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«Gobierno quiere pasar factura a ONG por investigación en Corte Penal Internacional», alerta Provea

POLÍTICA · 11 MAYO, 2022 16:22

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Deisy Martínez

Foto por @deicamar

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De aprobarse tal como está la propuesta de Ley de Cooperación Internacional, que presentó el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, estaría en riesgo la red de asistencia social que manejan muchas ONG en Venezuela.

 La advertencia fue hecha por el coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, durante la presentación de su informe anual 2021.

 «Toda esa red de asistencia social en esta situación de emergencia humanitaria, escuelas de Fe y Alegría que se sostienen en buena parte por la cooperación internacional, comedores populares de Cáritas, bancos de medicamentos gratuitos de Acción Solidaria, Convite; toda esa ayuda está en peligro», alertó el activista de derechos humanos desde el Centro Letonia, en Caracas.

 La amenaza

 La iniciativa legislativa aún debe ser discutida y aprobada en la Comisión de Política Exterior de la AN de 2020, que preside Timoteo Zambrano, para luego ser elevada a la plenaria. Esto, pese que forma parte de la agenda legislativa desde el año pasado.

De 26 artículos planteados es precisamente el último el más polémico, porque amenaza con con prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva a todas aquellas ONG que reciban cooperación internacional que promuevan o participen en «la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República» (sanciones internacionales) si se considera que atentan o afectan el desarrollo integral de la nación.

Uzcátegui sostiene que el gobierno de Nicolás Maduro enfila ahora sus baterías contra la ONG por ser las principales promotoras de la investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.

«Es un pase de factura por la investigación en la CPI. No hay manera que Maduro pueda legitimarse ante la comunidad internacional después de estas acusaciones por crímenes de lesa humanidad, es el paredón más oscuro y allí está él», dijo.

Organismos internacionales sirvieron de contención, pero el Gobierno siguió con abusos, dice informe de Provea

Aspiran a que Misión de Determinación de Hechos continúe

Uzcátegui advirtió que el poder político en Miraflores pretende silenciar voces críticas una vez más y que las ONG se están preparando ante un escenario de mayor persecución.

En este sentido indicó que es muy importante que la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas que está por presentar su tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela continúe recabado información.

«El mes que viene (junio) se determina si la Misión sigue trabajando, el Gobierno hace esfuerzos para que cese pero el objetivo de las ONG es que siga, especialmente ante la amenaza de ilegalización con la Ley de Cooperación Internacional», acotó.

 

POLÍTICA · 22 JULIO, 2022

«Gobierno quiere pasar factura a ONG por investigación en Corte Penal Internacional», alerta Provea

Texto por Deisy Martínez
Foto por @deicamar

De aprobarse tal como está la propuesta de Ley de Cooperación Internacional, que presentó el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, estaría en riesgo la red de asistencia social que manejan muchas ONG en Venezuela.

 La advertencia fue hecha por el coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, durante la presentación de su informe anual 2021.

 «Toda esa red de asistencia social en esta situación de emergencia humanitaria, escuelas de Fe y Alegría que se sostienen en buena parte por la cooperación internacional, comedores populares de Cáritas, bancos de medicamentos gratuitos de Acción Solidaria, Convite; toda esa ayuda está en peligro», alertó el activista de derechos humanos desde el Centro Letonia, en Caracas.

 La amenaza

 La iniciativa legislativa aún debe ser discutida y aprobada en la Comisión de Política Exterior de la AN de 2020, que preside Timoteo Zambrano, para luego ser elevada a la plenaria. Esto, pese que forma parte de la agenda legislativa desde el año pasado.

De 26 artículos planteados es precisamente el último el más polémico, porque amenaza con con prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva a todas aquellas ONG que reciban cooperación internacional que promuevan o participen en «la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República» (sanciones internacionales) si se considera que atentan o afectan el desarrollo integral de la nación.

Uzcátegui sostiene que el gobierno de Nicolás Maduro enfila ahora sus baterías contra la ONG por ser las principales promotoras de la investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.

«Es un pase de factura por la investigación en la CPI. No hay manera que Maduro pueda legitimarse ante la comunidad internacional después de estas acusaciones por crímenes de lesa humanidad, es el paredón más oscuro y allí está él», dijo.

Organismos internacionales sirvieron de contención, pero el Gobierno siguió con abusos, dice informe de Provea

Aspiran a que Misión de Determinación de Hechos continúe

Uzcátegui advirtió que el poder político en Miraflores pretende silenciar voces críticas una vez más y que las ONG se están preparando ante un escenario de mayor persecución.

En este sentido indicó que es muy importante que la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas que está por presentar su tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela continúe recabado información.

«El mes que viene (junio) se determina si la Misión sigue trabajando, el Gobierno hace esfuerzos para que cese pero el objetivo de las ONG es que siga, especialmente ante la amenaza de ilegalización con la Ley de Cooperación Internacional», acotó.

 

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