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«Estamos trabajando la ley de redes sociales, es una propuesta de ley que pone a la vanguardia al país y de lo que viene trabajándose en otras partes del mundo, en este momento hay legislación en España, Alemania, Ecuador, Argentina y nosotros simplemente lo que hemos determinado es hacer una legislación que norme el uso de las redes sociales no significa controlar, eres responsable de lo que dices pero debe haber una regulación», expresó el diputado Juan Carlos Alemán (Psuv), el pasado 18 de octubre.

Las recientes declaraciones del presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 pusieron el tema de una posible regulación de las redes sociales en Venezuela de nuevo sobre el tapete.

El diputado no especificó cuando podría aprobarse la ley en el Parlamento con mayoría del chavismo, pero el periodista Melanio Escobar de la ONG Redes Ayuda aseguró a Efecto Cocuyo que la propuesta de legislación tiene alrededor de un año «cocinándose» en el seno de la AN, aún sin fecha definida para su discusión en cámara.

Diputados de la Alianza Democrática consultados indicaron que hasta ahora la iniciativa de ley es solo una propuesta del Psuv sin un borrador definido. Coincidieron con Escobar en advertir sobre los «peligros» de sancionar una legislación de ese tipo en Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, «habituado» a la censura, cierre de medios de comunicación y persecución política.

El espacio que queda por controlar

En entrevista con la Agencia Venezuela News, Alemán indicó que entre otros propósitos, la propuesta legal busca que las grandes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter tengan en Venezuela una oficina de representación para que los ciudadanos puedan hacer reclamos, si consideran por ejemplo que han sido censurados o por cierres de cuentas.

«No estamos controlando contenido solamente estamos regulando el uso de cada una de las redes sociales», quiso aclarar.

Escobar sostuvo que no es necesaria una ley de ese tipo en Venezuela por cuanto las plataformas de redes sociales tienen políticas de uso adaptadas a las legislaciones de los países con sus respectivas sanciones. Tampoco no es necesario que abran oficinas en el territorio nacional, afirmó, por cuanto cuentan con oficinas regionales en naciones como Brasil, Argentina y México que abarcan distintos países.

Lee más en: SNTP denuncia cierre de 15 emisoras de radio en una semana por ordenes de Conatel

«Las redes sociales son la única plaza que le queda al venezolano para tener acceso a las informaciones, el único espacio libre que le queda al chavismo por controlar. Hay que imaginarse qué pasaría si Twitter tuviera una oficina con empleados en el país, eso implicaría que les lleguen funcionarios del Sebin para exigirles datos de algunas personas ¿Qué pasará si el empleado se niega a dárselos? ¿Qué garantías legales tienen empresas para la protección de los DDHH de su personal?», se preguntó.

Señaló como mal precedente los ejecutivos de Citgo presos en el país, que EEUU terminó canjeando por familiares de la pareja presidencial venezolana, presos en suelo norteamericano por narcotráfico.

Antecedentes

Escobar recalcó que no es cierto que los países mencionados por Alemán controlen las redes sociales. lo que sí existe, explicó son leyes como las de protección de datos que sí sería necesaria en Venezuela para proteger la privacidad de los usuarios, así como de protección de propiedad intelectual.

«No hace falta una ley, lo que se prepara es mayor censura, buscan crear un marco legal ajustado a sus necesidades, para cerrar el acceso a alguna red social en Venezuela, para convertir a las víctimas de esa censura en un infractor legal», rechazó.

El activista de DDHH también recordó que ya han sido detenidas personas en el país por lo que publican en redes sociales como Twitter. En 2018 fue apresado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Pedro Jaimes Criollo, usuario @AereoMeteo por por publicar la ruta que llevaba el avión presidencial de Maduro entre Maiquetía y el estado Aragua. Fue recluido en el Helicoide y liberado en enero de 2021.

Fue el caso también del politólogo Nicmer Evans, quien fue detenido en julio de 2020 por un contenido publicado en la red del pajarito azul. Fue acusado de instigar al odio mediante la Ley contra el Odio aprobada por la Constituyente de 2017. Fue llevado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y liberado en septiembre de ese mismo año.

Entorno autoritario

El diputado de Avanzada Progresista, Bruno Gallo, comentó que no tiene conocimiento de cuál comisión de la AN de 2020 estaría trabajando la ley para regular redes sociales, si Ciencia y Tecnología o Poder Popular y Comunicación o en conjunto. Aseguró que no se conoce un texto definitivo de la propuesta.

A su juicio, si bien es cierto que las redes sociales «se desbordan» y exponen al escarnio público a personas, sin pruebas de lo que se afirma, no es menos cierto que una ley de este tipo bajo la administración de Maduro sería utilizada para violar la libertad de expresión.

«Regular las redes sociales en un entorno autoritario es peligroso porque se buscará castigar la opinión de las personas, es como cuando se aplica la Ley contra el Odio, lo que piensan distinto al gobierno instigan al odio mientras que si ellos (el chavismo) se meten con alguien dicen la verdad. Prefiero los excesos de las redes a que el Gobierno use la regulación con fines represivos», dijo.

La diputada de Acción Democrática (sector de Bernabé Gutiérrez), Anyelith Tamayo también indicó que aún no hay un borrador del anteproyecto de ley al que la bancada de la Alianza Democrática haya podido tener acceso para su análisis.

«Defendemos la libertad de expresión y rechazamos el cierre de medios de comunicación. Las redes sociales son piezas fundamentales en la difusión de la información. Esperaremos la divulgación de la propuesta de ley para dar el debate necesario pero no es la primera vez que desde el Psuv se pretende censurar medios y todos los canales posibles de comunicación y si la intención de la ley es censurar lo rechazaremos», advirtió.

Alertas

A lo largo de 2022, a través de medidas administrativas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se ha conocido el cierre de 61 emisoras de radio independientes en todo el país a lo largo del año; 15 de ellas en una semana según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el pasado 21 de octubre.

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Ambos legisladores de 2020 aseguraron que aunque no hay fecha de aprobación estimada estarán alertas al contenido de la propuesta legal sobre redes sociales.

Escobar acotó que es imposible saber cuándo el chavismo sacará a la luz no solo el texto legal sobre redes sociales sino propuestas polémicas como la Ley de Cooperación Internacional que busca controlar el financiamiento que reciben las ONG defensoras de derechos humanos. Alertó que podría ser en cualquier momento aunque no descarta que el Psuv lo piense un poco más.

«Al final ese tipo de leyes son un tiro en el pie y no avanzan porque se perjudican ellos mismos. El gobierno también recibe fondos internacionales a través de una sociedad civil hecha a la medida, donaciones, por lo que esa Ley de Cooperación Internacional en la que también entraría tiene 15 años de gaveta en gaveta. Pueden seguir tardando años pero podrían ser aprobadas (las leyes) mañana mismo», añadió.