El rol del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desde 2022 bajo la presidencia de Gladys Gutiérrez, sigue bajo la lupa de organismos internacionales y organizaciones venezolanas, defensoras de derechos humanos, por ser considerado la cabeza de un Poder Judicial que carece de autonomía, contraviniendo lo que ordena la Constitución.
«El TSJ no solo es que está a favor del gobierno de Nicolás Maduro sino que forma parte del aparato represivo del Estado (…) No le da la razón a los ciudadanos afectados por el poder y cuando lo hace es la excepción y no la regla y a favor de personas que no le representen un peligro políticamente», es la evaluación general que hace el codirector de la ONG, Acceso a la Justicia, Alí Daniels, sobre el desempeño del máximo juzgado este 2023.
Aunado a ello, subrayó el abogado, el TSJ que en 2022 redujo su número de magistrados de 32 a 20 por decisión del Poder Legislativo, no demostró eficiencia, puesto que solo 28% de las sentencias que dictó este 2023 fueron definitivas.
«Se dijo que al bajar el número de magistrados habría más eficiencia en las decisiones de cada Sala pero fue todo lo contrario, lo que determina las decisiones es la voluntad política, lo que realmente el TSJ quiere resolver», acotó.
A continuación un balance de las decisiones más importantes tomadas por el TSJ a lo largo de este año y por qué se considera que violaron derechos establecidos en la Carta Magna tales como el derecho a la participación política y la libre asociación, entre otros.
Intervención de la Cruz Roja y el PCV
El 5 de agosto de 2023, la Sala Constitucional del TSJ ordenó la intervención de la Cruz Roja Venezolana y se impuso una directiva encabezada por el expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, a quien se le encomendó un proceso de reestructuración.
Se aseguró que no se pondría en peligro la labor humanitaria de la organización en el país, pero en su momento ONG como Provea advirtieron que se sentó un precedente «muy grave» porque se abrió la puerta a la intervención de cualquier ONG en Venezuela, bajo presunciones de malos manejos. Se alertó sobre la violación del artículo 52 de la Carta Magna, el cual establece que toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos de conformidad con la ley.
«A mi juicio la intervención de la Cruz Roja fue una de las decisiones más graves de este año, a la fecha sigue controlada por la Sala Constitucional con una directiva vinculada al oficialismo, en violación al derecho de la libre asociación», dijo Daniels.
2023 también será recordado como el año en el que el poder político, por vía judicial, le puso finalmente las manos al Partido Comunista de Venezuela (PCV), antiguo aliado del Gran Polo Patriótico, convertido en uno de los más acérrimos críticos de la gestión de Maduro.
El 11 de agosto, la Sala Constitucional desplazó la autoridad del presidente del partido del gallo rojo, Perfecto Abreu y del secretario general, Oscar Figuera, para imponer una directiva ad hoc, encabezada por Henry Parra, quien ahora tiene el control de la tarjeta electoral y la potestad legal para inscribir candidaturas ante el Poder Electoral.
Contra las primarias
Una vez convocado el proceso de primarias, el politólogo y aspirante a la Presidencial, Luis Ratti, introdujo un recurso de amparo contra la comisión organizadora de la elección opositora por considerarlo «excluyente», por lo que antes de la celebración de dichos comicios el 22 de octubre, se temió en todo momento que se produjera un fallo que impidiera la votación.
El acuerdo en materia de derechos políticos y electorales firmado en Barbados el 17 de octubre, hizo que el chavismo madurismo dejara correr las primarias en las que ganó María Corina Machado con 92% de una cifra cercana a 2.500.000 electores que salieron a votar.
Ante el resultado, desde el gobernante Maduro para abajo, denunciaron «fraude» en coro, incluyendo al fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, quien citó a miembros de la Comisión de Primaria en calidad de investigados.
Esta vez el TSJ sí se pronunció: La Sala Electoral sentenció la «suspensión» de los resultados de las primarias (30 de octubre) e incluso ordenó que se les entregara los instrumentos electorales del acto (actas, papeletas y cuadernos de votación, entre otros), a partir de un recurso introducido por el diputado de 2020 y disidente de Primero Justicia (PJ), José Brito.
“Resultó electa y reconocida una candidata. No hubo impugnación, reconteo, nada. Entonces, no tiene sentido. Es como que ordenes derrumbar un edificio que no existe”, argumentó el abogado constitucionalista, Gustavo Manzo sobre dicha sentencia.
Detención de Roberto Abdul
Tres integrantes de la Comisión de Primarias, Jesús María Casal (presidente), Mildred Camero (vicepresidenta) y Roberto Abdul (directivo de Súmate) acudieron a declarar al Ministerio Público el 30 de octubre, para marcharse del lugar en libertad. Lo mismo ocurrió con juntas regionales de las primarias como la de Lara.
Nuevamente el efecto Barbados pareció influir en el hecho de que las aguas se calmaran por algunos días, hasta que un mes después es detenido Abdul por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y presentado ante un tribunal competente en materia de terrorismo sin presencia de sus abogados privados. ONG denuncian que es víctima de desaparición forzada por cuanto hasta ahora las autoridades no han confirmado sitio de reclusión y ni siquiera sus familiares lo han podido ver.
