La candidata presidencial de la plataforma unitaria democrática, María Corina Machado, se pronunció sobre las audiencias que se realizaron en la Corte Penal Internacional (CPI) entre el 7 y 8 de noviembre.
En su cuenta de la red social X, antes Twitter, la política afirmó como lo dijeron los fiscales de la CPI: que no hay investigación contra los casos presentados ante la instancia.
“Quedó en evidencia que el régimen venezolano no ha investigado los crímenes que en contra de venezolanos se han cometido por razones políticas. Y tampoco existen garantías de que lo haga en el futuro inmediato”, escribió este jueves 9 de noviembre.
También calificó la defensa del gobierno de tener “poca calidad argumentativa” y de “pésima estrategia procesal”.
Impunidad y descalificación gubernamental
Durante dos días en La Haya se celebraron las audiencias públicas en la que el gobierno, la Fiscalía de la CPI y la Unidad de Defensa de las Víctimas debatieron sobre la apelación que hizo Miraflores para impedir que continúe la investigación, tras la aprobación que en junio pasado hizo la Sala de Cuestiones Preliminares.
En el último día, la defensa de Nicolás Maduro reconoció que de 122 casos, hay 113 en proceso de investigación. Igualmente uno de los abogados del gobierno, Ben Emerson, dijo que “ninguno de esos casos se ha cerrado o ha concluido completamente, ninguna de estas investigaciones ha acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua”.
Machado citó a Paolina Massidda, representante de la Oficina de Defensa de las Víctimas en la Corte Penal, quien expresó que “en Venezuela, mientras hablamos, se siguen cometiendo crímenes con impunidad”.
El proceso contra Venezuela comenzó en febrero de 2018. Ese mismo año varios países de Suramérica y Canadá pidieron formalmente la investigación. En noviembre de 2021, tras la primera visita a Caracas del nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, el funcionario anunció en el Palacio de Gobierno venezolano que cerraba la fase preliminar y pediría la continuación de la investigación formal.
Sin embargo, la estrategia gubernamental ha sido la introducir apelaciones para retrasar el proceso. La última de ellas ocurrió en julio pasado después de que la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó a la Fiscalía de la CPI a iniciar la investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.
Gobierno se defiende en la CPI
El canciller de Maduro, Yván Gil, manifestó a su salida de la Corte que el caso contra Venezuela estaba “políticamente motivado” e insistió en la tesis del chavismo de que se investigan los casos denunciados y que la Fiscalía de la instancia internacional no le da a conocer cuáles casos y el nombre de las víctimas que investigan.
Uno de los primeros análisis de estas audiencias la hizo la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) en un Space de X este mismo miércoles. En él participó Calixto Ávila Rincón, representante de Provea en Europa, quien se refirió a cómo el gobierno mantiene una retórica de descalificación ante organismos internacionales cuando se cuestiona la violación de derechos humanos.
“No deja de sorprender de todas maneras el recurso del lenguaje descalificatorio durante los debates en la CPI, porque estamos acostumbrados a ese tipo de lenguaje por parte del Estado. En el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, no hay que olvidar el último debate del informe de la Misión de Determinación de Hechos y posteriormente el comunicado de la Cancillería, descalificando en un término mucho más severos a los miembros de la Misión”, recordó Ávila Rincón.