Unas elecciones cuestionadas, dos virtuales presidentes, masivas protestas en la calle… muchas de las cosas que están ocurriendo por estos días en Venezuela recuerdan la crisis que vivió ese país en 2019 cuando Nicolás Maduro asumió su segundo mandato presidencial.
«Esa película ya la vimos y ya sabemos cómo termina», afirmó este martes Maduro en un discurso ante sus seguidores en el que equiparó ambas situaciones y sugirió que ahora igual que entonces obtendrá una victoria.
Pero, más allá de las aparentes similitudes, analistas consultados por BBC Mundo consideran que los resultados de las presidenciales de este 28 de julio han dejado al gobierno en una posición peor que la que tenía antes de la votación y, paradójicamente, en riesgo de perder sin remedio la legitimidad internacional que precisamente intentaba recuperar en estos comicios.
La medianoche del domingo, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, dijo que tras haber contabilizado el 80% de las actas los resultados «irreversibles» daban como ganador a Maduro y prometió que pronto publicaría los resultados detallados de los comicios.
La oposición denunció que el CNE estaba dificultando que sus testigos obtuvieran las copias de las actas de escrutinio que por ley les correspondían y que las cifras de Amoroso contradecían los datos de las actas que tenía la oposición en su poder, así como los resultados de los exit polls independientes y de los conteos rápidos realizados durante la jornada electoral.
A partir de allí empezaron a surgir peticiones dentro y fuera de Venezuela, de parte de numerosos gobiernos latinoamericanos y de otras partes del mundo, para que el CNE publicara los resultados completos y pormenorizados de las elecciones, de forma que estos pudieran ser auditados.
Sin embargo, el silencio oficial sobre los resultados se ha mantenido mientras han surgido nuevos señalamientos contra el CNE, incluyendo el informe de observación electoral del Centro Carter que denuncia el ventajismo institucional de la campaña de Maduro y señala que las elecciones no fueron limpias ni democráticas.
«Guaidó 2.0»
En el acto realizado el lunes en el que fue proclamado ganador, Maduro dijo ser víctima de un intento de golpe de Estado.
«Los mismos países que hoy cuestionan el proceso electoral venezolano, la misma ultraderecha fascista… fueron los que quisieron tratar de imponerle al pueblo de Venezuela, por encima de la Constitución, a un presidente espurio, utilizando la institucionalidad del país», señaló.
«Una especie de Guaidó 2.0», añadió refiriéndose al caso de Juan Guaidó, el opositor que presidía la Asamblea Nacional y que se juramentó como presidente interino en 2019 alegando que le correspondía ocupar la Jefatura de Estado dado que la elección de Maduro había sido fraudulenta.
Guaidó recibió el reconocimiento de unos 60 gobiernos alrededor del mundo, incluyendo muchos latinoamericanos que se agruparon en el llamado Grupo de Lima.
Ahora el gobierno de Maduro ha intentado equiparar a los países que han cuestionado los resultados electorales presentados por el CNE con ese grupo.
En un comunicado publicado el 29 de julio en el que exigió a los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay que retiraran a su personal diplomático de Caracas, el canciller venezolano, Yván Gil, acusó a esos países de tratar de «reeditar el Grupo de Lima» y de pretender desconocer los resultados electorales.
Aunque ciertamente Perú ya anunció su reconocimiento a González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales y los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Costa Rica, Rodrigo Chaves, hablaron directamente de fraude electoral en Venezuela, hay importantes diferencias entre lo ocurrido en 2019 y ahora.
Los gobiernos que desconocieron a Maduro en 2019 lo hicieron debido a que su nuevo mandato era fruto de unas elecciones que estos gobiernos consideraban fraudulentas.
En esos comicios la oposición mayoritaria decidió no participar alegando que no había condiciones para que el proceso fuera libre y justo.
Pero tanto el gobierno de Maduro como quienes le siguieron apoyando en la escena internacional, argumentaban que no había habido fraude sino que simplemente la oposición había tenido la oportunidad de participar y no lo había hecho.
En esta oportunidad, pese a que denunció la falta de condiciones para una elección libre, la oposición sí participó en los comicios y, de hecho, asegura haberlos ganado.
