Por decisión de un tribunal judicial de Lisboa, Portugal, la administración de Nicolás Maduro podría acceder, más temprano que tarde, a 1.500 millones de dólares que están retenidos en Novo Banco.
De ser reembolsados al gobierno venezolano, el fondo social que negociaron el chavismo y la oposición, en México, para aliviar la emergencia humanitaria en Venezuela se quedaría sin estos recursos.
Aunque Maduro promete usarlos en programas sociales, tendrá acceso a este dinero en un contexto electoral en el que necesita hacer campaña para recuperar apoyo popular.
Adicionalmente, la oposición advierte que si dispone de estos fondos el riesgo de malversación es alto.
¿Gana Maduro?
Para el abogado especialista en derecho internacional y asesor senior de Crisis Group, Mariano de Alba, la consecuencia política de que Maduro logre hacerse de ese dinero “es que sería un duro golpe para el fondo social, en el sentido de que tomaría posesión de esos activos y los utilizaría a discreción”.
Recuerda que el acuerdo social, firmado en México en noviembre de 2022, supone la ejecución de 3 mil millones de dólares para cubrir necesidades en materia alimentaria, eléctrica y de infraestructura, por lo que el fondo en custodia del Novo Banco representa la mitad de lo acordado.
Sobre el alcance del fallo, De Alba explica que “es posible que eventualmente ese dinero llegue al gobierno de Maduro incluso antes de que las sanciones estadounidenses sean levantadas”. Aunque subraya que no será fácil “dado que Venezuela está sujeta a un régimen de sanciones”.
“Es un poco exagerado afirmar que esos fondos no pueden ser movilizados sin el consentimiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, creo que hay un problema que resolver porque Bandes es un banco sancionado, pero son fondos que están en euros, en un banco en Portugal; por lo tanto, no me parece imposible que terminen siendo movilizados”, argumenta.
“Va a depender de que Novo Banco determine que el riesgo de que lo afecten las sanciones secundarias de Estados Unidos es mínimo o nulo. Según entiendo, el gobierno de Estados Unidos ha dicho a gobiernos europeos que se han quejado de que estas medidas afectan a empresas como Eni o Repsol que no tiene disposición de aplicar las sanciones secundarias aunque siguen vigentes”, agrega.
Las sanciones secundarias, aprobadas durante la presidencia de Donald Trump, son aquellas que buscan ejercer presión sobre terceros para que limiten o cesen sus actividades con las personas o entidades sancionadas. Esta presión se concreta con la amenaza de cortarle a esos terceros su acceso al país o el bloqueo de bienes.
Funcionarios del gobierno de Maduro también admiten que “no se va a llegar a ese dinero mañana”, en palabras del viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo.
De Alba considera que lo más conveniente sería que los 1.500 millones de dólares sean administrados por la ONU como parte del fondo social porque esto daría transparencia a su uso.
El abogado experto en derecho internacional Moisés Montiel opina que la sentencia implica que hay un reconocimiento de facto y de jure del gobierno Portugués a la administración de Maduro como representante legítimo de Venezuela.
Coincide en que la implementación de una fórmula distinta a la del fondo social “va a anular cualquier forma de transparentar la gestión de esos recursos”.
“Los acuerdos de México han enfrentado serios problemas en términos de implementación toda vez que el tema de los activos represados, en distintas instituciones financieras internacionales, sigue siendo muy litigioso. Es vital que los garantes de buena fe de la mesa mexicana hagan las gestiones conducentes porque de lo contrario no vamos a saber cuál va a ser el destino de ese dinero”, señala.
Montiel ve más probable que los recursos terminen cayendo en manos de las instituciones gubernamentales venezolanas a las que pertenecen.
La sentencia establece que los fondos deben ser devueltos a las cuentas del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes); Banco Bandes Uruguay, S.A.; Petróleos de Venezuela S.A.; PDVSA Petróleo, S.A.; Petrocedeño; PDVSA Services B.V.; Petromonagas, S.A.; Petropiar S.A. y BARIVEN, S.A.
“Las sanciones de la Oficina de Activos Extranjeros siguen estando ahí y Novo Banco podría enfrentar dificultades operativas si decide pasar por encima de esto, al banco le tocará ponderar cual es la mejor manera de proceder y me imagino que la gestión de Maduro prometerá ´el oro y el moro´ a los efectos de tomar posesión como algún mecanismo de rendición de cuentas”, señala.
El especialista no cree que la Asamblea Nacional de 2015 pueda intentar algún recurso o apelación porque se reconoce la representación de Maduro como la legítima.