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El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ofreció pistas sobre el segundo memorándum de entendimiento que firmó con el gobierno de Nicolás Maduro para abrir una oficina en Venezuela, aunque no hizo público su contenido.

En la reseña que publicó en la página oficial de la CPI hay elementos reveladores sobre su estrategia, que Thairi Moya, doctora en derecho y profesora de derecho internacional público de la Universidad Complutense de Madrid, explica en entrevista concedida a Efecto Cocuyo.

Reforma legislativa

Lo primero que destaca Moya es la reforma legislativa que persigue Khan, pues la ausencia de una ley de cooperación con la CPI es uno de los “talones de Aquiles” de Venezuela, comenta Moya.

“La intención de este memorándum es ayudar al Estado venezolano a que adopte las medidas de cambio legislativo necesarias y que los funcionarios venezolanos aumenten sus conocimientos del Estatuto de Roma y las modalidades de cooperación de la CPI, lo dice el comunicado del fiscal”, apunta.

La profesora subraya que “el corazón que bombea todo el cuerpo del Estatuto de Roma” es “el tipo de responsabilidades y las modalidades de participación en la comisión de los crímenes”, lo cual debe ser objeto de los cambios legislativos propuestos.

Si bien Moya recuerda que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI ha establecido que los crímenes de lesa humanidad se pueden juzgar con figuras paralelas o alternas establecidas en la jurisdicción nacional, señala que «la falta de figuras de autoria y participación en la comisión de los crímenes nacionales» se ha convertido en un obstáculo para juzgar a los altos mandos que pudieran estar implicados.

Alcance de la oficina del fiscal de la CPI

Lo siguiente que destaca la experta es el objetivo de “acercar el trabajo (de la fiscalía de la CPI) a Venezuela” que tendrá la oficina, un propósito que también fijó el fiscal en su informe de gestión de 2022.

Le Procureur #KarimAAKhanKC & S.E. Nicolás Maduro ont signé vendredi un mémorandum d’accord établissant un bureau #CPI Bureau du Procureur à #Caracas.

Le bureau:
🔹Rapprochera notre travail de 🇻🇪
🔹Fournira de l’assistance
🔹Renforcera la coopération pour la responsabilité pic.twitter.com/PihHxc2YLS

— CPI-Cour pénale int. (@CourPenaleInt) June 12, 2023

Esto parece sugerir, en opinión de Moya, que el alcance de la oficina no estará limitado únicamente a la asistencia técnica, también pudiera estar relacionada con la investigación, específicamente con la recolección y preservación de evidencia.

“En el informe de gestión del año 2022, el fiscal dice que esas oficinas van a tener la misión de acercar las prácticas de trabajo de la fiscalía y ¿cuál es su trabajo?, investigar la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad”, argumenta.

Adicionalmente, Khan señala en su más reciente comunicado que su oficina “profundizará las alianzas con todas las partes interesadas y, en particular, continuará fortaleciendo su compromiso con la sociedad civil”.

En el informe de gestión referido por la profesora, el fiscal de la CPI destaca que su oficina ha buscado implementar un modelo renovado “centrado en el campo” por su labor investigativa. Con esto, aspira enriquecer el conocimiento sobre la situación de los países y asegurar el acceso a la evidencia de manera más oportuna.  

“También contribuirá a un alcance mejorado cualitativamente, así como acceso a testigos y comunidades locales. La participación también puede resultar en sinergias, lo que permite a la Fiscalía aumentar su apoyo a los esfuerzos nacionales de rendición de cuentas en consonancia con la prioridad declarada por el Fiscal de mejorar la implementación efectiva de complementariedad”, justifica en el informe.

Por lo antes dicho, Moya considera que la apertura de la oficina en Venezuela “es una señal positiva” y no implica que la investigación del fiscal se vaya a paralizar.

La propia fiscalía puntualizó que la autorización para reanudar la investigación sigue en curso ante la Sala de Cuestiones Preliminares.

¿Qué sigue?

Thairi Moya, profesora de Derecho Internacional, cree que hay altas probabilidades de que el fiscal reciba “luz verde” de la sala para seguir investigando tras la recepción de más de 8 mil testimonios de potenciales víctimas.

En este escenario es de esperar que el Estado venezolano intente una acción para seguir retrasando el proceso. Sin embargo, “hasta que no demuestre que hay un interés  y una capacidad genuina de llevar justicia a las víctimas, no va a haber cambios significativos en el comportamiento de la CPI”, dice Moya.

Advierte que antes de que el fiscal pueda emitir órdenes de captura o comparecencia deberá blindar sus casos y esto requiere tiempo.

La Fiscalía de la CPI también abrió un examen preliminar a partir de la denuncia que hizo el Estado venezolano, en el que alega que se han cometido crímenes de lesa humanidad como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos y solicita que se inicie una investigación con miras a determinar si una o más personas podrán ser imputadas por la comisión de esos crímenes”.

Moya opina que la reciente declaración del expresidente Donald Trump, en la que confiesa su interés por apropiarse del petróleo venezolano, podría elevar esta denuncia, conocida como “Situación de Venezuela II”, a un siguiente nivel dentro del examen preliminar.