Esa afirmación la sustenta en las actas electorales que tiene en su poder y que -a diferencia del CNE- ha publicado en una página web para que cualquiera las puede revisar y auditar.
Otra diferencia clave es que la juramentación de Guaidó se basaba en artículos de la Constitución que establecen que, en caso de ausencia absoluta del jefe de Estado, corresponde al presidente de la Asamblea Nacional (AN) ocupar de forma temporal el Ejecutivo.
Guaidó formó una suerte de gobierno interino, paralelo al de Maduro, que intentó -infructuosamente en la mayoría de los casos- ejercer la Presidencia.
González Urrutia, en cambio, fue candidato en las elecciones presidenciales y asegura tener las actas de escrutinio que demostrarían su triunfo.
Él no reclama ser presidente ahora ni pretende formar un gobierno paralelo, sino que se reconozca su victoria, lo que debería permitirle asumir la Jefatura de Estado en enero, cuando empieza el nuevo periodo presidencial.
En caso de que la oposición realmente haya ganado las elecciones, además con un apoyo superior al 70% como el que afirman haber recibido, González Urrutia contaría con un mandato expreso y masivo de los venezolanos para convertirse en presidente, mientras que Guaidó era un parlamentario poco conocido al que supuestamente le correspondía asumir el cargo debido a su rol en la AN.
Benjamin Gedan, director del programa para Latinoamérica del Wilson Center en Washington, considera que la situación de Maduro dentro de Venezuela es ahora más difícil.
«Esas elecciones hicieron mucho daño al perfil interno de Maduro porque lo que tenemos ahora es una población totalmente movilizada, comprometida con un proceso electoral que ahora no sigue y con esperanzas incumplidas de lograr una transición política», le dijo Gedan a BBC Mundo.
«Es una población decepcionada, pero con rabia también y dispuesta a manifestar o a buscar otros caminos para realizar los cambios políticos que exigen», agregó el experto.
Indicó, además, que muchos de los militantes tradicionales del chavismo no acudieron a votar porque, aunque no están a favor de la oposición, quieren un cambio político en el país.
El malestar de quienes votaron para lograr un cambio se estaría reflejando en las manifestaciones que se han dado en Venezuela desde el lunes, según ha señalado el expresidente del CNE Andrés Caleca, quien en la actualidad es parte de la oposición.
«La gran diferencia es que estas protestas no son para defender a un político (…) la gente está protestando porque le están robando su voto«, dijo Caleca en una entrevista con la televisora VPI.
Agregó que tanto los electores como los testigos del oficialismo y los militares que estuvieron custodiando los centros electorales en toda Venezuela saben lo que allí ocurrió y, según ha dicho, están conscientes de la victoria de González Urrutia, lo que debilitaría la situación interna de Maduro.
De las sanciones a la reinserción internacional
Como consecuencia de la reelección cuestionada en 2018, el gobierno de Maduro fue sometido a numerosas sanciones internacionales en 2019 por parte de la Unión Europea y, especialmente, de Estados Unidos, cuyo gobierno adoptó una serie de medidas que limitaron la posibilidades de la petrolera estatal venezolana Pdvsa para explotar y comercializar el crudo venezolano.
Estas sanciones se produjeron en un momento en el que la economía venezolana venía sufriendo varios años de gran contracción, se encontraba en default de la deuda externa y padecía de una crisis hiperinflacionaria.
Así, el gobierno inició una suerte de travesía en el desierto en el campo internacional durante la cual conservaba a sus aliados del ALBA (Cuba, Nicaragua, Bolivia y varias islas del Caribe), así como otros aliados internacionales como Rusia, China, Irán y Turquía.
Esta situación empezó a cambiar a partir de 2021, cuando Maduro fue invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en México.
Ese mismo año, gracias a la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, se inició un diálogo entre Washington y Caracas que permitió algunos acuerdos puntuales.
La salida del poder de mandatarios de derecha en países como Bolivia, Brasil o Colombia también fue ayudando a que Maduro poco a poco recuperara reconocimiento y avanzara en una cierta normalización de su estatus internacional.
