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Un congreso con supuestos militantes del Partido Comunista de Venezuela (PCV) se realizó este domingo 21 de mayo en el Teatro Principal Bolívar, en el centro de Caracas.

Hubo franelas, gorras y banderas con las siglas del gallo rojo, pero la dirigencia nacional del partido, que acaba de cumplir 93 años, desmintió el hecho y denunció que se trata de un «montaje» del chavismo en el poder, como paso previo a una eventual intervención judicial.

«Además de la denuncia nacional e internacional, el PCV estudia y discute las acciones legales para responder porque ha habido precedentes y todos los hemos denunciado y objetado sin importar si los partidos han sido de derecha o izquierda, porque cada uno tiene sus estatutos y vida interna y deben ser respetados. Tenemos la moral en alto, 93 años de lucha contra las más férreas dictaduras, este es el PCV de Gustavo Machado y de Pío Tamayo, el verdadero», expresó el miembro del buró político pecevista, Yul Jabour.

Llamado al TSJ

En declaraciones a Efecto Cocuyo, Jabour alertó que la «arremetida» del gobierno de Nicolás Maduro contra el PCV por oponerse a sus políticas, especialmente las que han afectado a los trabajadores, vienen en escalada desde el rompimiento formal con el chavismo madurismo en el poder en 2019. Pero a partir del «falso congreso» temen cualquier acción para imponer nuevas autoridades al PCV por vía del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al que exigen no «prestarse» para la «maniobra».

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También señalan directamente a los diputados Diosdado Cabello y Jesús Faría de estar detrás de la estrategia. Rechazaron además que la Alcaldía de Caracas, dirigida por Carmen Meléndez del Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv), cediera el mencionado teatro para el evento.

Vale recordar que en 2020, la Sala Constitucional del TSJ ordenó una ola de intervenciones judiciales de partidos, entre opositores y exaliados de Maduro, como Acción Democrática (AD), Primero Justicia, Voluntad Popular, Tupamaro, Bandera Roja, Compromiso País (Compa) y Patria Para Todos (PPT). Anteriormente ya habían sido afectados el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y Copei.

«Ellos (chavismo) no tienen qué hacer más allá de lo mediático, con actos y coberturas de VTV con lo que están usando recursos del Estado, porque no tienen estructura más allá de contratar a supuestos activistas que trajeron en autobuses y que deben recibir algún beneficio económico, por lo que pueden venir acciones judiciales que no serán legales porque el último Congreso válido del PCV fue el que se realizó en noviembre de 2022 y que cumplió con los estatutos», sostuvo.

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¿Quiénes son los supuestos dirigentes rebelados?

Siete personas presidieron el llamado Congreso Extraordinario de Bases del PCV este domingo. Uno a uno fueron señalados por la dirigencia del PCV de ser funcionarios del Estado venezolano y militantes del Psuv.

Griseldis Herrera: Funcionaria del Consejo Nacional Electoral (CNE) en comisión de servicios en la Gobernación de Monagas, donde presta servicios como consultora jurídica, además de militante del Psuv, de acuerdo con Jabour.

Johan Coraspe: Militante del Psuv; funcionario del Ministerio de Comunas. También trabaja para el CNE, según el PCV, como coordinador de centro electoral en la Parroquia Altos de los Godos, Maturín, estado Monagas.

Robinson García: Militante y concejal de Somos Venezuela en el municipio Obispos del estado Barinas.

Carlos Figueroa: Candidato del partido UPP89 a las elecciones regionales de 2021.

Zoilo Arosteguí: Pertenece al equipo de trabajo de Raúl Brazón, coordinador político de la estructura regional del Psuv en Monagas.

Henry Parra: expulsado del PCV en 2021 tras apoyar públicamente la candidatura de Freddy Bernal a la gobernación del estado Táchira, fuera de la política de alianza electoral aprobada por el Congreso del partido.

Sixto Rodríguez: Abandonó el PCV hace más de una década.

¿Se quedará el PCV sin tarjeta electoral?

De concretarse la intervención judicial del PCV, la llamada Alianza Popular Revolucionaria (APR) que agrupa junto al PCV a otros exaliados del chavismo como el PPT de Rafael Uzcátegui y el Tupamaro de José Pinto, se quedarían sin tarjeta electoral para postular candidaturas ante el CNE.

«No son las siglas las que determina a un partido, sino su política, su militancia y cohesión ideológica y en el PCV hemos sido coherentes con lo que hemos luchado. Si el TSJ se presta para esta maniobra sentará un precedente negativo para la institucionalidad del país, se destruye el activismo político y la credibilidad de las instituciones, no solo son las siglas del PCV», agregó Jabour.