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Una Comisión Delegada Legislativa venida a menos. Salvo cuando convocó para tratar el tema de los activos de la República en el exterior, con el que se evidencian serios desacuerdos internos, la instancia con la que se declaró la continuidad de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, se ha limitado casi en lo que va de año, a denunciar y pronunciarse sobre problemas que a diario aquejan a los venezolanos, sin mayor trascendencia.

Politólogos consultados por Efecto Cocuyo señalan que la Delegada presidida por Juan Guaidó solo se mantiene como «soporte» a la figura del Gobierno interino, con bases más políticas que jurídicas, ante países como Estados Unidos que aún brindan apoyo.

Consideran que debido a la pérdida de respaldo y la poca credibilidad ante la ciudadanía, los factores políticos con Guaidó a la cabeza, deberían dar un paso adelante, «cerrar el capítulo» iniciado en 2019, admitir errores y definir una nueva ruta para el cambio político en Venezuela.

Actos legislativos

Durante los primeros meses del año se han aprobado acuerdos en las sesiones remotas (vía Zoom) de la Delegada Legislativa, en los que se abordan temas de interés nacional e internacional, como el Día Nacional del Médico, Día Internacional de la Mujer, la disputa sobre la Guayana esequiba, rechazo a la invasión de Rusia contra Ucrania y la migración venezolana como consecuencia de la crisis humanitaria «ocasionada por Nicolás Maduro».

#AgendaAN | Propuesta de Orden del día de la Comisión Delegada de la #AsambleaVE, para este martes #19Jul pic.twitter.com/v02xdF2yEv

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) July 18, 2022

Otros temas expuestos por los miembros de la Delegada y otros diputados de 2015 que también intervienen han sido los ataques a la libertad de expresión con motivo del Día del Periodista, las constantes fallas en los servicios públicos como luz y agua y el avión venezolano detenido en Argentina con tripulación iraní.

Asimismo, rechazo al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) por violar derechos de trabajadores de la administración pública y situación de los derechos humanos en Venezuela, además de las sesiones especiales para conmemorar fiestas nacionales como el 5 de julio.

Recientemente, el asesinato (30 de junio) del líder indígena Virgilio Trujillo en la ciudad de Puerto Ayacucho y las fallas en la plataforma del Saime, han formado parte del orden día en las sesiones de los martes de cada semana.

Comunidad internacional debe dar el paso

«La AN en conflicto con el Ejecutivo decide mantenerse y no entregar la legitimidad de 2015, basada en la concurrencia electoral de ese año, pero ya no tiene esa aceptación política ni institucional. Se ha convertido en una institución írrita, sin basamento constitucional ni moral, solo se mantiene porque le permite preservar un reconocimiento internacional, porque EEUU insiste en reconocer a Guaidó», expresó el politólogo, Oscar Vallés.

El jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana advirtió que la extensión indefinida de la AN de 2015 a través de la Delegada, así como del Gobierno interino le hacen «mucho daño» al futuro de la democracia en Venezuela.

Recordó que la figura del presidente encargado, a partir del desconocimiento de la AN a Maduro en 2019, fue concebida para un período breve, pero ante la falta de cambio político se extendió. Insistió que ya no tiene razón de ser.

«La Delegada debe cesar sus funciones, los partidos renovarse y seguir el trabajo de calle, reactivar las protestas para rescatar el espíritu de lucha. Los venezolanos no están entregados, solo esperan articulación en torno a una estrategia clara», sostuvo.

Considera incluso que si los factores políticos internos no toman una decisión, lo más sano es que la comunidad internacional retire su respaldo a la Delegada y al interinato. Advierte que ello no implica que ahora reconozcan al gobierno de Nicolás Maduro, pues a su juicio, pueden mantener su posición de exigir elecciones creíbles y algunas sanciones internacionales.

Al elemento político, Vallés le añade las denuncias sobre corrupción en el manejo de recursos recibidos y en la administración de activos en el exterior como Monómeros, lo cual aunado a la falta de rendición de cuentas, consideró han mermado aún más la confianza en torno a la Delegada y el interinato.

