El gobierno de Nicolás Maduro rechazó este sábado el proyecto de ley que se aprobó en el Senado de Estados Unidos y que busca prohíbir a las agencias federales de ese país que puedan hacer negocios y otorgar contratos a empresas que tengan negocios con la gestión de Maduro.
El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó, a través de un comunicado, la aprobación de lo que considera una «nefasta propuesta de ley que, tanto en su nombre como en su contenido, constituye una violación a las libertades económicas y una grave ofensa al pueblo venezolano».
«Este instrumento (…) vulnera la integridad del pueblo soberano de Venezuela, así como la de las mismas empresas estadounidenses, al colocarlas en riesgo de ser penalizadas, de manera arbitraria, injusta e ilegal, al ejercer su derecho al libre comercio mediante contrataciones con el Gobierno bolivariano», reseña el documento.
Te explicamos: Proyecto de ley Bolivar: ¿endurece o flexibiliza las sanciones contra Maduro?
El texto de Cancillería afirma que la propuesta de ley representa a sectores «ultraconservadores y golpistas que no tienen ningún interés en ver en Venezuela un proceso de desarrollo, una mejoría en la calidad de vida de nuestra población y, mucho menos, que se garanticen elecciones libres y justas, al promover más obstáculos y medidas hostiles en contra del país».
Para la cartera de exteriores venezolana señaló que la normativa ofende a los venezolanos, a su historia y al Libertador, Simón Bolívar.
Este proyecto de ley establece «excepciones necesarias» para la prestación de ayuda humanitaria y para el socorro en casos de desastre, según la nota de prensa del equipo del senador Scott. Asimismo, permite que el «secretario de Estado elimine la restricción cuando sea de interés nacional de los EE.UU.”
Con información de EFE
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El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó, a través de un comunicado, la aprobación de lo que considera una «nefasta propuesta de ley que, tanto en su nombre como en su contenido, constituye una violación a las libertades económicas y una grave ofensa al pueblo venezolano».
«Este instrumento (…) vulnera la integridad del pueblo soberano de Venezuela, así como la de las mismas empresas estadounidenses, al colocarlas en riesgo de ser penalizadas, de manera arbitraria, injusta e ilegal, al ejercer su derecho al libre comercio mediante contrataciones con el Gobierno bolivariano», reseña el documento.
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Con información de EFE