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El Senado de Estados Unidos (EEUU) aprobó un proyecto de ley denominado Bolivar (por sus siglas en inglés) que prohíbe a las agencias federales de ese país hacer negocios con cualquier persona vinculada al gobierno de Nicolás Maduro.

La normativa tiene que recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes y la firma del presidente Joe Biden para que tenga efecto.

Sin embargo, al recibir el respaldo unánime del Senado tiene altas posibilidades de tener el visto bueno de la Cámara Baja y hace improbable un veto presidencial, según el internacionalista Iván Rojas.

El proyecto de ley que “dinamita” cualquier ruta al diálogo, según Miraflores, incorpora muchas excepciones que dan “más margen a Biden para aflojar o apretar, según sea la necesidad”, en opinión de Rojas. “Este es un marco que da para lo que la administración y el Congreso quieran que dé”,  señala el directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri).

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena enérgicamente un nuevo intento por parte del Congreso estadounidense de vulnerar los derechos económicos del pueblo venezolano y ofender la memoria del Libertador, Simón Bolívar. pic.twitter.com/Z2XHSFZ5Y5

— Carlos Faria (@Fariacrt) December 17, 2022

La norma excluye aquellas operaciones que tengan como fin brindar asistencia humanitaria a las y los venezolanos y también exceptúa a quienes (persona natural o jurídica) tengan una licencia válida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros para operar en Venezuela.

Lo que, en teoría, “protege” la autorización otorgada a la petrolera Chevron para explotar crudo venezolano, por ejemplo.

Adicionalmente, permite al Secretario de Estado eliminar las restricciones cuando se trate de un “asunto de interés nacional” de los Estados Unidos.

Sobre las consecuencias que pudiera tener, Rojas responde que dependerá de cómo las empresas y el entorno se tomen la futura promulgación de esta ley: “Existe el concepto que es el overcompliance; es decir, las empresas no solo se atienen a la letra de la ley sino que sobrecumplen, se alejan lo más posible de Venezuela, para evitar inconvenientes. Es difícil predecir si va a tener un efecto muy grande porque ya tenemos un régimen de sanciones”.

La ley Bolivar “es simbólica”

El economista y profesor de la Universidad de Denver Francisco Rodríguez es tajante al afirmar que este proyecto de ley “es esencialmente simbólico”.

“El Bolivar prohíbe que el gobierno de Estados Unidos contrate con una compañía que esté contratando con el gobierno de Maduro, pero dadas las sanciones, ya de por sí estas transacciones son ilegales, salvo algunas excepciones”, expone.

Para Rodríguez, el proyecto de ley tampoco implicaría “ningún efecto sobre ninguna variable económica relevante”. “Es una ley con la que los senadores promotores ganan algunos puntos con los grupos más partidarios de una línea dura contra Venezuela en Estados Unidos, pero que no restringe de ninguna forma significativa la acción de la administración Biden ni cualquier decisión que pueda tomar de flexibilizar sanciones”, expone.

Otra visión

El abogado, especialista en derecho administrativo y constitucional, José Ignacio Hernández, considera que la ley “genera una suerte de barrera a la administración de Biden en cuanto continuar interactuando discrecionalmente con el gobierno de Maduro”. “Ahora tendría que pasar por los filtros que esta ley crea”, comenta.

El exprocurador del gobierno interino considera que Estados Unidos tiene dos políticas externas hacia Venezuela que son paralelas y que no necesariamente coinciden: la de sanciones y la de reconocimiento.

En este sentido, considera que la política de flexibilización de Biden, particularmente la licencia a Chevron, generó malestar en el Senado, no solo en los republicanos sino también en los demócratas y esto podría explicar por qué se aprueba la ley Bolivar en este momento.

“Esta ley lo que viene es a reforzar la política de reconocimiento, dice que como en Venezuela hay un gobierno legítimo, que es el gobierno interino, Estados Unidos solo puede lidiar legalmente con el y solo pudiese interactuar con el gobierno de Maduro para fines humanitarios, lo cual es una excepción”, afirma.

En relación con el sobrecumplimiento responde que “está afectando a todas las operaciones que no están prohibidas porque el riesgo hacia Venezuela es alto”.

No obstante, se refiere al deterioro del clima jurídico en Venezuela y a los reportes de corrupción como otros factores que elevan el riesgo además de las sanciones.

Hernández advierte que hay un problema adicional: el mandato de la Asamblea Nacional y del presidente encargado expiran el 5 de enero de 2023 y, sin un gobierno legítimo, “la ley no sería aplicable”.

La prórroga del gobierno interino luce cuesta arriba para 2023 tras la pérdida de respaldo político de los principales partidos de la Plataforma Unitaria.

Ante el escenario probable de que desaparezca el gobierno interino, el abogado explica que Maduro va a poder reclamar la representación de Venezuela para tomar control de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos, y del oro de Venezuela que está bajo custodia del banco de Inglaterra.

Puede leer el proyecto de ley completo haciendo clic aquí.