicada. Se pronunció por llegar a un acuerdo con acreedores que de manera legítima tengas deudas y pagarlas pero con base a arreglos que no perjudiquen al país.