El Gobierno de Nicolás Maduro tomó como victoria personal la decisión tomada este lunes por la Corte Penal Internacional (CPI), en relación con el caso “Venezuela I”, que investiga la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.
Para el oficialismo, que la Sala de Cuestiones Preliminares diga que “no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad” significa que dichos crímenes “nunca han ocurrido en el territorio nacional”, reseña un comunicado de la Cancillería.
El escrito, hecho público en la cuenta de Twitter del ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, detalla que el informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la CPI sólo recoge las opiniones de «víctimas potenciales, determinando así expresamente que, hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal», por parte del tribunal internacional.
No obstante, el canciller Gil denunció las “pretensiones de utilizar el asunto para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad venezolana”.
Además, el titular de la diplomacia venezolana aseguró que es el pueblo venezolano quien ha sido «víctima de bloqueos y agresiones económicas desde el año 2014, derivadas de las Medidas Coercitivas Unilaterales».
La República Bolivariana de Venezuela celebra la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional el 4 de mayo de 2023, en relación con el denominado asunto “Venezuela I”.
La referida decisión reconoce que el informe de la Sección de Reparación y Participación de las Victimas de la Corte Penal Internacional solo recoge las opiniones de “víctimas potenciales”, determinando así expresamente que, hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal por la Corte Penal Internacional.
No obstante, la República Bolivariana de Venezuela denuncia que las denominadas “víctimas potenciales” y especialmente algunas de las organizaciones que las representan, pueden estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad democrática de Venezuela.
Con este pronunciamiento, la Sala de Cuestiones Preliminares confirma lo que ha sostenido Venezuela desde el inicio del proceso ante la CPI: No existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional.
Es el pueblo de Venezuela el que ha sido víctima de bloqueos y agresiones económicas desde el año 2014, derivadas de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por las autoridades de los Estados Unidos de América, en clara transgresión del Derecho Internacional.
La República Bolivariana de Venezuela ratifica, una vez más, que continuará haciendo uso de las acciones y mecanismos previstos en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como Nación, frente esta ofensiva que utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y razón de ser.
Venezuela y Colombia evalúan cooperación de seguridad en medio de despliegue policial en la frontera
Musk negocia con Linda Yaccarino para ponerla al frente de Twitter
«El Título 8 no suaviza la situación ni mejora la perspectiva» de los migrantes
CNP advierte que periodista Ramón Centeno, preso en el Conas, necesita operación urgente
Gobierno despliega más de 1.000 policías en la frontera con Colombia
El Gobierno de Nicolás Maduro tomó como victoria personal la decisión tomada este lunes por la Corte Penal Internacional (CPI), en relación con el caso “Venezuela I”, que investiga la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.
Para el oficialismo, que la Sala de Cuestiones Preliminares diga que “no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad” significa que dichos crímenes “nunca han ocurrido en el territorio nacional”, reseña un comunicado de la Cancillería.
El escrito, hecho público en la cuenta de Twitter del ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, detalla que el informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la CPI sólo recoge las opiniones de «víctimas potenciales, determinando así expresamente que, hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal», por parte del tribunal internacional.
No obstante, el canciller Gil denunció las “pretensiones de utilizar el asunto para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad venezolana”.
Además, el titular de la diplomacia venezolana aseguró que es el pueblo venezolano quien ha sido «víctima de bloqueos y agresiones económicas desde el año 2014, derivadas de las Medidas Coercitivas Unilaterales».
La República Bolivariana de Venezuela celebra la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional el 4 de mayo de 2023, en relación con el denominado asunto “Venezuela I”.
La referida decisión reconoce que el informe de la Sección de Reparación y Participación de las Victimas de la Corte Penal Internacional solo recoge las opiniones de “víctimas potenciales”, determinando así expresamente que, hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal por la Corte Penal Internacional.
No obstante, la República Bolivariana de Venezuela denuncia que las denominadas “víctimas potenciales” y especialmente algunas de las organizaciones que las representan, pueden estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad democrática de Venezuela.
Con este pronunciamiento, la Sala de Cuestiones Preliminares confirma lo que ha sostenido Venezuela desde el inicio del proceso ante la CPI: No existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional.
Es el pueblo de Venezuela el que ha sido víctima de bloqueos y agresiones económicas desde el año 2014, derivadas de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por las autoridades de los Estados Unidos de América, en clara transgresión del Derecho Internacional.
La República Bolivariana de Venezuela ratifica, una vez más, que continuará haciendo uso de las acciones y mecanismos previstos en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como Nación, frente esta ofensiva que utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y razón de ser.