Ausencias que se notan

A lo largo del año han sido notorias las ausencias en las sesiones de la Delegada de diputados de 2015 como el primer vicepresidente y segundo vicepresidente, Juan Pablo Guanipa (Primero Justicia) y Carlos Berrizbeitia (Proyecto Venezuela), lo que evidencia diferencias internas.

No se han visto más, otros diputados de 2015 como Carlos Prosperi (Acción Democrática), sin dejar de mencionar que otros como Henry Ramos Allup se desmarcaron desde que se decidió extender el mandato de la AN de 2015 con una reforma del Estatuto de Transición a la Democracia.

De las Comisiones permanentes la más activa es la de Contraloría que durante este primer semestre de 2022 decidió reactivar su investigación sobre Monómeros, ante la falta de reestructuración de la directiva la empresa colombo venezolana, solicitada por Guaidó y bloqueada por factores políticos en la Delegada.

Entre mayo y junio, la Comisión realizó una ronda de interpelaciones y entrevistas que incluyeron a la presidenta ad hoc de Pequiven, Diana Bracho, el procurador especial, Enrique Sánchez Falcón y el asesor del Gobierno interino, Yon Goicochea. Está por emitir un informe final del caso en el que podría recomendar a la Delegada declarar la responsabilidad política de involucrados en supuestos ilícitos en la gestión de Monómeros.

Persisten desacuerdos

Sobre el tema de los activos, la Delegada sesionó el 14 de junio para aprobar un «Acuerdo en relación al seguimiento, protección y defensa de los activos de la República en el extranjero recuperados por el Gobierno Encargado de Venezuela».

Con dicho acuerdo se autorizó la reestructuración de las juntas ad hoc de activos en el exterior, entre ellas Citgo y Monómeros, medida que según admitió el presidente de la Comisión de Contraloría, Macario González, continúa siendo bloqueada por factores políticos en la AN de 2015. La Oficina de Control de Activos de EEUU decidió extender la licencia para Monómeros, pero González advirtió que se insistió en la salida de la actual directiva de la empresa.

En dicha sesión, Guaidó se quejó del «sobre control» parlamentario que impidieron tomar medidas urgentes sobre Monómeros. En la reunión remota también se aprobó un Consejo Nacional de Protección de Activos en el Extranjero del cual aún no se tienen noticias.

Abrir un nuevo ciclo

«Llegó el momento de cerrar ese capítulo porque si se cuestiona a Maduro su legitimidad de origen y electoral, mal puedes contraponer una institución de dudosa legitimidad, soportada más en argumentos políticos que jurídicos. Llegó el momento de cerrar y abrir un nuevo ciclo, insistir en un formato con respaldo casi inexistente es una locura», coincidió el politólogo Piero Trepiccione.

Consideró igualmente que la oposición debe ser «realista» y aceptar que la ruta trazada en 2019 fracasó. Advirtió además que el apoyo internacional de frentes como la Unión Europea no se mantendrán indefinidamente en el tiempo ante las posiciones visiblemente disímiles de sus integrantes con respecto al conflicto político en Venezuela.

Sobre el manejo de activos en el exterior sostuvo que la República está perdiendo dinero, independientemente de quien los maneje, por lo que insiste en el diseño de una ruta alternativa para rescatar la democracia en Venezuela.

«Ha habido poca transparencia y el país no confía en el manejo de recursos públicos por parte de tirios y troyanos», acotó.

Primarias: una oportunidad

Además de la gestión sobre activos venezolanos en el exterior, la AN de 2015 ha manejado el Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital (ayuda humanitaria, defensa legal de activos en el exterior, entre otros rubros) creado mediante una ley en 2020, con recursos provenientes de fondos públicos congelados que se encontraban en la Reserva Federal de EEUU.

Se trata de 342 millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano, de los cuales se han ejecutado 295 millones (86%), incluido el más reciente traspaso de  50.597.148 dólares autorizados por la Delegada el 3 de marzo de 2022. Vale acotar que la Delegada reformó la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela en enero de 2022 y extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre.

Tanto Vallés como Trepiccione creen que si se organiza bien y se garantiza la unidad, las primarias presidenciales opositoras previstas para 2023, pueden ser una buena oportunidad para el relanzamiento del liderazgo antichavista, la definición de una nueva ruta de cambio político y la recuperación de la confianza ciudadana.