Así como el cierre de algunas vías para impedir el paso de líderes opositores como María Corina Machado o la clausura de locales comerciales en los que han consumido ella o el candidato Edmundo González, la actual campaña electoral ha estado marcada por la detención de varias personas ligadas a los partidos de la Plataforma Unitaria, un comportamiento que muchos rechazan del gobierno de Nicolás Maduro.
El inicio de la campaña electoral de González Urrutia estuvo marcada por marchas en apoyo por distintas ciudades de Venezuela, pero, también opacada por la detención de al menos 12 militantes opositores, según denuncia de la ONG Foro Penal.
La pasada semana, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió sobre un aumento en el número de arrestos arbitrarios en el país y explicó que este año, en el marco de la carrera por la Presidencia de Venezuela, su despacho ha tenido conocimiento de, al menos, 38 detenciones arbitrarias.
La gran mayoría de ellos han sido liberados, algunos pocos presentados ante tribunales por supuestamente «alterar el orden público».
Los casos más recientes
El sábado 6 de julio detuvieron cinco activistas en Ocumare del Tuy, estado Miranda, tras participar en un acto a favor de González Urrutia. El caso fue denunciado por el partido político La Causa R mediante sus redes sociales, pues uno de los afectados fue su dirigente regional Rafael Marín, así como el dueño de un camión con sonido utilizado durante la actividad de campaña.
Gonzalo Himiob, director-vicepresidente del Foro Penal, confirmó que en horas de la madrugada fueron excarcelados.
La citada ONG había reportado además arrestos en Táchira (4), Nueva Esparta (4) Miranda (3) y Lara (1).
Entre este grupo, destacaban activistas y trabajadores que estaban prestando algún servicio para la logística de la campaña opositora.
Por su parte, el partido Voluntad Popular (VP) denunció más temprano la captura de dos de sus miembros en Guarenas, estado Miranda.
En Táchira, la periodista Maryerlin Villanueva reportó la “retención” de dos miembros del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) que manejaban el sonido en una caravana apoyando a González Urrutia.
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En Barquisimeto, estado Lara, Oswaldo Méndez, jefe de operaciones del Comando ConVzla, también fue detenido mientras conducía un vehículo con equipos de sonido en una caravana a favor del exembajador.
Durante el primer día de la campaña oficial, también se registraron ataques a la prensa y bloqueos de sitios web.
Un día antes, en Barinas, tres jóvenes fueron arrestados por varias horas tras compartir un audio en WhatsApp que promocionaba un evento de María Corina Machado.
La detención de los activistas ha generado preocupación entre los seguidores de Edmundo González y miembros de la Plataforma Unitaria, quienes consideran que este tipo de acciones buscan intimidar y reprimir a la oposición política en el país.
Los primeros
Las aprehensiones comenzaron antes del 4 de julio con Juan Iriarte, coordinador regional del partido Vente Venezuela; el activista juvenil Jean Carlos Rivas, del partido Voluntad Popular, y el periodista Luis López, que tenía un programa de radio y una cuenta llamada El Pitazo de Vargas. Los tres fueron llevados a prisión.
La ONG Acceso a la Justicia denunció que en lo que va del año ya se produjeron 46 detenciones de opositores vinculadas a las elecciones. Según indica la infografía difundida por la organización, se trató en su totalidad de “detenciones arbitrarias”, aunque se sumaron también otras prácticas antidemocrática.
“En los primeros seis meses, la persecución política ha sido la regla, sobre todo en el marco de las giras de la líder opositora María Corina Machado y el candidato” de la PUD, apunta el documento.
Entre estos 46 están los tres activistas detenidos a mediados de mes, luego de asistir en roles varios durante el acto en Maiquetía.
El fiscal general Tarek William Saab aseguró el mes pasado que a los opositores Luis López, Juan Iriarte, Jeancarlos Rivas e Ismael Gabriel González les fue dictada medida privativa de libertad tras ser imputados por los delitos de incitación al odio y asociación para delinquir.