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En su tercera visita al país, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció la apertura de una oficina en Venezuela en la que su equipo prestará asistencia técnica.

Tras la firma de un segundo memorándum de entendimiento con el gobierno de Nicolás Maduro, Khan adelantó que ya tienen la ubicación de la oficina y que, incluso, tuvo oportunidad de visitar la sede física.

“Ahora vamos a poder venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana, de manera que podamos ayudar a Venezuela con asistencia técnica y capacitación”, dijo.

El fiscal, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab también visitó la oficina, según confirmó en entrevista concedida al canal Venevisión.

Implicaciones de la oficina de la fiscalía de la CPI

Pero ¿qué significa y por qué es importante para los venezolanos?

Si bien el memorándum de entendimiento no ha sido publicado y la Corte Penal Internacional (CPI) tampoco ha reseñado la visita del fiscal a Venezuela, expertos explican cuáles pueden ser las implicaciones a partir de las declaraciones, las obligaciones contenidas en el Estatuto de Roma y de la información disponible en los acuerdos previamente adquiridos por el Ejecutivo.

Es preciso recordar que, en marzo de 2022, Maduro y Khan firmaron un primer acuerdo de cooperación técnica y, en el marco de este convenio, anticiparon la apertura de dicha oficina.

El especialista en derecho internacional, Simón Gómez Guaimara señala a Efecto Cocuyo que la fiscalía de la CPI busca dotar de herramientas, en forma de conocimiento técnico, a los funcionarios venezolanos con el objetivo de coadyuvar a que los juzgamientos de fichas o figuras implicadas en violación de derechos humanos puedan llevarse a cabo. También advierte que “se trata de un ejercicio inédito en la actuación de la CPI”.

El abogado considera que Khan lleva adelante una estrategia de “complementariedad dinámica” que no excluye la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, para la cual espera la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI.

“Esta cooperación técnica busca que el Estado resulte fortalecido institucionalmente, pero también que en definitiva existan investigaciones y enjuiciamientos en el marco de la situación que se investiga”, expresa.

Gómez considera que la continuación de la investigación para el inicio formal de un proceso penal es un escenario altamente probable y reitera que la instalación de la oficina “en nada entorpecería la investigación y los posibles juicios que pudieran darse”.

La única forma de que la fiscalía de la CPI se inhiba de actuar en Venezuela es que “se compruebe que hay justicia real”. “Se tendrían que llevar adelante investigaciones contra los máximos responsables, mientras eso no exista, Venezuela no puede impedir que el fiscal ejerza sus competencias”, expone.

Aunque la oficina es un paso significativo y trascendental, el experto subraya que se requiere una plena disposición de las autoridades venezolanas para llevar a cabo las reformas que necesitan los órganos de administración de justicia.

“La situación ideal sería aquella en la que se produce una transición hacia la democracia o hay una voluntad real de reinstitucionalizar el país, se instala un sistema de justicia independiente y se juzgan a mandos medios o bajos implicados, mientras la CPI juzga a los máximos responsables”, opina.

El profesor de derecho penal internacional y derechos humanos, Fernando Fernández explica que estos acuerdos de entendimiento por lo general “buscan fortalecer al país concernido para que realice reformas estructurales a los fines de poder acometer investigaciones”.

En este sentido, cree que Venezuela tiene un desafío enorme: “Lo adecuado sería crear una ley especial, un código, que reúna todas las materias relacionadas con el Estatuto de Roma. Los principios, los tipos penales (crímenes internacionales) que no existen en la legislación venezolana, las normas de cooperación con la CPI y con los Estados parte para casos de extradición o para el tránsito de testigos y víctimas por el país que tengan que ir a La Haya, ese sería el paquete legislativo que tendría que acometerse”.

Adicionalmente, se requiere un Poder Judicial independiente que esté “libre de presiones políticas del Ejecutivo y de los factores políticos parlamentarios partidistas”, añade el abogado.

“Se necesita una jurisdicción penal especial distinta a la ordinaria y a los vicios que esta representa con los jueces provisorios, las personas afiliadas al partido de gobierno y un margen de corrupción amplísimo que es inaceptable”, apunta.

“Lo mismo pasa con el Ministerio Público y con los órganos de investigación penal que tienen que ser independientes. Debe incluirse un nuevo sistema penitenciario para las personas que resulten condenadas y que no podrían ir a las cárceles comunes porque no están adaptadas a los estándares internacionales”, argumenta.

La importancia de la oficina, a juicio de Fernández es que la fiscalía de la CPI “tendrá inmediación que consiste en estar en el terreno, eso le permitirá ver cómo funciona el país y no es lo mismo hacer un análisis en abstracto, desde La Haya, a más de seis mil kilómetros de distancia”.

Aunque, comenta, “las imperfecciones, defectos, fallas y lagunas legislativas de Venezuela son tan grandes que se pueden ver desde Saturno o Plutón”.

Aclara que la oficina “no viene a hacer investigación, no va a suplantar los esfuerzos forenses de la Fiscalía de la CPI, viene simplemente a fortalecer el Estado venezolano que ha tenido un esfuerzo totalmente equivocado con la llamada revolución judicial de 2021 y 2022”.

Fernández coincide en que la estrategia de Khan “es un esfuerzo de doble vía”, según la cual se busca fortalecer al Estado venezolano para que a futuro pueda emprender investigaciones genuinas y relevantes.

Además comenta que una señal positiva para el fiscal de la CPI hubiese sido que en Venezuela se abrieran antejuicios de mérito contra los posibles “autores mediatos” de los crímenes cometidos, pero esto no se hizo.

“En el Estatuto de Roma, el foco son los autores mediatos, los que están en la cúspide de la cadena de mando que pudieran tener responsabilidad penal por sus actos o por sus omisiones”, manifiesta.

¿Qué sigue?

Ambos especialistas ven como escenario más probable que la Sala de Cuestiones Preliminares autorice la continuación de la investigación en Venezuela.

“La autorización de la investigación, que creo que es la que va a predominar tras los testimonios de las más de 8 mil posibles víctimas, inclinaría la balanza hacia lo que podría ocurrir en La Haya”, dice Fernández.

“Desde una posición objetiva podemos tener una expectativa alta de que el fiscal va a ser autorizado y, en este caso, es probable que Venezuela apele la decisión. Sin embargo, mientras se tramita ese recurso, el fiscal no estaría impedido de continuar con la investigación porque la interposición de una apelación no tiene efecto suspensivo, aunque seguramente actuaría con prudencia”, afirma Gómez.

De acuerdo con Gómez, la autorización de la investigación lo que hace es iniciar un proceso que busca conocer a profundidad los hechos ocurridos, tratar de establecer un lazo entre esos hechos y la actuación o la omisión de ciertas personas. En Venezuela estos crímenes parecieran estar relacionados con funcionarios públicos y estructuras del Estado.

“Luego el fiscal recabará evidencia que le permita crear lo que llamamos casos, que son situaciones procesales contra personas señaladas, ahí es cuando viene el hito siguiente en el proceso de investigación que es la apertura de un caso a través de una orden de arresto o de comparecencia contra una o varias personas. Pero para esto no existe un plazo y depende de la evidencia que tenga el fiscal, también de los recursos financieros de los que disponga”, concluye.