Como parte de este proceso, Biden flexibilizó en noviembre de 2022 las sanciones petroleras para permitir que la empresa estadounidense Chevron ampliara sus operaciones en Venezuela, a cambio de que el gobierno de Maduro se sentara nuevamente a negociar en México con la oposición venezolana.
Así se inició un proceso que conduciría a las elecciones de este 28 de julio que, en caso ser consideradas como suficientemente limpias, habrían abierto la puerta para la relegitimación de Maduro y, en consecuencia, al levantamiento de las sanciones internacionales en contra de su gobierno.
Pero, hasta ahora, este no parece que va a ser el caso.
«Una oportunidad totalmente perdida»
Pese a que el gobierno de Maduro los da por buenos y rechaza cualquier sugerencia de malos manejos, los resultados de las presidenciales del 28 de julio anunciados por el CNE fueron recibidos con bastante escepticismo por parte de la comunidad internacional.
Si bien países como Nicaragua, Rusia, Irán, Bolivia, Cuba, China y Honduras reconocen como legítimo el triunfo del actual mandatario y lo felicitaron, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que los resultados eran «difíciles de creer», mientras el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, afirmó que el escrutinio «claramente estuvo viciado».
El gobierno de Brasil ha sido más cauteloso, pero ha dejado claro que considera la publicación de las actas como un “paso indispensable hacia la transparencia, la credibilidad y la legitimidad del resultado de las elecciones”.
Incluso el presidente Lula da Silva, un aliado tradicional de Maduro, abogó por la presentación de las actas para resolver la disputa.
Si las dudas sobre la limpieza de su elección no se despejan favorablemente es improbable que Maduro logre la relegitimación que busca y, sin esta, es difícil que la economía internacional logre una plena recuperación, pues según señalan numerosos economistas, no solamente necesitará el levantamiento de sanciones, sino una renegociación de la deuda externa, la entrada de cuantiosas inversiones y el apoyo financiero de organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial.
Gedan explica que hay mucho interés en el petróleo de Venezuela, debido a que el país sudamericano todavía tiene una gran capacidad de producción, pero no cree que esas inversiones se concreten.
“No lo veo factible porque hay tanta incertidumbre política. Hay una gran posibilidad de que las sanciones vuelvan. Y tampoco hay la posibilidad de un cambio profundo en el marco legal. Eso también es algo que buscan las petroleras: jugar un rol más protagónico en el sector energético, pero por ahora el marco legal de Venezuela es muy socialista”, señala.
“Todos los expertos que analizan el sector energético de Venezuela dicen claramente que no tiene futuro sin una transición política. No importa lo que pasa con las sanciones de Estados Unidos, lo que el país necesita es una renovación total de los gobernantes, otro marco regulatorio para el sector, nuevas leyes e inversiones enormes para reconstruir este sector que ha quedado casi totalmente destruido”, apunta.
Bull señala que esta crisis de legitimidad no afectará la alianza que mantiene Maduro con China y Rusia, pero advierte que la situación internacional ha cambiado en comparación con 2019.
“Rusia no tiene capacidad económica en esos momentos para brindarle a Maduro el apoyo que le daba en 2019 para evitar las sanciones. Con China sí hay una relación, pero Maduro sabe muy bien que China no está dispuesto a darle más financiamiento”, dice la experta.
En el frente latinoamericano, Gedan advierte que el proceso de “normalización” de relaciones entre Venezuela y los países de la región ha sufrido un frenazo con las crisis de legitimidad derivada de las elecciones.
“Va a ser muy difícil para la mayoría de los gobernantes en Latinoamérica normalizar las relaciones con este gobierno, porque todavía existe un compromiso regional con la democracia y está a la vista que en Venezuela no existe democracia”, afirma.
Explica que eso no significa necesariamente la aplicación de sanciones regionales -que no son usuales- ni cierre de embajadas.
“Lo que eso significa es que Venezuela no tendrá aliados en la región justificando su comportamiento, que es lo que tenía por muchos años. Para gente como Lula, como el presidente colombiano Gustavo Petro o como el exmandatario argentino Alberto Fernández, va a ser muy difícil defender el comportamiento del régimen o justificar las violaciones de Derechos Humanos después de esas elecciones”, concluye.
