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Este 20 de mayo se cumplen cinco años de la reelección de Nicolás Maduro en los comicios de 2018 que no fueron reconocidos por la Asamblea Nacional (AN) de 2015 que juramentó a un presidente interino en 2019, ni por casi 60 países del mundo.

¿Cuál es el balance de estos últimos cinco años de la gestión de Maduro, marcados por la pandemia por COVID-19? A juicio de politólogos consultados por Efecto Cocuyo, el avance del autoritarismo para consolidarse en el poder, ayudado por la fragmentación de la oposición y un profundo deterioro social y económico del país, es el principal balance del segundo período del «heredero político» de Hugo Chávez.

«La pandemia, principalmente en 2020-2021, tuvo un impacto importante porque sirvió para reforzar el autoritarismo no solo en Venezuela sino a nivel global, donde gobiernos aprovecharon el confinamiento para profundizar el control político y social», señaló el politólogo Piero Trepiccione.

Control territorial y de la Fanb

De este segundo período de gobierno de quien se autodenomina «presidente obrero», Trepiccione destaca la consolidación del «hiperliderazgo» de Maduro a lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), el cual preside. Pese a que existen otras figuras de peso en la tolda roja, Trepiccione considera que «no le hacen sombra» al mandatario.

«También avanzó en todo este tiempo en el control territorial junto a los factores de poder que conforman el ejercicio del gobierno en medio de sanciones, aislamiento internacional y la designación de un gobierno interino. Avanzó igualmente en el control de la Fuerza Armada Nacional. La fragmentación opositora, profundizada en los últimos años han permitido ese reforzamiento del gobierno de Maduro», sostuvo.

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La juramentación de Juan Guaidó como presidente de la AN de 2015 de mayoría opositora y como presidente encargado tras la declaratoria de la vacante absoluta del cargo de Presidente de la República, más el reconocimiento de casi 60 países a la investidura del diputado de Voluntad Popular, puso en aprietos a la gestión de Maduro, aunque no se lograron nueva elecciones presidenciales.

Las sanciones internacionales contra su administración se profundizaron, lo que implicó que perdiera el control de importantes activos de la República en el exterior como la filial de Pdvsa en Estados Unidos, Citgo. Pero más allá de estos hechos, el interinato no logró el debilitamiento interno de Maduro. Una vez eliminado el gobernante lo tildó de intento de «golpe de estado» y se ufanó una vez más de haberlo derrotado.

«Esa andanada de sanciones crueles contra el pueblo venezolano eran para imponer un gobierno títere y lo derrotamos, lo aplastamos. Ahora a EEUU le queda revisar su política, la política de Donald Trump fue derrotada», expresó antes, en 2021.

Alta conflictividad laboral

El politólogo Daniel Santolo resalta de este último quinquenio de Maduro no solo su consolidación en el poder sino lo desacertadas de sus políticas económicas, lo que ha llevado al país, afirmó, a una crisis social y un clima de alta conflictividad laboral, especialmente en el último año por la «pulverización» del salario mínimo de los trabajadores venezolanos.

«Hoy tenemos el salario más bajo de nuestra historia (equivalente a 5 dólares), no hay desarrollo económico. Lo que sí ha logrado este gobierno es consolidarse en el poder, asegurarse la estructura del Estado y pacificar a su manera al país, porque no hemos visto manifestaciones del calibre de 2017, porque no hay un movimiento social, laboral ni político que logre desestabilizar a la gestión de Maduro», sostuvo.

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Miraflores ha jugado al «desgaste» de las protestas de los trabajadores, principalmente personal de salud y maestros, en las calles, cuyas demandas de un salario justo además de un buen funcionamiento de los hospitales públicos, no han sido atendidas. Para el mes de abril, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 489 manifestaciones en todo el país, de las cuales 398 fueron para exigir derechos laborales, seguridad social y servicios básicos. En el mismo período de 2022, la ONG reportó 768 protestas.

«El gobierno no puede mantener la nómina del Estado, por primera vez un primero de mayo no hay aumento de salario, eso dice mucho de la situación económica», acota Santolo.

El también profesor universitario cuestiona al Ejecutivo que hasta ahora no se haya sentado a dialogar con los sectores productivos nacionales para mejorar las políticas económicas ni haya aprovechado la oportunidad de mediación de gobiernos aliados como Colombia en el conflicto político.

