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El juzgado tercero de primera instancia en lo civil, mercantil y del tránsito del estado Táchira admitió la demanda por presuntos daños morales contra la exgobernadora del estado Laidy Gómez.

El demandante es el actual gobernador Freddy Bernal, quien además es oponente político de la dirigente de Acción Democrática.

La jueza provisoria Maurima Molina Colmenares también dictó medidas cautelares nominadas que prohíben a Gómez enajenar y gravar sus bienes inmuebles.

Según la demandada, este dictamen pone en riesgo la vivienda principal en donde vive con su hija de tres años de edad. Esto debido a que tendría que entregarla como parte del pago de 12 millones de dólares que debe hacer por indemnización, si se ratifica en juicio la sentencia en su contra.

Efecto Cocuyo consultó a tres abogados especialistas en distintas áreas relacionadas con el caso para conocer si la denuncia que hace la opositora tiene fundamento y cuáles son las implicaciones que puede tener este proceso judicial sobre su hija menor de edad.

Interés superior del niño

La abogada penalista y exdirectora de Familia del Ministerio Público, Doria Bernaim, considera que la decisión de la jueza “es desproporcionada”.

“Su equipo de defensa debería estar pidiendo medidas de protección por la desproporción de las medidas cautelares sobre el bien inmueble que es su vivienda principal. Estas acciones deben ejercerse en tribunales de protección del niño, niña y adolescente y debe privar el interés superior del niño”, explica.

La abogada también considera que el equipo de defensa de Gómez debe ejercer un recurso de apelación ante el tribunal que lleva el caso, en este caso el juzgado tercero de primera instancia en lo civil, mercantil y del tránsito del estado Táchira.

Lo que dice la Lopnna

El interés superior del niño está garantizado con especial énfasis en los artículos 4 y 8 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).

El artículo 4 sobre el principio de corresponsabilidad establece que: “El Estado, las familias y la sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta su protección integral, para lo cual tomarán en cuenta su interés superior, en las decisiones y acciones que les conciernan”.

Así mismo, el artículo 8 señala: “El Interés Superior del Niños, Niñas y Adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías (…)”.

“(…) En aplicación del Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.

El abogado criminalista y director de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Juan Carlos Thula, coincide en que las medidas dictadas por la jueza “son excesivas”.

“Aunque los daños morales no tienen una dimensión pecuniaria, ni un parámetro establecido, su cuantía será fijada con base en el análisis objetivo de las circunstancias del caso. Sin embargo, su finalidad no es el lucro, de tal manera que me parece algo excesivo. Desconozco si la exgobernadora tiene bienes que sumen esa cuantía (12 millones de dólares)”, explica.

Otro aspecto que considera desmesurado son las medidas cautelares que se dictaron sobre el inmueble porque argumenta que tienen la finalidad de evitar algún riesgo que impida el desenvolvimiento efectivo del proceso “y siendo la exgobernadora una persona pública y con arraigo en la región no creo que vaya a actuar negativamente para entorpecer el proceso”.

Thula subraya que “la hija no puede quedar desamparada y sin vivienda, toda vez que priva el interés superior del niño y su protección”.

“Pareciera que es la judicialización de la política o el uso de la misma como arremetida política”, cuestiona.

Una exjueza en materia de protección del niño, niña y adolescente, quien pidió mantener su nombre en reserva, considera que la jueza “se extralimitó en sus funciones porque no midió que dentro de esa vivienda se encuentra una niña”.

La especialista señala que la defensa de Gómez debe probar que la propiedad está constituida como vivienda principal pues la ley venezolana protege este tipo de bienes contra medidas de embargo y prohibición de gravar o enajenar.

Pero también puede solicitar, ante un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes, la constitución de hogar y otro tipo de medidas de conformidad con el artículo 466 de la Lopnna.

“La parte demandada tiene herramientas jurídicas como la oposición o la apelación, en este caso para que un juez de otra instancia verifique si se llenaron los extremos legales en el caso”, expone.

Y agrega: “Como juez uno tiene que equilibrar y ponderar todos los derechos que están presentes en un caso, ponerlos en una balanza y administrar justicia. Cuando no se llenan los extremos legales se está vulnerando el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y el debido proceso”.

A juicio de la exjueza el caso “parece, más allá de un litigio limpio, una guerra de poder” entre los dirigentes políticos.