Multa revocada
En el mes de noviembre, del TSJ emanaron dos decisiones también denunciadas como violatorias del artículo 52 constitucional, contra elecciones en la Universidad de Carabobo y el Colegio de Abogados de dicha entidad.
El 13 de noviembre, la Sala Electoral suspendió las elecciones de autoridades de la Universidad de Carabobo previstas para el 29 de noviembre, en atención a la solicitud de dos trabajadores (uno activo y el otro jubilado), quienes exigieron modificar el estatuto de elecciones para que el voto del personal obrero y administrativo tenga el mismo peso que el de los profesores. Previamente también había suspendido los comicios de profesores de la misma casa de estudios.
Posteriormente, el día 22, la misma Sala dejó sin efecto la elección del Colegio de Abogados y le impuso una directiva ad hoc al gremio.
«En lo que va de 2023 al menos siete organizaciones gremiales, profesionales, deportivas o políticas han visto cómo sus autoridades han sido destituidas y se les han impuesto otras designadas a dedo por las salas Electoral y Constitucional del TSJ. Los casos de la Cruz Roja y el PCV fueron los más recientes» señaló Acceso a la Justicia en su momento.
El 15 de agosto, en una sentencia no menos polémica, el TSJ revocó las multas impuestas a la Universidad Central de Venezuela, Universidad de Oriente, Universidad de Carabobo, Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) y la Universidad Experimental Antonio José de Sucre (Unexpo) que en 2022 demandaron la nulidad del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) por atentatorio de los derechos salariales de los trabajadores.
En agosto de 2022, el TSJ declaró “inexistente” el instructivo que eliminó los beneficios económicos de los trabajadores de la administración pública, especialmente la de docentes en todo el país, pero impuso las multas. Vale recordar que la aplicación de dicho instructivo provocó una ola de protestas en Caracas. Actualmente se alerta que a pesar de que el máximo juzgado no reconoce la existencia de la normativa, esta se sigue aplicando.
Protección del referendo consultivo
Tras una solicitud de la directiva de la Asamblea Nacional (AN), encabezada por Jorge Rodríguez, dos días antes, la Sala Constitucional del TSJ dictó una medida de «protección» a favor del referendo consultivo sobre el Esequibo, antes de su realización el pasado 3 de diciembre.
Así, el máximo juzgado del país se anticipó a una eventual medida de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en contra de la consulta popular, a solicitud de Guyana, lo cual no se produjo.
Al respecto, Acceso a la Justicia recordó que el artículo 23 de la Constitución establece que «Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público», pese a ello el TSJ, advirtió, ha dictado jurisprudencia para el desconocimiento de las decisiones de organismos internacionales que son vinculantes para el país producto de dichos tratados.
En este caso, dirigido a desconocer una decisión de la CIJ que es el tribunal de Naciones Unidas. Recordó que en 2003, bajo la presidencia de Hugo Chávez, el TSJ dictaminó que las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «no son obligatorias» para Venezuela.
¿Qué responderá a María Corina?
El año está a punto de culminar con la pelota en la cancha del máximo tribunal de la República, cuya Sala Político Administrativa debe responder al recurso de reclamación por vía de hecho y un amparo cautelar introducido por Machado el viernes 15 de diciembre, con el objetivo de que el TSJ confirme que no existe una inhabilitación en su contra.
Hasta ese día el TSJ había dado plazo para que los sancionados por la Contraloría General de la República solicitaran ante su despacho la revisión de las inhabilitaciones políticas.
La medida del TSJ fue anunciada el 30 de noviembre, también fue producto del acuerdo de Barbados y del «ultimátum» de Estados Unidos para que el gobierno de Maduro informara sobre una hoja de ruta para levantar las medidas contra opositores que les impide inscribirse como candidatos presidenciales para 2024, so pena de reimponer sanciones (petróleo, gas, bonos) que habían sido flexibilizadas.
Además de Machado también acudieron al TSJ, el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos y el dirigente de Prociudadanos, Leocenis García, sobre quienes también pesa una medida de inhabilitación política.
El abogado constitucionalista, José Ignacio Hernández, señaló que el TSJ debería decidir en tres días ( a más tardar este jueves 21 de diciembre) si admite el recurso de Machado pero por ser el alto tribunal « instrumento de la negociación, que depende de Maduro”, podría rechazar el recurso o darle largas. Indicó que si Miraflores quiere cumplir el acuerdo de Barbados, el TSJ debería decidir a favor de la ganadora de las primarias, pero admitió que las probabilidades de ello son mínimas.
«El TSJ atiende a razones políticas y no jurídicas y así va a decidir. Si admitiera el recurso de María Corina Machado ya sería un milagro porque la regla es que rechace todos los recursos de opositores; y una vez admitido debe decidir con celeridad en atención al acuerdo de Barbados, incluso en la misma admisión podría hacerlo», acotó Daniels.