¿Qué pasó en cinco años?

Durante el segundo período de gobierno de Maduro que llega a su último año, con aspiraciones a una nueva reelección en 2024, ocurrieron hechos resaltantes en materias como la política y los derechos humanos, sin dejar de mencionar la pandemia por el coronavirus. A continuación los más resaltantes:

Proceso en la CPI. Tras una visita de tres días al país, el 3 de noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan anunció públicamente frente a Maduro, que abriría una investigación contra el Estado venezolano por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad durante las masivas manifestaciones ciudadanas de 2017.

Pérdida de control de activos. A partir de 2019, el gobierno de Maduro, al ser desconocido por países como Estados Unidos, Colombia, Inglaterra y buena parte de la Unión Europea, perdió el control de sus principales activos en el exterior, a saber Citgo y la empresa de fertilizantes Monómeros, así como 400.000 lingotes de oro de las reservas venezolanas, valorados en 2.000 millones de dólares, depositados en el Banco de Inglaterra, además de cuentas bancarias en el extranjero.

El cambio de gobierno en Colombia le devolvió Monómeros y el proceso de negociaciones en México arrojó la firma de un acuerdo social para el desembolso, aún en espera, de 3.200.000 de dólares, provenientes de fondos congelados en el exterior por las sanciones, que será destinado a un fondo para áreas prioritarias como salud.

Elecciones parlamentarias 2020. Dichos comicios que no contaron con la participación de la oposición mayoritaria, permitieron al chavismo recuperar el control del Parlamento venezolano con una mayoría casi absoluta de diputados, pero no gozaron de reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional que seguía apoyando al interinato. La respuesta de la AN de 2015 fue extender su período hasta tanto no haya elecciones presidenciales y parlamentarias libres.

Negociaciones con la oposición

Proceso de México. Con un largo historial de procesos fallidos previos, el gobierno de Maduro y la oposición retomaron las negociaciones en 2021 con México como escenario y la mediación de Noruega, el cual se ha visto interrumpido en dos oportunidades. Ese mismo año por la extradición a EEUU del empresario colombiano Alex Saab, aliado de Maduro y luego, en 2022, por la demora de la ejecución del fondo social.

Alterno a este proceso, se hacen esfuerzos tras bastidores para lograr acuerdos que permitan elecciones presidenciales medianamente competitivas en 2024.

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Elecciones regionales 2021. Las elecciones regionales (gobernaciones y alcaldías) marcaron el regreso de la oposición mayoritaria a la ruta electoral, lo que le valió ganar cuatro jefaturas regionales y más de 100 municipales.

El chavismo en el poder mantuvo la práctica de las inhabilitaciones políticas contra opositores, aunque selectivas. Luego por orden del Tribunal Supremo de Justicia, la elección de la gobernación de Barinas, cuna de Hugo Chávez, donde ganó Freddy Superlano se repitieron en enero de 2022. Aun así la oposición repitió el triunfo con Sergio Garrido.

La «caída» de El Aissami

Corrupción en Pdvsa/caída de El Aissami. En marzo se destaparon escándalos de corrupción en Pdvsa y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que a la fecha uman más de 60 detenciones de funcionarios, empresarios y particulares. La trama en la estatal petrolera trajo la «caída» de uno los considerados hombres fuertes del chavismo, Tareck El Aissami, quien renunció al cargo de ministro del Petróleo y cuyo paradero es desconocido.

Conferencia internacional. Por iniciativa de Colombia, se realizó en Bogotá, el 25 de abril de 2023, una conferencia internacional sobre Venezuela que tuvo como objetivo promover el diálogo político entre el gobierno de Maduro y la oposición. El papel neutral de Gustavo Petro fue cuestionado por la expulsión de Guaidó, quien viajó al vecino país para reunirse con los representantes internacionales asistentes al evento, hacia EEUU. La declaración final invitó a las partes a volver a México.

Presos políticos. La ONG Foro Penal señala al gobierno de Maduro, investigado en la CPI por crímenes de lesa humanidad, de mantener a detenidas por motivos políticos a 284 personas, de las cuales 153 son militares, 131 civiles y entre ellos 20 mujeres,