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Desde la instalación de la Asamblea Nacional de 2020, las ONG denuncian las intenciones de la mayoría del chavismo de interferir con la labor de las organizaciones a favor y en defensa de los derechos humanos en Venezuela, a través de la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional.

Esta propuesta legislativa está cocinándose desde antes de 2015, pero una vez logrado el control pleno del Parlamento nacional por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a partir de las elecciones de 2020,  el poder político gobernante se propone retomar la aprobación del instrumento legal, que incluyeron en la agenda legislativa desde 2021.

El director de Redes Ayuda, Melanio Escobar, declaró el 4 de marzo de 2021 que ese instrumento legal busca «limitar la capacidad de acción de la sociedad civil y de los medios que reciben financiamiento internacional».

Estatus de la ley

«A esa ley le falta mucho, la Comisión de Política Exterior debe armarla y discutirla artículo por artículo y una vez que esté lista elevarla a la plenaria, eso bien podría ser antes del receso legislativo (agosto) o después», asegura un diputado de 2020 que prefirió omitir su nombre.

El parlamentario indicó que el anteproyecto de ley fue presentado por el Psuv y distribuido entre los integrantes de la Comisión. Una vez concluida la discusión en la instancia, dijo, debe pasar por las manos de la presidencia de la AN de 2020 para que dé su aval para la primera discusión en el hemiciclo.

 «Es una ley con un alto componente político y ese elemento lo evalúa presidencia», admitió el vocero consultado por Efecto Cocuyo.

El también miembro de la Comisión, el diputado de 2020, Luis Romero (Avanzada Progresista, AP) confirmó este 4 de mayo, que la instancia parlamentaria trabaja en el instrumento legal, del cual afirmó, es «un instrumento legislativo fundamental para el desarrollo de las relaciones internacionales».

Efecto Cocuyo intentó comunicarse con el presidente de la Comisión, Timoteo Zambrano, pero el también dirigente de Cambiemos, partido integrante de la Alianza Democrática, no respondió al llamado. Sin embargo negó a Crónica.Uno que el objetivo de la ley sea la desaparición de las ONG. Prometió que será ampliamente consultada. 

«El proyecto de ley lo recibimos al llegar a la comisión porque ya estaba. Apenas estamos empezando a discutirlo, es un proyecto al que le falta mucho camino por recorrer y que seguramente experimentará muchos cambios al momento de que sea llevado a la cámara. No quiero adelantar nada, pero el objetivo de la ley es buscar la transparencia en la cooperación internacional, nada más», aseguró.

El texto del anteproyecto de ley, compuesto por 26 artículos, contiene una disposición derogatoria (de la ley de 1958), dos disposiciones transitorias y una final, fue distribuido entre los diputados de Política Exterior por el Psuv y coincide con el que han puesto a circular a través de redes sociales, ONG como Provea.

En la exposición de motivos se señala que fue el resultado de una mesa técnica integrada por representantes de la Vicepresidencia de la República, de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Finanzas, Planificación y Desarrollo Social, Educación, Infraestructura, Integración y Comercio Exterior, Trabajo, Procuraduría General de la República y el El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).

Artículos polémicos

Uno de los artículos más polémicos es el 26, donde se alude a las sanciones internacionales y establece:

 «Serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva todas aquellas organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que realicen actividades de cooperación internacional en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela que, de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación».

En la exposición de motivos se recalca el discurso oficial según el cual las sanciones internacionales son causantes de la crisis humanitaria. Asimismo que organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) han desvirtuado la cooperación internacional en la cual se incluye la ayuda humanitaria, poniéndola «al servicio de intereses que promueven una agresión militar» contra países soberanos, entre ellos Venezuela.

«La ayuda humanitaria también forma parte de la cooperación internacional y por lo tanto debe regirse por el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. El eje anglosajón ha utilizado la ayuda humanitaria con una visión injerencista, intervencionista y desestabilizadora como ocurrió en el caso de la ayuda humanitaria que intentaron introducir por Colombia (2019) en lo que se ha llamado la batalla de los puentes», reza el texto.

De acuerdo con los artículos 18 y 19, las ONG deben inscribirse en un Sistema Integrado de Registro de manera obligatoria, a fin de ser reconocidas por el Estado venezolano. El Registro (artículo 20) será público y los requisitos se publicarán en un reglamento. Las ONG, según el artículo 24, pueden ser auditadas.

 Las denuncias

Desde Provea se sostiene que desde la AN de 2020 se intenta ilegalizar, por orden del gobierno de Nicolás Maduro, a las ONG venezolanas de derechos humanos y criminalizar su trabajo, que solo es posible a través de la cooperación internacional, por los recursos que se requieren para asistir a las víctimas, sea legalmente o mediante ayuda humanitaria (alimentos y medicinas).

«El proyecto de Ley de Cooperación de la dictadura es la continuidad y profundización del cierre del espacio cívico y crear condiciones para incrementar la represión a quienes son críticos del gobierno», advirtió Marino Alvarado en su cuenta de Twitter.

Alertó que la persecución a la que dará paso la ley, de ser sancionada tal como está, debilitará el trabajo de diversas organizaciones sindicales, universidades, iglesias y en general de las ONG que desarrollan actividades a favor de personas de escasos recursos económicos en un contexto de incremento de la pobreza.

Además de asistir a sectores de la población de bajos recursos con medicinas y alimentos, ONG venezolanas han jugado un papel importante en las denuncias sobre violaciones de derechos humanos por parte del Estado venezolano ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.