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Los Comités Populares de Derechos Humanos de distintas parroquias y sectores de Caracas y Miranda solicitaron a la Defensoría del Pueblo involucrarse en las causas de los dirigentes sociales y activistas detenidos desde el 4 de julio en Venezuela. 

A través de una carta, los comités de las parroquias Coche, La Vega, Santa Rosalía, San Pedro, La Dolorita y Petare, junto a los sectores Montalbán y Las Mayas, exigieron al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, una actuación decisiva para establecer las responsabilidades correspondientes tras las detenciones de Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho y Emilio Negrín. 

«Solicitamos que se haga presente en las causas en las que se involucran a estos dirigentes para constatar de primera mano, tanto la insustancialidad de su imputación, como las graves violaciones a los derechos humanos contra ellos cometidos», indicaron en el documento. 

Retaliación política

Los comités expresaron que las detenciones son una retaliación contra los dirigentes por defender los derechos de los trabajadores, lo que constituye una «severa amenaza» para el ejercicio de los derechos a la libertad sindical, la libre expresión y el derecho a la reunión y asociación pacíficas. 

A los dirigentes sindicales Alcides Bracho y Emilio Negrín los detuvieron en Caracas funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 4 de julio. Ese mismo día allanaron la vivienda de Alonso Meléndez, activista del estado Falcón vinculado al partido político Bandera Roja.

«Son activistas sociales vinculados a las luchas sindicales, y han tenido una destacada participación en las recientes movilizaciones realizadas por trabajadores y empleados públicos a nivel nacional, en rechazo al instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que afecta las contrataciones colectivas y las escalas salariales, y que ha sido impugnado ante el Tribunal Supremo de Justicia», añadieron.

Entre el 6 y el 7 de julio detuvieron a Gabriel Blanco, quien trabaja en una agencia humanitaria; Reynaldo Cortés, dirigente sindical regional de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), y a Néstor Astudillo. 

Los comités destacaron que las detenciones fueron arbitrarias, los allanamientos ocurrieron sin órdenes judiciales y sin la presencia de fiscales del Ministerio Público, mientras que algunos de los funcionarios participantes en los procedimientos no tenían identificación del cuerpo de seguridad al que pertenecían.

«Según denunciaron los familiares de Bracho, los funcionarios del Sebin actuantes en el operativo habrían hurtado propiedad privada de la vivienda y amedrentado a su esposa e hijos», expresaron en la carta. 

Violaciones legales

Igualmente denunciaron que a Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Emilio Negrín, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés, los presentaron en tribunales en un lapso mayor a las 48 horas previstas en la legislación venezolana. 

El Ministerio Público los imputó por los presuntos delitos de asociación para delinquir y Conspiración, según denunció el partido político Bandera Roja.

Sus detenciones ocurrieron a menos de tres meses de la visita de una comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que instaló una mesa de diálogo social en Caracas con el objetivo de hacer cumplir los convenios sobre salarios mínimos, libertad sindical consulta tripartita que viola el Estado venezolano.