Manuel Rojas Pérez-Plataforma unitaria- rueda de prensa (Mairet Chourio)
Foto: Mairet Chourio.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de Venezuela denunció que el gobierno de Nicolás Maduro ejecuta un “perverso plan” que busca impedir las primarias del 22 de octubre, en las que la oposición definirá a su abanderado para las presidenciales de 2024.

“Queremos denunciar que el régimen ha puesto en marcha un perverso plan, que tiene como objetivo captar a miembros de las ‘juntas regionales’ para pedirles que renuncien a sus funciones”, dice la PUD en un comunicado.

Las juntas regionales son las instancias de representación de la Comisión Nacional de Primarias (CNP), que organiza las votaciones de octubre, en Caracas y en los 23 estados del país.

La oposición se refirió a dos casos puntuales, la supuesta renuncia de un miembro de una junta regional por problemas de salud y la destitución de otro, en el estado Yaracuy, por “incumplimiento reiterado” de sus funciones.

El gobierno, prosigue el escrito publicado el 16 de septiembre, intenta “desinformar” con estos hechos al asegurar que se trata de críticas internas a las primarias.

Primarias enfrentan obstáculos

“Los más de 240 miembros de las juntas regionales son ciudadanos honestos, comprometidos con la lucha por el cambio democrático en 2024 y, para tal fin, están brindando su apoyo a la materialización de la elección primaria”, remarcó la plataforma, que aseguró que el Ejecutivo “fracasará” en su plan.

La oposición subrayó también que enfrentará “todas las desesperadas maniobras del régimen para intentar impedir” los comicios internos, en los que 13 políticos, varios de ellos con inhabilitaciones políticas para ejercer cargos públicos, buscarán hacerse con la candidatura presidencial de coalición.

“Nuestro llamado es a todos los venezolanos que queremos cambio a mantenernos activos en la defensa de la primaria e informarnos por los canales oficiales del desarrollo del proceso, para así derrotar la mentira”, concluyó el escrito.

Las primarias están bajo amenaza de suspensión, luego de que en julio el Tribunal Supremo de Justicia admitiese en para estudio un amparo constitucional que busca disolver este proceso.