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El director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Eduardo Trujillo, señaló que el proyecto de Ley de Cooperación Internacional “es un peligro” en un contexto en el que la justicia se usa de forma “caprichosa” para perseguir a las ONG.

“Hay una tendencia a la ilegalización de la actuación de las organizaciones de derechos humanos y humanitarias. Cuando esa es la tendencia, el acto regulatorio es inconstitucional y contrario a los tratados internacionales que establecen el derecho a defender los derechos humanos”, declaró en rueda de prensa este martes 17 de mayo.

El abogado y profesor alertó que en los últimos cinco años se ha acentuado el cierre de espacios cívicos en el país y exigió la liberación inmediata, y sin condiciones, del director de Fundaredes Javier Tarazona, preso en el Sebin desde el 2 de julio de 2021.

Trujillo también se refirió a la querella penal por difamación que interpuso el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, contra los activistas de derechos humanos Marino Alvarado (de la ONG Provea) y el sacerdote jesuita Alfredo Infante (del Centro Gunilla), quienes exigieron en marzo una investigación contra el político por presuntas ejecuciones extrajudiciales.

«El derecho penal no debe ser usado para perseguir a la libre expresión ni a la defensa de derechos humanos. Obstáculos como este tipo de investigaciones no van a paralizar la atención que organizaciones independientes hacen en Venezuela sobre violaciones de los derechos de la población con necesidades de protección», expresó.

“En ese proyecto de ley hay unos elementos llamativos y conceptos jurídicos indeterminados que pueden implicar la ilegalización de muchas organizaciones, lo que es contrario al derecho a la libertad de asociación (…) las organizaciones de DDHH son un dique de contención frente al autoritarismo y eso estaría en riesgo si se aprueba la ley”, argumentó.

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Advirtió que la normativa incluso afectaría a las agencias de la ONU que implementan labores en Venezuela como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En defensa de las ONG

Ante la amenaza del proyecto de ley que discute la Asamblea Nacional, el Centro de Derechos Humanos, en alianza con 12 organizaciones, emprenderá la campaña “365 días trabajando por tus derechos” en comunidades de Caracas como Antímano, La Vega y Caricuao.

La campaña consiste en la distribución de almanaques con los datos de organizaciones defensoras de garantías fundamentales y charlas formativas dirigidas a líderes vecinales.

“El trasfondo de esto es que haya una conciencia colectiva en donde la mayoría de la población pueda tener en cuenta la labor positiva que hacen estas organizaciones en la sociedad y por qué deben preservarse”, afirmó.

Las organizaciones aliadas son: Provea, Funcamama, Cepaz, ODH-ULA, Civilis, Espacio Público, CDH-Unimet, Acción Solidaria, Codhez, Codehciu, Convite y Defiende Venezuela.

Puentes con la AN

El profesor comentó que existen iniciativas desde la sociedad civil que buscan tender puentes con la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, “para incidir y mostrar la inconveniencia de esta ley en los términos en los que está concebida”.

Adicionalmente, confirmó que las ONG tienen una interlocución constante con la oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, y esperan que esta instancia tenga una incidencia en el Estado que contribuya a frenar la aprobación de este proyecto de ley.