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El contralor general de la República designado por la Constituyente de 2017, Elvis Amoroso, anunció el inicio de una investigación contra la Alcaldía de Guatire (municipio Zamora) del estado Miranda, a solicitud de la Asamblea Nacional (AN) de 2020.

El Parlamento, con mayoría del chavismo, declaró el pasado 9 de junio la responsabilidad política del alcalde de Guatire, Raziel Rodríguez, de funcionarios de la Policía de Zamora y hasta de una fiscal del Ministerio Público (MP) y una jueza, en el desalojo forzoso de habitantes de Villa Zamora, donde según se denunció, hubo destrozos de viviendas, cosechas y detenciones arbitrarias.

La AN de 2020 anunció que se dirigiría al MP y la Contraloría para que tomaran acciones en el ámbito de sus competencias, dirigidas a sancionar a los supuestos responsables.

«Esta comisión se ha presentado ante la Contraloría General para denunciar las pretensiones de un grupúsculo de funcionarios que irrespetan la voluntad del pueblo, pensando que son dueños y señores de esos municipios donde están gobernando y no es así», advirtió Amoroso tras reunión con diputados de 2020.

Por la AN asistieron a la sede de la CGR miembros de la comisión especial «que investiga hechos fascistas» en el país, presidida por Ricardo Molina (Psuv). El grupo presentó un informe de los hechos ocurridos en Villa Zamora el pasado 13 de abril de 2022.

 A su vez dicha investigación se inició por solicitud del diputado de 2020 y primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello.

Molina agradeció al contralor la colaboración para la investigación contra el alcalde Rodríguez. Reiteró la denuncia de que «en conjunto con la policía municipal despojaron de las tierras a un grupo de campesinos de la entidad».

Alcalde «no debería estar en el cargo»

Los parlamentarios también acudieron al MP para solicitar acciones legales contra el alcalde de Guatire; la  jefa de la Policía de Zamora, Neylé Martínez; los efectivos José Ramón Parica, Raúl Romero y Belkys Ramírez; el director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Zamora, Carlos Carratú y el director de Vivienda, Evandro Rodríguez.

Asimismo, contra la fiscal cuarta del MP, del estado Miranda, Norka Martínez, y la jueza del circuito judicial penal del estado, Yusbely Caguaripano, por desconocer la carta agraria otorgada por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) a los desalojados.

«Habrá algunos imputados, habrá otros detenidos y todo debe concluir en responsabilidades concretas, civiles, penales, administrativas, de quienes actuaron en contra de estas familias campesinas y a quienes les violaron sus derechos de una manera abusiva, de una manera cuartorrepublicana que todavía, 22 años después, pretenden reinstaurar. No vamos a permitir, nosotros desde la AN y desde nuestro Estado revolucionario, que estas cosas sigan sucediendo», adelantó Molina en la sede de la Fiscalía.

Hasta sugirió que el alcalde de Guatire y miembro de Fuerza Vecinal, electo el 21 de noviembre de 2021, no debería estar en el cargo, pero aclaró que eso deben determinarlo los organismos competentes.

No hubo declaraciones del fiscal, también nombrado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, sin embargo, el MP ya había citado para el 18 de abril al alcalde para imputarlo por los hechos.