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Para el procurador especial designado por Juan Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, solo es cuestión de días para que se concrete el traspaso del control sobre la empresa colombo venezolana Monómeros de manos del Gobierno interino a la gestión de Nicolás Maduro.

Incluso, también se maneja como escenario, advirtió el abogado constitucionalista, que en un intento por evadir las sanciones de Estados Unidos, el gobierno de Gustavo Petro se haga con el control de la filial de Pequiven con sede en Barranquilla, a través de la compra de la mayoría de acciones (51%). Queda de parte del Departamento del Tesoro norteamericano, acotó el jurista, aceptarlo o no.

El gobierno de Maduro registró una nueva junta directiva de Monómeros ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, la cual debe dar respuesta al trámite en un plazo de diez días. La nueva junta estaría presidida por Luis Enrique Molina, actual vicepresidente de operaciones de Pequiven. Lo acompañarían Heifred Segovia y Eduardo Fernández Anaya, Mary Yerman Nava y Génesis Ron Solano.

De suplentes se nombraron a Rosa Díaz, Ninoska Rodríguez, Nohemy Rodríguez, Marco Aurelio Piñero, Sergio Arias y Graed García Bocaranda.

Proceso indetenible

«Ese proceso (que el gobierno de Maduro recupere Monómeros) es indetenible porque el accionista mayoritario es Pequiven y el gobierno de (Gustavo) Petro reconoce a la Pequiven de Maduro. Solo basta que se levante un acta entre accionistas, se modifica la junta directiva y se inscribe en Barranquilla. El Gobierno interino ni la directiva actual podrán impedir que Petro traspase el control de Monómeros a Maduro», recalcó el abogado.

En declaraciones a Efecto Cocuyo, el constitucionalista dijo no estar al tanto de las acciones que ha emprendido la actual directiva de Monómeros, encabezada por el gerente general, Guillermo Rodríguez Laprea para detener el proceso, pero insistió en que no tendrá éxito.

«No veo una salida jurídica, decir otra cosa es especular, la realidad es esa y lo vengo diciendo. Los otros accionistas (de Monómeros) son filiales de Pequiven y deciden la suerte de la empresa y si el gobierno de Colombia lo reconoce, cede la posibilidad de que tome el control una nueva junta directiva», acotó.

Guaidó «está consciente»

Mediante un comunicado, la directiva ad hoc de Monómeros informó que presentará los recursos de ley para oponerse a la inscripción de la nueva junta, «incluidos los de reposición ante la Cámara de Comercio y apelación ante la Superintendencia de Sociedades» de Colombia, en vista de que el acta no se ajusta a la ley.

Sánchez Falcón admitió que el presidente de la Comisión Delegada Legislativa, Juan Guaidó está consciente de la situación más allá de las declaraciones políticas sobre el tema.

«Monómeros no es mío, es de los venezolanos. Monómeros debe seguir siendo de los venezolanos y al servicio de Colombia (…) Nuestra preocupación es que siga al servicio del agro colombiano y luego que se mantenga bajo control de los venezolanos para que sea un activo para el desarrollo del país» expresó Guaidó en reciente entrevista con Caracol Radio.

Sanciones no interfieren

El 31 de agosto, en entrevista concedida a la agencia de noticias EFE, el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti confirmó que la decisión está tomada y que Monómeros será «devuelta» a Maduro, luego de tres años controlada por Guaidó.

«Monómeros se va a devolver a Venezuela, de acuerdo con nuestra reglamentación», dijo Benedetti.

Indicó que el presidente Petro comunicó la decisión a EEUU y solicitó que se mantenga la vigencia de la licencia de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero de EEUU (Ofac) que excluye a Monómeros de las sanciones y le permite acudir a mercados internacionales.

«La licencia Ofac podría influir, no para mantener el control por parte del Gobierno interino. Si le quita la licencia a Monómeros y mantiene las sanciones le haría un daño importante al funcionamiento de la empresa. Será el Departamento del Tesoro quien decidirá si mantiene la licencia o la retira, le puede crear un problema a Petro y este verá si puede negociar», acotó Sánchez Falcón.

Una forma de evadir el tema de las sanciones sería que el gobierno de Colombia adquiera 51% de las acciones de Monómeros, considerada clave para la seguridad alimentaria del vecino país, convirtiendo a Venezuela en socio minoritario. El País de España reseñó que de hecho es una propuesta, concebida desde su campaña electoral, que ha puesto Petro en la mesa, pero Maduro lo piensa y no ha dado respuesta.

El procurador especial recordó que fue el reconocimiento del exmandatario Iván Duque el que le permitió al interinato controlar a la empresa que provee alrededor de 40% de fertilizantes al agro colombiano y nombrar una junta directiva ad hoc que ahora para Petro «no existe».

Se ven las costuras

El 23 de agosto, el fiscal general, designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab anunció que una comisión del Ministerio Público se trasladaría a Colombia para investigar la corrupción denunciada en Monómeros. El grupo estaría conformado por tres fiscales y los directores generales anticorrupción y contra la delincuencia organizada.

Vale recordar que en la Asamblea Nacional de 2015 también cursaron dos investigaciones ante las denuncias de supuestos manejos ilícitos bajo la gestión de Rodríguez Laprea, una de ellas, la de la Comisión de Contraloría, derivó en un informe que recomendó la declaración de responsabilidad política de Rodríguez y de la presidenta de la directiva ad hoc de Pequiven, Diana Bracho.

Ante dicha situación, el Gobierno interino demostró poco control sobre lo que ocurría en Monómeros, puesto que sus intentos por destituir a la actual directiva fueron bloqueados por las fracciones de Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo.

Tanto el gobierno venezolano como Petro señalan a la oposición encabezada por Guaidó de «quebrar» la empresa. La directiva ad hoc lo negó y aseguró que Monómeros creció 58.000 millones de pesos en 2021; 29% más de lo que creció en 2020 y con una utilidad operacional bruta por 89 mil millones de pesos, para un incremento de 106% mayor que en 2020, por lo que, recalcó, «la gestión interna funcionó».

La justicia chavista jura cárcel para los implicados en el «robo» de Monómeros y habla de solicitudes de extradición. Ante ello, el procurador especial advirtió que «la dictadura de Maduro» llegará hasta donde el gobierno colombiano se lo permita, aunque Benedetti aclaró que cualquier ciudadano puede solicitar asilo en el vecino país y no se le entregará a Venezuela a todo el que soliciten.

«Benedetti habló de retirar la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el Estado venezolano porque para ellos no hubo violaciones de derechos humanos, se comienza a ver más lo que será la conducta del gobierno de Petro», alertó el jurista.