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El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió una resolución que básicamente reanuda el apoyo técnico que puede prestar a gremios y sindicatos para la convocatoria de sus elecciones internas.

Pero esta noticia no ha sido bien recibida por la Confederación de Sindicatos Autónomos (Codesa) y la Unión Nacional de Trabajadores (Unete).

Los sindicalistas denuncian que esto abre la puerta para que el gobierno de Nicolás Maduro intervenga estas organizaciones a través del Poder Electoral.

“Con esta resolución se estaría legalizando la intromisión, a través del CNE, en la elección de las personas que van a ocupar los cargos en las centrales sindicales. Aquí entra la manipulación y tutela que evitaría la transparencia del proceso”, advierte el representante de Codesa, Emilio Negrín.

Agregó que la participación del CNE da pie para que los rectores “utilicen mecanismos para impugnar y decidir quiénes se pueden postular y quienes no”, en un contexto en el que no existe independencia de Poderes y es conocida la influencia del Ejecutivo sobre el ente comicial.

Convenio 144 de la OIT

El sindicalista también argumenta que el Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que la constitución y legitimación de estas organizaciones es un proceso autónomo.

Este convenio no solo habla de la consulta tripartita, también define el concepto de “organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores”.

“En ningún lado dice que tienes que pedirle autorización, tutela o asistencia técnica a ningún ente del Estado para que te reconozcan como central sindical (…) es incongruente que una de las partes, en este caso el patrón que es el Estado, tome ventaja de la otra (los obreros)”, señala.

Instrumento de coacción

Negrín explica que el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, tipificado en el artículo 374 de la Ley Orgánica del Trabajo, se ha convertido en un instrumento de “coacción”.

En sus palabras, el Ministerio del Trabajo otorga una “boleta” con la cual legitima solo a las organizaciones sindicales que sean afines al gobierno de Maduro.

Según Negrín, Codesa envió a la cartera ministerial la documentación referente a sus autoridades en 2016, pero nunca recibieron respuesta.

La Ley vigente, exige en su artículo 382, una serie de requisitos para el registro de una organización sindical, estos son: copia del acta constitutiva, un ejemplar de los estatutos y la nómina de integrantes promotores y promotoras.

“La documentación debe ir firmada por todos los y las integrantes de la junta directiva en prueba de su autenticidad”.

“En el caso de las federaciones y confederaciones o centrales, la nómina de integrantes fundadores y fundadoras será sustituida por la nómina de los sindicatos o federaciones fundadoras, según sea el caso, y por las copias de las actas de las asambleas de estas organizaciones sindicales autorizando la afiliación a la nueva organización”, dice la norma.

“Es parte de un libreto”

La vocera de Unete, Marcela Máspero, opina que la resolución del CNE “es parte de un libreto que tiene el gobierno para tratar de parecer como garante de la libertad sindical”.

“Todas las centrales sindicales estamos en mora electoral producto de las maniobras que se han hecho desde el mismo gobierno”, afirma.

La dirigente menciona los casos de Rubén González (Ferrominera), Eudis Girot (Federación Unitaria de Trabajadores de Venezuela), José Patines (sindicato de la Cancillería) y Alejandro Álvarez (Sidernac) a quienes el gobierno desplazó de sus organizaciones sindicales.

“Han sido detenidos, jubilados a la fuerza en el caso de González y Girot, y piensan ir a elecciones quitándolos del medio lo que es una violación flagrante de la libertad sindical”, critica.

Según Máspero, a la persecución política se suman trabas administrativas desde el Ministerio del Trabajo para desconocer la legitimidad de las autoridades sindicales y las decisiones que toman.

Se refiere al caso de la Federación Nacional de Sindicatos Obreros de Educación Superior de Venezuela (Fenasoesv) que, según su versión, solicitó al ministerio la aprobación de su reforma estatutaria hace más de cinco años y no obtuvieron respuesta.

“Utilizan la vía administrativa para retrasar cualquier solicitud que se haga porque el plan del gobierno es legitimar solo a las direcciones que están plegadas con ellos para que sigan entregando los derechos de los trabajadores”, expresa.

En su opinión, el convenio 87 de la OIT, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización, es violado reiteradamente.

“El convenio 87 habla de la no intervención del Estado en el tema sindical. En otros países tu no asistes al Ministerio del Trabajo para que te de una boleta, simplemente notificas la constitución del sindicato y ya”, expone.

Ambas organizaciones, tanto Codesa como Unete, deben renovar próximamente sus autoridades.

Responde el CNE

El rector principal Enrique Márquez subraya que la asistencia técnica del CNE no es obligatoria y que la intención detrás de esta resolución “es fortalecer la libertad sindical”.

Sobre la denuncia expresada por Codesa, responde:

“Esta es una vieja diatriba y tiene que ver con que la Constitución garantiza a los sindicatos su libertad sindical, pero también le otorga competencias al CNE en esta materia y ahí hay una colisión. Como he dicho, fruto de la Comisión de Encuesta de la OIT y del diálogo con la OIT, se ha acordado flexibilizar todo esto”, argumenta.

 “Como rector me parece lógico que prive el derecho a la libertad sindical por encima de cualquier organismo del Estado y que no sea tutelada por el Estado. Creo que estamos a las puertas de un cambio de rumbo en esa materia, espero que esto contribuya a ayudar; la idea no es frenar las elecciones, sino que todos los sindicatos las hagan”, agrega.

Procesos abiertos

El rector explica que, debido a la pandemia en 2020, el CNE suspendió la atención en materia organizativa de apoyo técnico y logístico a los gremios y sindicatos y con la reciente resolución la reactivaron.

“Tenemos un número importante de procesos que fueron detenidos en 2020 y que estamos retomando, son unos 200”, precisó, en referencia a las solicitudes que recibieron de sindicatos nacionales y regionales.