Antes de que venciera el plazo fijado por Estados Unidos para el cumplimiento del acuerdo político de Barbados, se publicó un procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación que recaen en políticos de oposición.
Para el sociólogo, experto en procesos políticos contemporáneos, Juan Manuel Trak, el anuncio “tiene que ver más con cumplir la exigencia de EEUU y menos con ir al fondo del asunto que es levantar una decisión arbitraria”.
“Si bien desde el punto de vista formal pareciera abrir una puerta, habría que ver si esta puerta está fundamentada en una negociación de fondo que permita a la candidata María Corina Machado competir en la elección presidencial”, agrega.
En su opinión, el gobierno venezolano busca simular el cumplimiento del acuerdo político para evitar que se revierta el alivio de las sanciones. Mientras que la oposición trata de lograr una rendija a través de la cual pudiera validar los acuerdos políticos.
Ambigüedad del mecanismo, un riesgo para los inhabilitados
“El mecanismo tiene, además, un montón de ambigüedades que pudieran llevar a que la inhabilitación, que es ilegal, termine en una sentencia firme de inhabilitación”, advierte Trak.
El punto cuatro del procedimiento establece que los interesados deben “acatar, en el marco constitucional, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso”. Esto no excluye un fallo en contra de los afectados y a eso se refiere el experto.
“Hay un principio en planificación estratégica que es tomar la decisión que te deje más opciones abiertas a futuro y esa parece ser la que tomó el gobierno. No cierra la puerta, pero no habilita. Es una jugada hábil porque no cierra las posibilidades y, a la vez, es una respuesta ambigua que le da tiempo”, señala el consultor político y presidente de Poder & Estrategia, Ricardo Ríos.
El chavismo en el poder gana tiempo y apuesta a la fragmentación de la oposición, apunta Ríos: “No es lo mismo negociar en bloque, con un conjunto de inhabilitados, que negociar individualmente cuando cada uno tiene agendas diferentes. El gobierno puede habilitar a quienes no son un peligro electoral y estaría dando cumplimiento parcialmente con la negociación”.
El mecanismo fue diseñado para que cada inhabilitado tenga que acudir personalmente a la Sala Político Administrativa del TSJ, presentar un recurso contencioso administrativo contra la medida en su contra y un amparo cautelar.
A los cuestionamientos relacionados con la constitucionalidad del mecanismo, Ríos responde que en un país que está fuera del cauce democrático es poco lógico esperar o analizar que todo se dé en un marco democrático e institucional respetado y respetable.
“Era esperable que el gobierno apelara a sus instituciones, que sabemos que no son autónomas, para generar los posibles caminos de habilitación”, expresa.
Las opciones de Machado
El analista ve dos caminos para María Corina Machado: rechazar el procedimiento o iniciarlo bajo los términos establecidos.
“Si lo desconoce, internacionalmente va a perder apoyos porque eso es parte de la negociación y dificultaría aún más su eventual habilitación. Desconocerlo sería quedar al margen de la negociación que es el carril. Si lo hace mantiene la posibilidad de construir su habilitación, aunque ciertamente hay un riesgo. Al leer el documento se evidencia que están condicionando el respeto a las decisiones casi que inapelables de estas instituciones que sabemos que no son independientes”, concluye.