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Colombia pidió a la Corte Penal Internacional (CPI), en 2018, que investigara la comisión de crímenes de lesa humanidad bajo el mandato de Nicolás Maduro. La solicitud la hizo junto a cinco países más: Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá.

Pero el gobierno de Gustavo Petro no está en la misma línea que su antecesor Iván Duque. El embajador colombiano Armando Benedetti adelantó que podría retirar el pedido que hizo ante el tribunal internacional.

«La eventual decisión colombiana de retirar la remisión que hizo de la situación de Venezuela a la CPI no tendría ningún efecto jurídico”, explica el abogado y politólogo Santiago Vargas Niño.

El consultor jurídico independiente y profesor de la maestría en derecho internacional de la Universidad de los Andes precisa que la Fiscalía conserva total independencia porque los Estados le confieren la capacidad de iniciar sus propias indagaciones, de determinar quienes son los sospechosos y por cuales conductas que revistan las condiciones de un crimen internacional, según el artículo 5 del Estatuto de Roma.

“La jurisprudencia de la CPI ha marcado una línea, según la cual esas remisiones no pueden limitar la competencia de la CPI frente a delitos o grupos de presuntos responsables determinados por los Estados sino que fijan el marco temporal de investigación de la fiscalía, entonces no es una denuncia como tal porque la acción penal solo la puede ejercer exclusivamente la fiscalía”, agrega.

Efecto político

No obstante, el retiro de la remisión por parte de Colombia sí tiene un efecto político. En opinión de Vargas de concretarse “enviaría un lamentable mensaje de aquiescencia a una impunidad que ya está suficientemente documentada no solo por la fiscalía de la CPI sino por la misión de expertos independientes de la ONU. Sería muy triste, pero jurídicamente no tendría ningún efecto”, expone.

El abogado experto en derecho internacional, y consultor en Lotus Soluciones Legales, Moisés Montiel, coincide en que el retiro de la remisión de Colombia no tendrá ninguna incidencia. “No va a pasar absolutamente nada”, afirma.

El especialista destaca que ya la fiscalía de la CPI determinó que hay méritos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad y actualmente, el fiscal Karin Khan apela a la figura de complementariedad para decirle al Estado venezolano: haz tu trabajo o lo voy a hacer por ti.

“Hay que recordar que la CPI solo puede actuar cuando se demuestra que el Estado no puede o no quiere condenar los crímenes cometidos”, agrega.

La asociación civil venezolana Acceso a la Justicia precisó que el caso Venezuela I ante la CPI se abrió de oficio sin intervención de país alguno y luego, varios países, entre ellos Colombia, remitieron el caso, lo cual tuvo un impacto positivo en algunos aspectos procesales del examen preliminar.

“Desde Acceso a la Justicia debemos aclarar que en el Estatuto de Roma no existe un proceso para dejar sin efecto una remisión hecha a la Fiscalía de la CPI. Esto ya ocurrió en el caso de Argentina sin que afectase la continuación de la investigación”, señalaron en cuenta oficial de Twitter.

¿Y ahora qué sigue?

El pasado 21 de abril, el fiscal de la CPI pidió autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar formalmente la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Una respuesta que sigue pendiente a la fecha.

Sobre esto, Vargas responde: “El fiscal decidió iniciar una investigación formal, pero al mismo tiempo suscribió un memorándum de entendimiento con el régimen de Nicolás Maduro que busca garantizar la administración de justicia a nivel interno con la cooperación y ayuda de la CPI”.

“En abril de este año el gobierno venezolano pidió una suspensión de la investigación, que es una prerrogativa que tiene de acuerdo al Estatuto de Roma, y la fiscalía se opuso, esto quiere decir que la República Bolivariana de Venezuela y la fiscalía tendrán que acudir a la Sala de Cuestiones Preliminares para que esta determine si concede la suspensión pedida por el régimen de Maduro o le da luz verde al fiscal”, añade.

A juicio de Vargas, al oponerse a la suspensión, el fiscal «pareciera enviar el mensaje de que quiere tomar sus propias medidas para garantizar que no haya impunidad en Venezuela, lo cual podría significar que está recopilando testimonios, obteniendo pruebas materiales, creando una teoría del caso y seleccionando a los individuos a los cuales va a investigar eventualmente».