El Tribunal Primero de Control del Área Metropolitana de Caracas decidirá si los cuatro activistas de Voluntad Popular Luis Matínez, Carlos Maneiro, Jholbert Godoy y Argelis Rovaina deben permanecer privados de libertad por los delitos que les imputa el Ministerio Público, este viernes 10 de junio.
La Fiscalía acusa a los jóvenes de incurrir en instigación al odio, asociación para delinquir y obstrucción a la vía pública luego de que participaran en una manifestación pacífica para exigir justicia por la muerte de Neomar Lander, ocurrida durante las protestas antigubernamentales de 2017.
Se espera que los jóvenes sean trasladados este viernes al Palacio de Justicia para que continúe la audiencia de presentación que empezó ayer jueves 9 de junio.
Los abogados Ana Leonor Acosta y Kelvin Zambrano también esperan a las puertas del tribunal ser juramentados como su defensa, derecho que aseguran se les ha violado a los estudiantes a quienes se les impuso una defensa pública.
“Se les violó el derecho a la defensa y al debido proceso porque no se nos permitió que pudiésemos juramentarnos en la causa. Ya nos anunciamos en el tribunal a efectos de que les informen a ellos que aquí están sus abogados y puedan revocar a la defensa pública que se les designó”, declaró el abogado Zambrano.
Acosta afirmó que los activistas de VP solo estaban ejerciendo sus derechos civiles y políticos y fueron doblemente victimizados, primero por la policía de Chacao y luego por funcionarios de contrainteligencia.
“Tenemos muy poca información sobre sus condiciones de reclusión, solo se les permitió que hicieron una llamada corta a sus familiares. Esto es una detención arbitraria y el hecho de que terminen en manos de un órgano de inteligencia es muy irregular, hemos solicitado un recurso de amparo donde se le solicita a PoliChacao información sobre estas actuaciones para saber qué sucedió”, señaló.
Agregó que el alcalde del municipio Gustavo Duque “violó la presunción de inocencia” de los jóvenes al acusarlos de cometer actos vandálicos.
Familiares, amigos y militantes de VP y de Encuentro Ciudadano protestaron para exigir la libertad de los estudiantes en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
La ONG venezolana Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció el caso, este viernes, ante la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Michelle Bachelet tiene una representación en Caracas.
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El Tribunal Primero de Control del Área Metropolitana de Caracas decidirá si los cuatro activistas de Voluntad Popular Luis Matínez, Carlos Maneiro, Jholbert Godoy y Argelis Rovaina deben permanecer privados de libertad por los delitos que les imputa el Ministerio Público, este viernes 10 de junio.
La Fiscalía acusa a los jóvenes de incurrir en instigación al odio, asociación para delinquir y obstrucción a la vía pública luego de que participaran en una manifestación pacífica para exigir justicia por la muerte de Neomar Lander, ocurrida durante las protestas antigubernamentales de 2017.
Se espera que los jóvenes sean trasladados este viernes al Palacio de Justicia para que continúe la audiencia de presentación que empezó ayer jueves 9 de junio.
Los abogados Ana Leonor Acosta y Kelvin Zambrano también esperan a las puertas del tribunal ser juramentados como su defensa, derecho que aseguran se les ha violado a los estudiantes a quienes se les impuso una defensa pública.
“Se les violó el derecho a la defensa y al debido proceso porque no se nos permitió que pudiésemos juramentarnos en la causa. Ya nos anunciamos en el tribunal a efectos de que les informen a ellos que aquí están sus abogados y puedan revocar a la defensa pública que se les designó”, declaró el abogado Zambrano.
Acosta afirmó que los activistas de VP solo estaban ejerciendo sus derechos civiles y políticos y fueron doblemente victimizados, primero por la policía de Chacao y luego por funcionarios de contrainteligencia.
“Tenemos muy poca información sobre sus condiciones de reclusión, solo se les permitió que hicieron una llamada corta a sus familiares. Esto es una detención arbitraria y el hecho de que terminen en manos de un órgano de inteligencia es muy irregular, hemos solicitado un recurso de amparo donde se le solicita a PoliChacao información sobre estas actuaciones para saber qué sucedió”, señaló.
Agregó que el alcalde del municipio Gustavo Duque “violó la presunción de inocencia” de los jóvenes al acusarlos de cometer actos vandálicos.
Familiares, amigos y militantes de VP y de Encuentro Ciudadano protestaron para exigir la libertad de los estudiantes en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
La ONG venezolana Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció el caso, este viernes, ante la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Michelle Bachelet tiene una representación en Caracas.