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El sacerdote Alfredo Infante, del Centro Gumilla y el coordinador de accesibilidad de Provea, Marino Alvarado, recordaron al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, que el informe de Lupa por la Vida no busca dañar su reputación como persona sino instarlo a investigar las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en el estado durante 2021.

Este martes 17 de mayo se conoció que Lacava demandó por difamación a los activistas de derechos humanos en un tribunal de Carabobo, a propósito del registro de Lupa por la Vida de 221 supuestas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la policía regional. Es el segundo estado con más muertes de este tipo, solo por debajo del Zulia que registró 234 asesinatos.

«La respuesta no es la defensa automática de la policía del estado Carabobo, la responsabilidad del gobernador es promover las investigaciones para determinar responsabilidades y solicitarlas al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Nuestro mandato como organizaciones de DDHH es velar por el derecho a la vida», expresó en rueda de prensa, Marino Alvarado este jueves 19 de mayo.

Buscan conciliación

Desde la sede del Centro Gumilla en el centro de Caracas, tanto Infante como Alvarado, junto a su abogado, Joel García, recalcaron que el propósito es buscar la conciliación con el mandatario regional para que desista de la acción judicial y colabore con una investigación para evitar más violaciones de DDHH.

Provea propuso conformar una comisión con representantes de la Gobernación de Carabobo, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, del Centro Gumilla, además de la ONG, para analizar los datos del informe de Lupa por la Vida y se formulen propuestas para garantizar el derecho a la vida en la entidad.

Habló incluso de una participación de la oficina de la Alta Comisionada de DDHH de Naciones Unidas que se encuentra en Venezuela.

No se callarán

Los activistas señalaron que no se callarán ante cualquier amenaza pasada, actual o futura, que vaya contra la defensa de los DDHH en Venezuela. Recordaron que el informe es nacional con 1.414 víctimas de supuestas ejecuciones extrajudiciales en todo el país y no se enfoca solo en Carabobo.

«En nuestra Constitución no está contemplada la pena de muerte, por lo que es muy importante que se investigue la cadena de mando de las policías. Los venezolanos tienen derecho a la vida y las familias de las víctimas a obtener justicia. Solicitar una investigación no es un delito, no hemos cometido delito, somos inocentes», subrayó Infante, conocido por su labor social en la popular barriada de La Vega.

 Subrayó que la Iglesia continuará alzando su voz a favor de las víctimas y está dispuesta a cooperar en cualquier investigación para «proteger la vida». De nuevo hizo un llamado a Lacava para que se investigue y siente un precedente importante en materia de DDHH en el país.

 Cuestionan competencia territorial

El abogado Joel García, quien representará a Infante y a Alvarado en el proceso de demanda, denunció que se le impidió asumir como defensor en la querella en un Tribunal de Control de Caracas, con el argumento que la demanda se interpuso en Carabobo.

Cuestionó que la competencia regional sea en la entidad y no en la capital de la República, donde supuestamente se cometió el delito de difamación. Advirtió que desde ya se vulnera el derecho a la defensa.

«Es un capítulo de ataque a la libertad de expresión, al derecho a la vida, no han cometido delito alguno, no es una ofensa ni una difamación. Iremos a los organismos jurisdiccionales a responder. En el informe no se señala a nadie en particular, es una situación de derechos humanos», sostuvo.

 Explicó que se trasladará al estado Carabobo para su designación como defensor. Luego se intentea un acto de conciliación ante el Tribunal III de Juicio. De no resultar se va al juicio oral y público para determinar responsabilidades.

«Para las víctimas esta demanda es una afrenta, también para las ONG que defienden derechos humanos, la iglesia. A las víctimas las vamos a promover como testigos en el estado Carabobo», adelantó.

Alvarado también instó al fiscal, Tarek William Saab, a investigar las ejecuciones extrajudiciales en el país. Hizo votos para que exista voluntad política y se avance en la defensa de las garantías constitucionales y el memorado de entendimiento suscrito entre Miraflores y el fiscal de la Corte Penal Internacional. Reiteró que se ponen a la disposición para colaborar con cualquier plan que se elabore al respecto.