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El proyecto de Ley de Cooperación Internacional aún no tiene fecha de aprobación en la Asamblea Nacional de mayoría chavista, pero la filtración de su contenido enciende alarmas en organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en Venezuela.

Efecto Cocuyo conversó con la directora de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, sobre los peligros que encierra la propuesta legislativa.

Más poder para Maduro

La abogada explica que la redacción utilizada es tan ambigua que “otorga facultades a (Nicolás) Maduro para que, por vía reglamentaria, termine de prohibir, restringir o eliminar aquellas ONG que le sean molestas”.

Se refiere concretamente al artículo 26 que establece expresamente que las ONG “serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva”. Esto si se determina que realizan “actividades de cooperación que, de manera directa o indirecta, promuevan la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República”.

San Miguel se pregunta si la solicitud que hacen ONG al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de sancionar a Venezuela por la violación sistemática de derechos humanos se considerará una falta de acuerdo con esta ley.  

Actualmente, Estados Unidos mantiene sanciones financieras y petroleras contra Venezuela, además de las individuales que afectan a funcionarios de la administración de Maduro.

Más controles

El proyecto de ley, que dieron a conocer defensores de derechos humanos porque la AN aún no lo ha hecho público, contempla la creación de un Sistema Integrado de Registro de organizaciones no gubernamentales para el que se exigirán requisitos y formalidades que se desarrollarán en un reglamento.

Sobre este punto, San Miguel expone que para funcionar las ONG tienen que estar registradas y ya tienen sus estatus protocolizados por el Registro Subalterno “con lo cual el Ministerio de Interior y Justicia sabe cuáles son nuestros objetivos, las autoridades, etc.”.

Persecución

Otro peligro que advierte la especialista es la obligación de entregar información “a cualquier ciudadano que lo solicite sobre su constitución, estatus, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento”, según reza el artículo 23.

Esto, alerta da pie a la persecución de los directivos de las ONG y pone en peligro los datos de las víctimas cuyos casos llevan organizaciones de defensa de derechos humanos como Provea o de beneficiarios de organizaciones como Acción Solidaria que atiende a personas con VIH.

“Esto pone en serio riesgo a las víctimas y a los denunciantes”, subraya.

Los medios de comunicación independientes también serán objeto de regulación.

“Las asociaciones de periodistas serán objeto de esta ley, esto afectará a todo tipo de organizaciones, gremios, actividades, es un proyecto de ley que cercena el derecho a la participación de la sociedad civil organizada, a través de las ONG”, cuestiona.

El Comité Para la Protección de Periodistas (CPJ) ya advertía que este tipo de legislación puede limitar seriamente la libertad de prensa al restringir o bloquear fuentes de financiamiento a medios de comunicación.

Cuba y Nicaragua como ejemplos

San Miguel considera que este tipo de prácticas recuerdan la proscripción de las ONG ordenada por los regímenes de Cuba y Nicaragua.

“Las ONG han sido víctimas de criminalización en Venezuela por más de 17 años, se nos cataloga de espías, de traidores a la patria, de enemigos”, señala.

¿Qué hacer?

La presidenta de Control Ciudadano considera que la sociedad civil debe demandar al presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano, informe al país el alcance de este proyecto de ley y garantice un periodo de consultas para recibir propuestas de modificación de sectores interesados y que puedan verse afectados.